Viernes, 7 de marzo de 2008 | Hoy
EL PAíS › UN EX FUNCIONARIO DE PORRETTI EN PINAMAR SERIA PROCESADO
Mientras el intendente espera que la Cámara decida el martes si continúa en prisión, anoche la fiscal de Dolores preparó el pedido de procesamiento para Aldo Leonián.
Por Alejandra Dandan
Aldo Leonián podría quedar procesado con prisión preventiva en las próximas horas. Anoche, la fiscal de Dolores Fernanda Hachman preparó el pedido de procesamiento que ahora debe confirmar un juzgado de garantía. En caso de que la defensa pida el arresto domiciliario del ex secretario de Gobierno de Pinamar, la fiscal podría “morigerar” la situación de la preventiva y daría la conformidad. Pese a que se trata de un nuevo revés judicial, tanto Leonián como el aún intendente Roberto Porretti aguardan todavía con máxima tensión la decisión de la Cámara de Apelaciones de Dolores: el tribunal decidirá el martes próximo si se quedan en prisión.
Prima facie, el pedido de la fiscal parece confirmar las sospechas contra el ex funcionario de Porre-tti, y su mejor aliado político. Con el pedido de procesamiento, la fiscal lo inscribe en la trama de negociaciones y en la gestión de los cobros de un soborno. Y aunque la decisión es sólo un paso procesal inevitable tras casi un mes de detención, la fiscalía le pudo haber restado peso a las pruebas. Pero eso no ocurrió.
“Primero, no es un procesamiento, porque en la provincia de Buenos Aires, no hay procesamientos, sino que se dicta la prisión preventiva”, explicó anoche ante una consulta de este diario el abogado de Leonián, Gonzalo Romero Victorica. “Además, la provincia establece un límite de treinta días para dictar la prisión preventiva o rechazarla, y ese límite estaba por cumplirse.”
Leonián quedó detenido el 11 de febrero. A los 15 días, por cuestiones procesales, la fiscal Hachman pidió una primera prórroga para pronunciarse y obtuvo 15 días más. El plazo está por vencerse.
Ahora será el juez de garantía a cargo del caso el que deba expedirse. Formalmente, tiene cinco días para hacerlo. En su caso, deberá valorar el peso de la prueba en poder de la fiscalía. Entre ellos los testimonios, y la denuncia de los empresarios de los boliches El Alma y Ku de Pinamar. Tanto Javier Porjolovsky como Rubén Cameroni acusaron a Leonián y a Porretti de intentar cobrarles 175 mil pesos de coima, y encuadraron el delito como una extorsión con penas de 5 a 10 años de prisión no excarcelable.
La decisión que anoche iba a tomar la fiscal permite entender por lo menos que la prueba tiene peso suficiente porque no le dictó a Leonián una falta de mérito, por ejemplo, sino la prisión preventiva.
Hasta el 11 de febrero, Aldo Leonián era un empresario textil de Hurlingham, que había hecho inversiones inmobiliarias y turísticas en Pinamar. En los últimos tres años, destinó parte de su dinero a montar una biblioteca pública en Ostende desde donde trabajó políticamente. Porretti suele decir que se conocieron recién entonces. El era un profesor de ciencias naturales de una escuela pública, y hacía años llevaba adelante una carrera política. Pasó por la UCeDé, el vecinalismo y el peronismo, pero con Leonián encontró un trampolín. El dinero del empresario le permitió en los últimos años plantarse sólidamente frente a su primera competencia local, que no era el eterno intendente Blas Altieri, sino dos poderosos empresarios que peleaban dentro del PJ para sacarlo. Porretti y Leonián integraron el año pasado el Frente para la Victoria (FpV) para competir en octubre, pero para ganarle a Altieri se unieron al PJ. Tras la victoria del 28 de octubre, la alianza se resquebrajó. Los socios políticos peronistas ahora están más cerca de los denunciantes.
Leonián tiene una causa anterior en Morón por una supuesta estafa, pero la investigación no avanzó hasta ahora, cuando se ha vuelto un hombre escandalosamente público. La semana pasada sus abogados le pidieron a la Cámara de Apelaciones de Dolores la prisión domiciliaria por un cuadro de hipertensión crónica. Está controlado dos veces por día y atendido por sus médicos. También pidieron un cambio en la carátula para mejorar la situación penal: de supuesta extorsión a cohecho o exacción ilegal, ambas excarcelables. El martes próximo, y no antes, la Cámara de Dolores tomará una medida (ver aparte).
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