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La medida de fuerza de la Sociedad Rural con el apenas disimulado propósito de desabastecer de alimentos a las grandes ciudades, y el persistente aumento de precios son dos caras complementarias de la puja distributiva y plantean el mayor desafío del poder económico al sistema político y a las clases subordinadas, desde el paro de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias de febrero de 1976, que

desembocó en el golpe del que mañana se cumplen 32 años. La prohibición de exportaciones en caso de que las entidades patronales resuelvan continuar con el lo-ckout pondría a prueba quién resiste más. Es improbable que los potentados del campo consigan que otros sectores los compadezcan por el límite que el gobierno impone a su rentabilidad sin precedentes. Pero en caso de desabastecimiento, el malestar puede alcanzar también al gobierno. Luis D’Elía citó una frase histórica: “A la fuerza brutal de la antipatria, opondremos la fuerza del pueblo organizado”. Justo y bello, pero ¿existe tal organización popular?

Piquetes paquetes

La APEGE de 1976 reunía a las principales cámaras patronales de todos los sectores y exigía “la rectificación total de la filosofía política, económica y social”. El movimiento actual es conducido por las entidades del sector agropecuario y sólo reclaman que se anule el mecanismo de retenciones móviles y progresivas a las exportaciones de granos. Pero si se escuchan los discursos en los cortes de rutas y se atiende a los foros de lectores de la prensa militante que los acompaña, hablan de pintarse la cara para la guerra, de hartazgo con el gobierno, e incluso del “principio del fin del kirchnerismo”. Para contextualizar de qué se trata: las páginas de La Nación sobre el lockout lucen un aviso de automóviles suecos Volvo, en oferta desde 36.900 dólares. El desborde emocional tiene para algunos sectores más peso que sus propios intereses. En febrero de 1976 se plegó al cese de actividades la CGE, que después del golpe de marzo fue perseguida y cuyos dirigentes históricos, José Gelbard y Julio Broner, debieron exiliarse, mientras un representante típico de la oligarquía diversificada, José Alfredo Martínez de Hoz, asumía el ministerio de Economía para producir la más profunda remodelación social. Sus beneficiarios defienden en las rutas el país dual que se afirmó entonces. Ahora participa en forma activa la Federación Agraria, cuyo líder, Eduardo Buzzi, es uno de los partidarios más extremos de prolongar y de radicalizar la medida porque “ya no tenemos nada que perder” (sic). Como la Unión Cívica Radical entonces, la Coalición Cívica Libertadora se subordina ahora a los intereses económicos más concentrados y sus dirigentes buscan calor popular en los piquetes paquetes, con consignas como la de Elisa Carrió, para quien el gobierno “le roba al campo”. Los chacareros no exportan ni pagan retenciones. Pero su entidad actúa como ariete de quienes les trasladan ese costo adicional y enfrentan una de las medidas más racionales adoptadas por el gobierno en defensa del conjunto de la sociedad. El contexto es tan poco comparable como el declinante gobierno de Isabel Perón con el flamante de CFK. El actual tiene los recursos para responder al reto, siempre y cuando identifique con precisión la índole del problema.

El espejo brasileño

Las retenciones captan para la sociedad parte de las rentas extraordinarias debidas a la coyuntura internacional. Esos instrumentos redistributivos han mejorado la composición de los ingresos tributarios por el incremento de los impuestos directos que, lejos de trasladarse a los consumidores, contienen los precios cuando se trata de productos que también se consumen en el país, como los hidrocarburos, los lácteos, la carne y el trigo. En el mismo mercado mundial y con una producción agropecuaria similar, Brasil ha tenido un crecimiento económico casi tres veces inferior al argentino. Eso obedece a decisiones políticas, que se reflejan en el valor de las respectivas monedas, casi de 2 a 1. Sumando a la ecuación los subsidios al transporte y al combustible, aun con las nuevas retenciones los productores argentinos tienen mayor rentabilidad que los del Brasil. Por supuesto hay diferencias según la escala y la ubicación de cada unidad productiva y el Estado debería proveer nuevos alivios a los pequeños agricultores. Luego de una década de hipotecas y remates a precio vil, la refinanciación de sus deudas por el Banco Nación, a largo plazo y baja tasa, les abre un panorama más alentador. El precio de la tierra agrícola ha crecido en forma espectacular y tienen el recurso de alquilar sus campos, mientras estudian asociaciones que mejoren su escala. Alguien que, como Buzzi, integró el Frente Nacional contra la Pobreza no tiene justificación ética ni política para alinearse con quienes no imaginan otra respuesta pública a la pobreza que la represión de sus víctimas. No conduce, lo arrastran por un camino del que es difícil salir.

