En numerosas normas actuales, al establecerse requisitos para algunos cargos públicos u otros empleos, se especifica que “no deberá registrar antecedentes por violaciones a los derechos humanos”.

¿Cómo se prueba este requisito? ¿Consultando los nombres cuyo registro inició Conadep? ¿Acaso quien no figure en ese registro adquiere certificado de inocencia?

Hace ya más de una década y media que se nos planteó la cuestión. Al principio, informalmente y sólo desde el Senado se requería sobre tales antecedentes a la Subsecretaría de Derechos Humanos y en relación con los ascensos de las FF.AA. Gracias a esos informes brindados quedaron muchos represores fuera de carrera.

Ante la evidencia de que los pliegos de ascenso resultaban rechazados cuando había mención fundada en los archivos ampliados de la ex Conadep, comenzaron las propias FF.AA. a pedir los antecedentes a la Secretaría de Derechos Humanos previamente a hacer los pliegos, para eludir los rechazos, y algunos para saber si constaba algo que los perjudicara.

Esa actitud me indignó y así lo puse por escrito cuando era subsecretaria de Derechos Humanos, contestando que nuestros registros habían sido confeccionados merced al valiente testimonio de víctimas y sobrevivientes, puesto que nada nunca jamás habían aportado las propias FF.AA. ni las de seguridad, que saben mejor que nadie quiénes fueron los represores, los torturadores y los de- saparecedores, dónde estuvo cada uno y cuál fue su nivel de participación.

Siempre tuvimos que investigar con los datos que se tenían u obtenían desde el campo ciudadano. Así pudo denunciarse en la ciudad a los “liceístas” del gobierno de De la Rúa, a Ricardo Cavallo o ahora a Florido, entre otros. Así se reconstruyeron algunas verdades y se llegó a la mayoría de los procesos.

Quizá sea ya la hora de pensar una metodología mejor, que no descanse sólo en los datos que pudieron aportar las víctimas y que comprometen tan sólo a aquellos torturadores que fueron descuidados en el ocultamiento de su identidad. Porque los otros, los represores que supieron esconder identidad o transitar bajo falsos nombres, no sabemos dónde están. Por lo pronto, asumamos que ésos no figuran en ningún registro de derechos humanos.