“No tengo nada que ocultar.” El secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur, salió a defenderse de la denuncia por irregularidades en el manejo de la publicidad oficial que realizó el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido. Albistur dijo que se trata de “una denuncia basada en falsedades” y aseguró que “es una clara maniobra para instalar un tema mediático”. Según el secretario, la presentación de la fiscalía “aprovecha un momento donde se están tratando otros temas que son más importantes, como empezar a discutir una Ley de Radiodifusión que reemplace a la ley de la dictadura de Videla”. Por la mañana, Garrido ratificó la investigación que se había iniciado en mayo del 2006 y que involucra a dos colaboradores directos del secretario: “Hay elementos de sospecha suficientes para que los funcionarios sean llamados a prestar declaración indagatoria”.

En el momento de mayor tensión entre el gobierno nacional y la prensa, el fiscal Garrido presentó un escrito de 43 carillas en el que acusa a los directivos de la Secretaría de cometer “irregularidades” que “constituyen el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Con información remitida por la Inspección General de Justicia (IGJ), documentos elaborados por ONG y presentaciones del grupo empresario de Albistur en licitaciones públicas, Garrido vinculó al funcionario con nueve empresas que habrían sido beneficiadas por el otorgamiento de publicidad oficial en vía pública por un total de 9.826.070 pesos. También dijo que detectó en la investigación “que ningún control real se ejerce sobre el cumplimiento de las campañas pautadas en la vía pública”.

En una conferencia de prensa en Casa Rosada, Albistur aseguró que no tiene ni tuvo relación con alguna de esas empresas y agregó que “es muy probable que en los próximos días todos esos empresarios salgan a repudiar esta denuncia falsa”. Sin embargo, no se espera un rápido avance de la investigación judicial, ya que la denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal Número 9, a cargo de Octavio Aráoz de Lamadrid, un magistrado subrogante que deberá ser reemplazado el 23 de mayo. Se desconoce el juez que tomará el caso, quien debería decidir si llama o no a declaración indagatoria a los implicados.

En la denuncia está acusado –aparte de Albistur– el subsecretario de Gestión de Medios, Alejandro Lenzberg, y el director general de Comunicación, Gustavo Fernández Russo, pero, además, se menciona al ex director nacional de Políticas Regionales, Guillermo De Lella, y a la directora de Publicidad Oficial, Graciela Misasi.

“No tengo nada que ocultar, tengo una vida como empresario muy coherente, tengo siete hijos”, dijo enérgico Albistur, quien apuntó directamente contra Garrido: “Este fiscal cree que puede tirar la honra a los perros, tanto de mí como de mis colaboradores”. Para el funcionario esta denuncia “fue un dibujo” y está relacionada con las críticas al Gobierno por el resurgimiento del Observatorio de la Discriminación y por el comienzo del debate sobre una nueva Ley de Radiodifusión.

El secretario de Medios también fue consultado sobre el manejo de la publicidad oficial. “Nosotros creemos que hacemos la pauta de la manera más equitativa”, respondió.

La sanción de una Ley de la Radiodifusión de la democracia es un reclamo que vienen realizando –sin éxito y desde hace años– organismos de derechos humanos como el CELS e instituciones educativas como la Facultad de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, entre otros.

Cuando se le preguntó si “sospechaba” de alguna relación con una propuesta oficial sobre la Ley de Radiodifusión, Albistur respondió: “No sé si sospecha es la palabra, pero que tiene mal olor, tiene mal olor”.

Diputados de la Coalición Cívica, de la Unión Cívica Radical y de PRO coincidieron en reclamar que el funcionario sea interpelado en la Comisión de Libertad de Expresión.