En busca del equilibrio

Como la soja no integra la dieta local y su alto precio externo no afecta el salario, los voceros de la Sociedad Rural afirman que el único objetivo del gobierno es aumentar los ingresos fiscales. Esta objeción, irónica en defensores tradicionales del rigor fiscal, ignora que el incremento del precio de la soja y, en consecuencia, de la tierra, se combinan en un círculo virtuoso para los grandes propietarios pero vicioso para la sociedad. El alza de las retenciones provoca el efecto inverso. En este momento los campos pampeanos superan en dólares el precio de las mejores tierras productivas de Estados Unidos. Cuanto más crezca su precio, mayores estímulos habrá para producir sólo soja, en vez de los alimentos que se consumen en el país, cuyos precios también aumentarán. Quienes objetan el carácter móvil y progresivo de las retenciones señalan que los ingresos de los productores serán erosionados por la inflación. Esto pone en un pie de igualdad con el resto de la población a los grandes productores, cuya participación en el aumento de precios internos no es irrelevante.

Mitos y realidad

Un trabajo de Eduardo Basualdo y Nicolás Arceo publicado en el número 177 de la respetada revista académica Desarrollo Económico refuta el mito de que los grandes terratenientes habrían dejado de ser el agente económico central, en beneficio de “un nuevo estrato de propietarios medianos grandes innovadores y asentados en la producción agrícola, es decir una suerte de farmers locales”, en tierras arrendadas. Tampoco avala la supuesta extranjerización de la tierra agrícola.

Algunos de los fondos de inversión agrícola y de los pools de siembra, que alquilan la tierra e incorporan a la producción agropecuaria capitales extrasectoriales, alcanzan un tamaño medio equivalente al de los grandes terratenientes bonaerenses. Pero la superficie agropecuaria total que concentran es poco significativa: según datos de 1996 apenas el 8 por ciento de la superficie se trabajaba mediante formas de tenencia ajenas a la propiedad. Y a diferencia de lo que ocurre en las finanzas, la industria, los servicios públicos privatizados y otras actividades primarias que generan renta (petróleo, gas y minería) la presencia del capital extranjero era irrelevante, no más del 4 por ciento sobre el total de la compraventa de tierras. Cualquier afirmación sobre lo sucedido desde entonces es impresionista, porque no hay estudios. Recién cuando termine la odisea del Indec, los datos del último censo agropecuario actualizarán esa fotografía.

Los propietarios rurales bonaerenses con 2500 o más hectáreas, que en casi todo el siglo pasado se concentraban en la ganadería y les arrendaban grandes extensiones a los pequeños y medianos productores para la producción agrícola, ahora desarrollan ambas actividades por su cuenta y riesgo, lo cual les permite ejercer una incidencia decisiva en diferentes entidades y no sólo en la Sociedad Rural. Son ganaderos desde el punto de vista del uso de la tierra, pero agrícolas en términos del valor de producción. Esta asimetría se debe a los precios relativos vigentes en el agro, que el incremento de las retenciones intenta corregir.

Basualdo y Arceo destacan que las transformaciones productivas y tecnológicas son adoptadas por los grandes terratenientes tradicionales. Esos grandes propietarios no son precapitalistas, como creía el libresco Partido Comunista, sino por el contrario la vanguardia de todas las innovaciones, tanto tecnológicas como en las formas de propiedad, y poseen capacidad financiera para aplicarlas. La clase social decisiva en la historia argentina no se desvaneció en el aire sin que nadie lo advirtiera, pero parte de su know-how es hacerlo creer. Sigue siendo el sector hegemónico de la burguesía realmente existente, aquella capaz de alinear a las demás fracciones del capital en torno de sus intereses.

Las causas del fenómeno

El otro campo de batalla escogido por el capital más concentrado es el de la inflación. Dentro del gobierno hay lecturas distintas sobre las causas del fenómeno, que todos niegan en público. Para un sector, que ha ganado la atención del ex presidente Kirchner, se aquietará cuando culmine el reacomodamiento de precios relativos luego de la devaluación. Para otro, al que se afilia el jefe de gabinete Alberto Fernández, hay un exceso de demanda, que requiere un cierto grado de enfriamiento de la economía. Esto es difícil de sostener, cuando se constata por mediciones privadas en una de las principales cadenas de supermercados que los mayores aumentos se produjeron en alimentos como la polenta (159 por ciento en los últimos ocho meses) y las legumbres secas (112 por ciento), de consumo por los sectores más pobres, sin capacidad de demanda que pueda convalidar semejantes incrementos. Un trabajo del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, CENDA, propone una tercera alternativa, que es la marcada estructura oligopólica de la economía. Según sus investigadores, en el caso de los bienes tran-sables las retenciones sobre todas las exportaciones son una opción más efectiva y menos vulnerable que los denominados acuerdos de precios. En el de los no transables no hay otra posibilidad que el control de precios. “De otro modo”, escribieron hace un año y medio, la ortodoxia amenaza con la “inflación reprimida”. Pero no sería una inflación monetaria, salarial, de demanda o cambiaria, sino “como expresión de una inflación de ganancias extraordinarias”. Es lo que sucedió.

