Salvatore Mancuso siguió hablando. En Colombia ya le dicen el ventilador, porque cuando empieza a hablar reparte para todos lados. Ayer, después de involucrar al vicepresidente y al ministro de Defensa, el jefe paramilitar desmovilizado cargó contra policías, legisladores, alcaldes y, lo que todos estaban esperando, las empresas locales y las transnacionales que durante años los financiaron. En su nueva declaración voluntaria que dio ayer aseguró que tenían un total de 33 alcaldes adictos, solamente contando los departamentos costeños de Sucre y Córdoba. También volvió a ampliar la lista de legisladores comprometidos con los grupos de ultraderecha. Entre ellos, mencionó al senador Mario Uribe, el primo segundo y aliado político del presidente. Alvaro Uribe ya era cuestionado por su supuesta colaboración con los paras cuando era gobernador de Antioquia. Pero el plato fuerte de la jornada fue cuando los abogados le preguntaron a Mancuso por la financiación. Nombró a empresas colombianas del sector bananero, del de transporte y hasta a reconocidos empresarios. Uno de los nombres más conocidos era el de la transnacional estadounidense Chiquita Banana. Esta compañía ya había sido penalizada por la Justicia de su país por apoyar a esos grupos ilegales.