Junto con las investigaciones de los crímenes cometidos en la ESMA y el Cuerpo I de Ejército, Campo de Mayo es la mayor causa por delitos de lesa humanidad que instruye la Justicia federal. Por sus centros clandestinos y maternidades se estima que pasaron 5000 personas. Sólo un puñado sobrevivió para contarlo. Los querellantes ya pidieron la detención de más de 70 represores pero apenas diez están procesados, frente a 42 en ESMA y 44 en Cuerpo I. Seis gozan de arresto domiciliario y sólo dos, los únicos que no pertenecen al Ejército, están presos en una cárcel común. Entre las celebridades impunes sobresale el ex jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares y responsable de “El Campito”, general (R) Fernando Verplaetsen.

La megacausa “Riveros, Santiago y otros s/ privación ilegal de libertad, tormentos, homicidios y otros” investiga la represión ilegal en la ex zona IV, norte del Gran Buenos Aires. Campo de Mayo tuvo varios centros de detención: “El Campito”, “Las Casitas”, la cárcel de encausados y el Hospital Militar, donde más de 30 mujeres parieron en cautiverio. Además de oficiales y suboficiales del Ejército, prestaron servicios allí agentes de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, que aportaron guardias e interrogadores. La Zona IV incluyó también lugares de detención en decenas de comisarías de la policía bonaerense.

El general de brigada (R) Santiago Omar Riveros, jefe del Comando de Institutos Militares y luego de la zona IV, fue detenido y procesado en 1985. No pudo ampararse en la obediencia debida, pero recuperó la impunidad con el indulto de Carlos Menem. Poco después fue detenido por apropiación de menores, pero la investigación sobre su rol en Campo de Mayo hibernó durante más de quince años. En octubre de 2003 el pleno de la Cámara Federal de San Martín ordenó la reapertura de la causa archivada en 1987. El 17 de noviembre de 2004, luego de que el Congreso anulara las leyes de impunidad, el juez federal Alberto Suares Araujo ordenó las primeras detenciones. Cinco días más tarde la Cámara declaró que la flamante ley era inconstitucional y liberó a los represores. En febrero de 2005, el mismo tribunal sumó otro obstáculo: resolvió que el indulto a Riveros era constitucional. Recién en septiembre de 2006 la Cámara de Casación Penal anuló esa resolución, medida que confirmó la Corte Suprema de Justicia. Suares Araujo dispuso de inmediato las detenciones de los imputados por el caso de Floreal Avellaneda (ver recuadro). La causa volvía a renacer, con varios cuerpos de desventaja. El juzgado de Suares Araujo analiza 310 casos. Algunos son víctimas particulares, otros refieren a fábricas como Mercedes Benz, Ford o cerámicas Lozadur, a cementerios o a localidades como Zárate-Campana.

De obstáculos y torpezas

Una dificultad específica de la causa Campo de Mayo debe buscarse en la “eficiencia”, desde la óptica militar, con que el Ejército ejecutó la represión ilegal. A diferencia de la ESMA, donde un grupo de cautivos fue utilizado como mano de obra esclava al servicio del almirante Emilio Ma-ssera y pudo identificar a sus victimarios, los pocos sobrevivientes de Campo de Mayo permanecieron encadenados, encapuchados, sin poder hablar ni moverse excepto hasta la sala de torturas. Para suplir la carencia el juzgado, a propuesta de las querellas, les tomó declaración testimonial a más de 300 ex conscriptos. Sus testimonios son fundamentales para conocer a los oficiales y suboficiales que participaron de cada operativo, como el asesinato el 3 septiembre de 1976 del matrimonio Lanuscou-Miranda, sus hijos de 6 y 4 años, y el secuestro de Matilde, de apenas seis meses.

Un problema básico es la falta de querellantes. En teoría, el fiscal Jorge Sica tiene el deber de impulsar los casos de todas las víctimas y el juez de investigarlos. La práctica es otra. “Hay miles de víctimas pero 30 querellas, que es lo que la Justicia investiga. Muchos creen que haber declarado en Conadep es suficiente para que la Justicia avance. No es así. Es imprescindible que los familiares se constituyan como querellantes”, explica Miguel Fernandez, director de Derechos Humanos de Moreno y miembro de la Comisión por la Recuperación de Campo de Mayo que impulsa la causa. “Mientras estaba preso en la U9 llegó un grupo de ferroviarios y otro de obreros de Ford que venían de Campo de Mayo. Es esencial ubicarlos. En Moreno buscamos a todos los familiares de los compañeros. El problema es que muchas víctimas estaban de paso. Eso dificulta la búsqueda”, agrega.

Algunos querellantes consideran que por la magnitud de la represión en Campo de Mayo la cantidad de empleados del juzgado de Suares Araujo, que tiene una secretaría ad hoc con diez personas, y del fiscal Sica, con sólo un auxiliar dedicado al expediente, es insuficiente. Citan como ejemplo la aparición constante de nuevos testigos y víctimas. “La causa es una caja de Pandora. Cada semana aparecen nuevos sobrevivientes, ex conscriptos o testigos con datos relevantes. Recién ahora el juzgado está tomando conciencia de la dimensión de la represión en Campo de Mayo”, considera el abogado Pablo Llonto.

Otros querellantes apuntan que los juzgados que investigan megacausas tienen menos personal y resaltan lo que consideran estrategias inadecuadas para investigar crímenes masivos y sistemáticos. Por ejemplo, la citación de oficio a empleados que aún prestan servicios en el Hospital Militar y que no aportaron datos de valor. Un cuestionamiento generalizado es la investigación de casos aislados, sin un cruzamiento de variables como lugar de trabajo, fecha de secuestro y ámbito de militancia. Esa deficiencia derivó en un trabajo de coordinación y colectivización de datos por parte de las querellas, que comenzaron a presentar denuncias por grupos de víctimas. Así surgió la Comisión, que incluye a sobrevivientes, familiares, abogados, testigos y militantes sociales.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo son duros críticos del juzgado, que acaba de ordenar citaciones solicitadas a fines de 2006. “En lugar de detener a imputados por secuestros y apropiaciones el juez los citó a prestar declaración indagatoria para abril y no ordenó que se les prohíba salir del país. Es una invitación a fugarse”, razona el abogado Luciano Hazán. También le cuestiona que “no libró orden de captura internacional contra el médico Norberto Bianco, responsable de la sección epidemiología del Hospital Militar donde funcionó una de las maternidades clandestinas”.

El rol de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante también genera posiciones encontradas. Algunos impulsores de la causa admiten que, al carecer de un equipo de abogados capaz de hacer un seguimiento exhaustivo del expediente, el aporte de la SDH es simbólico, pero reivindican el valor del símbolo. Otros resaltan la importancia crucial de los informes de investigación que aporta el Equipo de Investigación del Area Conadep, con datos detallados de secuestros y nóminas de imputados, pero lamentan que al ser la SDH parte en la causa el juez relativice su valor por considerarlos subjetivos.