Pese a su participación activa en delitos de lesa humanidad como fuerza subordinada a la Armada, Prefectura logró burlar con éxito a la Justicia y conservar el pacto de silencio al interior de sus filas. Sobre 351 represores detenidos apenas dos pertenecen a Prefectura y ninguno pisó una cárcel. El oficial Luis Leónidas Lemos es atendido por camaradas en la delegación Corrientes. El ayudante mayor Juan Antonio Azic se recupera en Hospital Naval, aunque se esmeró por evitar ese destino. Al enterarse del pedido de captura del juez Baltasar Garzón caminó hasta una clínica, se sentó frente a la Virgen Stella Maris, patrona de la Armada, y se disparó en la boca con su 9 milímetros. Sobrevivió, hasta ahora en silencio.

Héctor Febres tampoco habló: murió envenenando con cianuro en su dúplex del Delta. Hasta el final gozó de privilegios obscenos. Prefectura se esmera en demostrar que fue un suicidio; la jueza que investiga su muerte sostiene lo contrario. En la causa ESMA hay prefectos denunciados como Roberto Carnot, Jorge Díaz Smith y Víctor Penna, pero el juez Sergio Torres aún no ordenó sus detenciones. El único con pedido de captura, Gonzalo “Chispa” Sánchez –que participó del frustrado operativo del grupo de tareas 3.3.2 para capturar con vida a Rodolfo Walsh—, está prófugo.

La delegación Mar del Plata, que admitió su colaboración con la Armada, participó en secuestros y tuvo centro clandestino propio. El subprefecto Silva fue denunciado como interrogador y por su participación en reuniones de la “comunidad informativa”. Pero sigue libre. La Justicia de Mar del Plata tampoco investigó al subprefecto Pedro Luis Bustamante ni al suboficial torturador Vicente Benítez.