Tierra arrasada

La política de tierra arrasada en el Indec se explicó por las conveniencias de un año electoral. Pero hoy no cumple ninguna función útil y roe la credibilidad del gobierno no sólo respecto del IPC. La presidente tiene a consideración dos proyectos:

1. El secretario de Comercio Guillermo Moreno propone substituir en el cálculo los bienes y servicios que más aumentan. La consecuente resignación de niveles populares de consumo permitiría estabilizar la inflación en los satisfactorios indicadores del Paraguay de Stroessner o el Haití de Duvalier. También contempla medir sólo los consumos de la franja más austera de la sociedad, que no conoce educación privada ni medicina prepaga. Tiene un atractivo inmediato pero es muy peligrosa a largo plazo, porque aumenta la ponderación de los alimentos, que están aumentando más que el promedio, y no sólo en la Argentina.

2. El ministro de Economía Martín Lousteau y el jefe de gabinete Fernández mantienen el índice de precios al consumidor de nivel general, y sólo suprimen algunos consumos típicos de la convertibilidad, como las flores de Colombia o el turismo en Cancún. Además se confeccionarían índices específicos de otros sectores sociales. Ninguna de estas alternativas da cuenta del problema de fondo: la inflación expresa la decisión del capital más concentrado de limitar la recuperación del salario que comenzó en 2003. Una vez que su nivel se acercó al de 2001, las mayores firmas no permitieron nuevos avances. La única manera de impedir que sigan erosionando los ingresos populares es atacar la estructura oligopólica en la producción y comercialización de los bienes esenciales, y operar sobre las cadenas de valor. Pero en vez de adoptarse medidas en defensa de la competencia se autorizan fusiones que refuerzan la indefensión ante los aumentos de precios. El Estado tiene los mejores expertos en cadenas de valor, pero nadie los ha consultado.

As de cartón

La ineficacia del pintoresco secretario Moreno desacredita la legítima e imprescindible intervención estatal. Luego de una visita a Puerto Madero, el secretario de la CGT, Hugo Moyano, dijo que Moreno defendía las intereses de los trabajadores. Pero en realidad Moreno convalida la estructura oligopólica con el asombroso argumento de que si son pocos es más fácil controlarlos, y sólo acuerda medidas distractivas de desinformación. Los supermercados avisan en grandes títulos precios reducidos de diversos productos. Luego de esas ofertas sigue un asterisco. Una minúscula nota al pie informa que se trata de pocas unidades. Por encima de esa cantidad, el precio puede triplicar el anunciado. De hecho, según la medición citada, la canasta básica de alimentos aumentó un 25 por ciento entre julio pasado y marzo de este año. De ese orden es el nivel de aumentos obtenido por los gremios más fuertes, como el de Moyano. Pero los más débiles no tienen esa posibilidad. Esto está reforzando la desigualdad incluso dentro del sector de trabajadores privados formales, donde es de 7 a 1 entre extremos. El salario promedio privado creció más del 21 por ciento entre diciembres de 2006 y 2007, lo que implica una mejora de unos 4 puntos de poder adquisitivo sobre el costo real de vida. Pero esa masa salarial se distribuye en forma desigual: el 20 por ciento de los trabajadores formales privados se apropia de la mitad, mientras el 30 por ciento del extremo inferior no llega a percibir ni el 10 por ciento. Los primeros reciben sueldos promedio que pasan de los 5.000 pesos mensuales; los segundos, de 700 pesos, equivalente al del 40 por ciento de los trabajadores informales. Blancos y negros ya no constituyen la división principal.

Los errores del pasado

El diputado nacional Carlos Kunkel homenajeó a los trabajadores víctimas de la dictadura junto con Moyano y abominó de la “dramática lucha interna” de los años 70, que “abrió el camino a la dictadura”. Es inteligente no repetir los errores del pasado, pero peligroso no advertir los del presente. En el mismo acto, Kunkel dijo que sólo la CGT constituía el “movimiento obrero organizado” y “columna vertebral” del peronismo. Esta frase ratifica el desdén con que la presidente trató a la mesa directiva de la CTA durante la audiencia de febrero, cuando descolocó a su secretario general, Hugo Yasky, ante los opositores internos que quisieran adoptar la retórica de Buzzi y Carrió. Fue la presidente quien le pidió a Kirchner que se hiciera cargo del Partido Justicialista, para no dejarlo en manos de quienes ni siquiera ocultaban su intención de organizar un marzo caliente. Pero de allí a las sobreactuaciones, como el discurso pronunciado por CFK delante de un enorme cartel que decía simplemente “Moyano conducción”, hay un largo trecho. Sustentar las alianzas políticas en el 20 por ciento mejor pago de los trabajadores privados formales, que no luchan por la subsistencia sino por elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y en una dirigencia partidaria que sólo sobrevivió gracias a la heterodoxia y el hiperactivismo kirchnerista, no son opciones sin consecuencias, a la hora del desafío de las 4x4.