Si fuera un paciente podría decirse que el estado de la investigación sobre el destino de Jorge Julio López es reservado, y por partida doble. La búsqueda del cuerpo del testigo comenzó hace dos semanas en un arroyo de las afueras de La Plata, pero se frustró el intento del juzgado de vaciarlo para obtener mejores resultados. A su vez, el juez federal Arnaldo Corazza recibió nuevas denuncias, pero no puede avanzar porque el camarista Alberto Durán no le devuelve el expediente. Los querellantes de Justicia Ya! recusaron a este juez por sus vínculos con la policía bonaerense, entre otras objeciones, pero ayer rechazó apartarse del caso. Los otros miembros de la Cámara Federal platense deben destrabar el asunto, que también incluye la recusación de la camarista Alicia Di Donato, compañera de sala de Durán, por su paso por la bonaerense entre 1978 y 1990. En Tribunales ya hablan de escándalo: Di Donato omitió esa parte de sus antecedentes ante el Consejo de la Magistratura.

En el currículum que evaluaron los consejeros, la actividad de esta camarista subrogante comienza en 1990, cuando se convirtió en prosecretaria del juzgado de Lomas de Zamora, a cargo de Durán. Pero la mujer había renunciado como oficial subinspector de la bonaerense, institución a la que ingresó en marzo de 1978. Tanto Di Donato como Durán son los camaristas que salieron sorteados para resolver si la Bonaerense sigue interviniendo en el caso López o debe ser apartada como pide Justicia Ya! Ese colectivo de organizaciones sostiene que Durán no puede ser imparcial al decidir sobre esta cuestión no sólo por su estrecha relación con la policía provincial, sino también porque el cuestionado camarista es miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Seguridad provincial donde trabajan varios de los investigados en la causa López. Además, uno de sus relatores es el hijo de otra persona investigada.

El juez federal a cargo de la investigación, Arnaldo Corazza, ya le pidió en dos oportunidades a Durán que se le devuelva el expediente, pero no tuvo respuesta. Los organismos de derechos humanos que solicitaron su recusación están preparando una denuncia ante el Consejo por retener la causa. “El Código dice que se puede trabajar con copias para no entorpecer los casos”, explicó la abogada Guadalupe Godoy, de Justicia Ya! Corazza recibió una denuncia del abogado de los hijos de López por la responsabilidad del personal policial en el entorpecimiento de la llamada “pista Atalaya”, cuando los perros adiestrados detectaron en esa localidad rastros del testigo desaparecido desde hace un año y casi siete meses. Por las burdas irregularidades de aquel procedimiento nunca pudo establecerse si López pasó por allí o fue una pista plantada. Pero al no tener el expediente en su poder el magistrado se ve imposibilitado de poner en marcha medidas al respecto, como tampoco puede responder a un pedido de la otra querella referido al sistema VAIC de cruces de llamadas.

Miembros de Justicia Ya! estuvieron reunidos ayer con el diputado nacional Remo Carlotto con la intención de actualizar un proyecto parlamentario de 2005 que expresaba la preocupación por la presencia del juez Ramón Alberto Durán en causas sobre delitos de lesa humanidad. Y están juntando firmas y adhesiones para alertar sobre el intento de desprestigiarlos y sobre la paralización del caso. El respaldo que la CGT platense había dado días atrás a Durán quedó relativizado ayer cuando varios de los gremios que integran esa regional aclararon en una solicitada que no los representa Carlos Quintana, firmante del apoyo al camarista. Pero Durán recibió también el aliento de la Unión de Abogados Justicialistas, que quiere ser querellante en el caso invocando el origen justicialista del “compañero López”, pero con un largo párrafo de elogios hacia el camarista.

Mientras tanto, 20 buzos de la Prefectura se sumaron a las tareas de búsqueda en el arroyo El Pescado, en Ignacio Correas. Y el juez prepara un pedido para que la Legislatura analice la posibilidad de vaciarlo a pesar de que está protegido por ley. “Nuestro compromiso era volver todo a su estado inicial para evitar el impacto ambiental pero no podemos, es muy complejo, por eso por ahora seguimos con los buzos”, explicó a Página/12 una fuente judicial.