Luciano Miguens, Mario Llambías, Eduardo Buzzi y Fernando Gioino llevaron ayer su prédica contra las retenciones móviles a una ciudad emblemática: Presidencia Roque Sáenz Peña, en el Chaco. Hasta hace una década era la orgullosa Capital Nacional del Algodón. Hoy sólo conserva el título, pero la realidad es que la producción algodonera que está íntimamente ligada a su identidad social y cultural se va convirtiendo en una rareza, desplazada por la de soja. Sus pequeños productores padecen las consecuencias, en la mayoría de los casos dramáticas. Son propietarios de tres hectáreas, cinco hectáreas, diez hectáreas como mucho, que se ven forzados a vender sus tierras –en ocasiones tras sufrir violencia física– a precios de remate a productores de 1000 hectáreas, 5000 hectáreas y los hay de 10.000 hectáreas, que llegaron desde Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe a producir soja.

Llambías, presidente de Confederaciones Rurales, se atrevió a decir allí, en ese contexto, una frase que para los sumergidos productores locales sonó extravagante: “Lamentablemente, por las retenciones móviles hoy estamos viendo cómo subsistir”. Llambías representa esencialmente a productores de la Pampa Húmeda, adonde el precio de la hectárea va de 4000 dólares –en zona ganadera– a 12.000 –en zona sojera–. Un productor de 50 hectáreas en esa región, a quien se considera un pequeño chacarero, maneja activos que van de 200.000 dólares –en la primera zona– a 600.000 –en la segunda–. Buzzi, de Federación Agraria, reclamó al gobierno nacional “un verdadero federalismo” y luego insistió en su reclamo por las retenciones a la soja, otra vez el punto neurálgico del conflicto con el Ejecutivo.

En Roque Sáenz Peña el valor de mercado de la hectárea trepó a un valor inédito de 500 dólares, reflejo del boom sojero. Diez años atrás, la cotización llegaba a 100 pesos/dólares. Pero quienes pueden llegar a beneficiarse de esa escalada no son precisamente los productores familiares, auténticos protagonistas de ventas masivas de tierras. El primer requisito para poder vender a 500 dólares es exhibir el título de propiedad de esas extensiones y la mayoría no los tiene.

“La situación de tenencia de la tierra es muy precaria. Es gente que vivió allí toda su vida y nunca hizo los trámites ante el Instituto de Colonización de Tierras Fiscales. Cuando se enfrentan a corporaciones, a estudios jurídicos de Buenos Aires que llegan en nombre de grandes productores o pooles de siembra, no tienen manera de defenderse. Terminan vendiendo por lo que sea. El precio lo pone el comprador”, describió a Página/12 Benigno López, dirigente de Mocafor, contando una realidad común de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta.

Chaco tiene una superficie cultivable de 1,5 millón de hectáreas. En 1986, los sembradíos de soja ocupaban 10.000 hectáreas. En 1990 eran 50.000. En 2002 llegaron a 200.000. Y en la presente campaña, abarcaron 684.000 hectáreas, según datos oficiales de la provincia en base a un relevamiento satelital. Contrariamente, los cultivos de algodón dominaban 712.000 hectáreas en 1997/1998, mientras que una década más tarde se redujeron a 180.000. Proyecciones de mercado indican que la siembra de soja alcanzará 1,1 millón de hectáreas en 2014/2015.

Desde 1949 se celebró en Roque Sáenz Peña la Fiesta Nacional del Algodón. Hoy la actividad se encuentra en franco declive, por la caída del precio internacional. Es un proceso que se agudizó desde principios de década. Movimientos como el Mocase y Mocafor reclaman desde entonces que el Estado fije un precio sostén para los productores. Su situación es “desesperante”, pero nunca tuvieron la fuerza para hacer oír su reclamo como en este momento lo consiguen Sociedad Rural, CRA, Federación Agraria y Coninagro. Recién esta semana hubo una reunión en Casa Rosada en la que Alberto Fernández se comprometió ante el Mocase y Mocafor a la apertura de un espacio permanente de discusión técnica.

“Con el avance de la soja, en Chaco se fue perfilando un escenario de exclusión y concentración. Muchos pequeños productores no pudieron adaptarse a los requerimientos de los altos insumos y los paquetes tecnológicos impuestos por el modelo de la soja transgénica”, explicó Marcela Zunino en un documento titulado Argentina, lo que la soja se llevó. “El modelo de producción sojera –agregó– emplea a una sola persona cada 500 hectáreas, lo cual se tradujo en la pérdida de cuatro de cada cinco puestos de trabajo en el campo”, antes masivamente algodonero.

“Productores de cinco hectáreas se ven virtualmente acorralados por grandes extensiones”, señaló Benigno López. Los grandes productores sojeros cierran pasos y caminos por donde transitaban los campesinos que solían trasladar sus animales hacia pastizales comunes. “Hay fumigaciones aéreas para los campos sojeros que afectan los cultivos aledaños del pequeño productor. Se pierden producciones de mandioca, poroto, batata, hortalizas, calabaza, zapallo, sandías y maíces. Los rindes caen totalmente. También sufre la ganadería: cerdos, cabras y vacas. Los pastizales se achican, el agua en muchos casos se contamina. Las familias también se enferman. Con todos esos problemas, al pequeño productor no le queda otra que vender al precio que estipula el comprador”, detalló López.

Existen comunidades enteras que han desaparecido, y ahora allí se siembra soja. Los pequeños productores no pueden pasar a ese cultivo por una razón económica, pero también por una cuestión cultural. “No está en nuestra esencia la agricultura con glifosato y paquetes tecnológicos cerrados”, marcó López. Cogoy, Fortín Leyes, Villa General Güemes son nombres de pueblos en decadencia, desplazados por la soja. Sus pobladores terminan en la periferia de las capitales de provincia, y los hijos emigran a Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe. Los representantes de los productores de soja fueron ayer a Roque Sáenz Peña a celebrar su fiesta en medio de un velorio.