Rodolfo Eduardo Almirón, el ex subcomisario que fue extraditado para ser juzgado por los crímenes de la Triple A, se negó a subir al camión celular que iba a trasladarlo desde el penal de Marcos Paz a Tribunales para su declaración indagatoria. Sus defensores oficiales se presentaron en el juzgado de Norberto Oyarbide y consiguieron que convoque a una junta médica para que evalúe una vez más su estado mental y de salud. A la espera de los resultados, el interrogatorio volvió a quedar suspendido.

Sin orden del juez, los agentes penitenciarios no podían llevar a Almirón a tribunales a la fuerza. El ex jefe operativo de la Triple A dijo que no iría, y no fue. El traslado iba a ser a la mañana temprano y la audiencia estaba prevista para las 12. Poco antes de la hora señalada, los defensores oficiales Roberto Catinelli y Eduardo Fox presentaron en el despacho de Oyarbide un escrito en el que reclamaban la suspensión de la indagatoria y, a pedido de los familiares del ex policía, que le den arresto domiciliario.

Los defensores se basaban en un informe del propio Cuerpo Médico Forense que la semana pasada dijo que el represor podía declarar sólo con ciertos recaudos. El parte, recordaron, señalaba “la vulnerabilidad vascular y cardiológica que podría devenir en agravamiento neuropsiquiátrico”. Aquella era la segunda vez que los peritos oficiales revisaban a Almirón. La primera había tenido lugar apenas llegó a Buenos Aires. En esa ocasión desaconsejaron que fuera interrogado: sus problemas de salud reales y el deterioro propio de sus 75 años se mezclaban con la fatiga del viaje. Además, un informe que había recibido Oyarbide de las autoridades españolas advertía que tenía trastornos de memoria, dificultades para situarse en el tiempo y secuelas de graves afecciones cardíacas.

“Resulta obvio que debería practicarse un amplio chequeo y/o pericia médica con las especialidades médicas comprometidas –cardiólogo, neurólogo y psiquiatra– como mínimo”, reclamaron ayer Catinelli y Fox. La semana próxima la junta médica ya entraría en acción, integrada por peritos de cada parte, querellantes incluidos.

Almirón, ex custodio de José López Rega, llegó al país un día después de que la Cámara Federal confirmara que los crímenes cometidos por la banda terrorista que operó durante el gobierno constitucional de Isabel Perón son crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben. La extradición de la ex presidenta sigue en pleno trámite en España.

Por ahora el expediente judicial comprende diez homicidios cometidos y reivindicados por las AAA, entre ellos el del diputado Rodolfo Ortega Peña, el del abogado Alfredo Curutchet, el del ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler y de Silvio Frondizi (hermano del ex presidente) y su yerno Luis Mendiburu. Contra algunas versiones, cerca del juzgado de Oyarbide, aclararon que Almirón –acusado de asociación ilícita– está lejos de recuperar la libertad.