El procurador fiscal ante la Corte Suprema, Eduardo Ezequiel Casal, se pronunció en contra del sobreseimiento a los policías del caso AMIA, pero no por la autoría del atentado, sino por las extorsiones y coacciones en las que participaron Juan José Ribelli y los otros uniformados. Es decir que Casal considera que no se puede imputar a los policías por el atentado, debido a que está probado que la acusación fue un armado, pero que no se los puede considerar inocentes de los aprietes que le hicieron a Carlos Telleldín para sacarle dinero y vehículos antes del atentado. Un elemento fundamental de la acusación por las extorsiones –citado en reiteradas oportunidades por el procurador– son las notas de Página/12 en las que Telleldín contó cómo lo apresaban los policías por delitos inexistentes o por el armado de autos con partes robadas y luego lo dejaban salir a cambio de dinero, autos y motos. El próximo paso es que el famoso fallo AMIA, que dictó el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 y confirmó la Cámara de Casación, sea evaluado por el máximo tribunal.

El TOF 5, integrado por Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, tuvo a su cargo el juicio oral que duró casi tres años. Los magistrados absolvieron a todos los acusados en relación con el atentado y consideraron que el ex juez Juan José Galeano armó una pista falsa “al servicio de políticos inescrupulosos”. Aquel fallo fue apelado por dos vías. Por un lado, la querella integrada por la DAIA, la AMIA y la agrupación Familiares sostiene que Telleldín y los policías están mal absueltos y que tuvieron responsabilidad en los atentados. Por otro, el fiscal Alberto Nisman dio por probado que la acusación contra los policías y Telleldín fue un armado, pero apeló porque consideró que los uniformados extorsionaron a Telleldín, por ejemplo, metiéndolo preso con una causa falsa o sacándole dinero para permitirle que siga armando autos con partes robadas.

La Cámara de Casación, en una resolución durísima, confirmó lo resuelto por el Tribunal Oral en todos sus términos. En aquella instancia, el fiscal Raúl Plee también pidió que los policías no fueran absueltos por las extorsiones, pero la Casación mantuvo el sobreseimiento tanto por el atentado como por los aprietes.

Ahora se llega al último peldaño, a la Corte Suprema. El procurador Casal siguió la línea planteada por Nisman y Plee. Insiste en que los policías deben ser condenados por las extorsiones, pero coincide con el Tribunal Oral y la Casación en que la pista que involucró en el atentado a Ribelli, los demás uniformados y Telleldín fue una manipulación.

Casal sostiene que hay numerosas pruebas del armado:

- Se acusó de distintos delitos a tres testigos. De golpe, se les dictó el sobreseimiento por esos delitos y luego aparecieron declarando como testigos de identidad reservada en la causa AMIA. O sea que se los amenazó con imputarles delitos como el tráfico de drogas para que dijeran lo que Galeano pretendía que dijeran.

- En un video grabado el 5 de julio de 1996 se prueba que Galeano le da instrucciones a Telleldín para que marque fotos de los policías imputándoles que recibieron la camioneta usada en el atentado. No es que Telleldín supiera qué policías eran, sino que Galeano le iba diciendo.

- En otro video –dice Casal– se percibe claramente cómo pactan Telleldín y Galeano la presentación de testigos falsos –los hermanos Cristaldo Brizuela– para empeorar la situación de Ribelli y los otros policías.

- Por supuesto que Casal toma como prueba categórica del armado de la pista falsa el pago de 400 mil pesos/dólares a Telleldín antes de su declaración en la cual acusó a los policías.

- El juez Galeano hizo reuniones con testigos e imputados para que impliquen a los policías. Esos encuentros ni siquiera se hicieron constar en el expediente.

En resumen, el procurador ante la Corte afirma que la querella de AMIA-DAIA y Familiares no contrarresta las evidencias de parcialidad y armado que llevaron a la decisión del Tribunal Oral y a la confirmación de Casación.

En cambio, Casal sí acepta el criterio de Nisman y Plee. Dice que las extorsiones de los policías, sacándole dinero a Telleldín para dejarlo cometer delitos, son anteriores a la manipulación de Galeano. Y que las formas de probarlo no dependen de lo hecho por el juez. Por ejemplo, las notas que fueron adelantos exclusivos de Página/12 ya incluían todos los detalles de las extorsiones y los libros de guardia de las comisarías y los expedientes falsos armados por los policías sirven de pruebas categóricas de los aprietes de los uniformados. Por ello, Casal sostiene que Ribelli y compañía deben ser condenados por las extorsiones.

Con el dictamen del procurador Casal, la Corte queda habilitada para dictar el fallo definitivo. La AMIA, la DAIA y Familiares, al igual que los acusados de las maniobras como Galeano, los fiscales o el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, aspiran a que el máximo tribunal anule lo resuelto por el TOF 5 y ordene hacer un nuevo juicio por el atentado. Nisman, Plee y Casal, en cambio, tienen la postura de que la Corte debe confirmar el fallo del juicio oral, pero condenando a los policías por los delitos comunes que quedaron probados a lo largo de la investigación y en el propio juicio.