Por primera vez en muchos años el 25 de mayo será conmemorado hoy con dos concentraciones masivas contrapuestas. La convocatoria del gobierno nacional será en Salta, donde hablarán el gobernador Juan Manuel Urtubey y la presidente CFK. Las distintas fuerzas de la oposición se congregarán en Rosario donde sólo se prevé que usen de la palabra los líderes del lockout rural que, desde la página de opinión del matutino “La Nación”, se invitó el viernes a convertir en un nuevo Partido Agrario, “para gobernar las intendencias y obtener escaños en los parlamentos nacional y provincial”. En el mismo sentido se pronunció el dirigente duhaldista de Trenque Lauquen Miguel Saredi, quien llamó a formar “el partido del campo, la producción y el desarrollo”.

Desde el lado oficial no se esperan grandes novedades. Estarán presentes junto al monumento a Güemes y sus gauchos diversas organizaciones sindicales de trabajadores, encuadradas tanto en la CGT como en la CTA, movimientos sociales y contingentes justicialistas de varias provincias. No se prevé que la presidente formule anuncios de política económica general ni para algún sector en particular. La agenda del bicentenario quedará para un momento menos conflictivo y es improbable que haya menciones a las cámaras patronales agropecuarias, que habrán terminado su acto antes de que hable Cristina. En las filas de la oposición, en cambio, deberán aprender a coexistir fuerzas heterogéneas que van desde la Coalición Cívica Libertadora representada por su jefa, Elisa Carrió, hasta la Propuesta Republicana de Maurizio Macri, quien aun no anunció si estará presente o delegará la tarea en su vicejefa Gabriela Michetti; desde las entidades patronales organizadoras hasta típicas fuerzas de clase media, como los restos de la Unión Cívica Radical, el maoísta Partido Comunista Revolucionario y el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Todos anhelan hegemonizar el movimiento emergente. Son contradictorias las versiones sobre el camino que seguiría el diputado de Buenos Aires para Todos, Claudio Lozano.

La pulseada

Hable quien hable en Rosario, no podrá evitar la referencia a la pulseada con el gobierno, porque forzarlo a retroceder es lo único que todas esas fuerzas tienen en común. Los organizadores se han abstenido de anunciar la presencia del gobernador santafesino porque Hermes Binner les advirtió que si lo mencionaban los desmentiría y ya anunció que permanecerá en Santa Fe, sede de su gobierno. En cambio los organizadores están haciendo circular que uno de los oradores sería el intendente rosarino Miguel Lifschitz. Binner fue condescendiente con los primeros pasos de la reivindicación agraria porque, igual que el cordobés Juan Schiaretti, no puede desatender su base electoral, pero se enfureció cuando los empresarios usaron el balcón y la sala de prensa de su Casa de Gobierno para anunciar que continuaban con la medida de fuerza, luego de informarle que habían resuelto levantarla para negociar. Ayer, cuando terminaba de escribirse esta columna, Lifschitz y Binner estaban reunidos para confirmar la decisión de que tampoco el intendente se acercará al Monumento a la Bandera ni, mucho menos, se sumará a la lista de oradores. Los socialistas coinciden con el gobierno nacional en la cuestión de fondo, pero no comparten la forma en que se manejó la discusión. Binner mantiene la propuesta de sumar a las reuniones a los gobernadores de las principales provincias agropecuarias, algo difícil de aceptar para el Poder Ejecutivo en pleno desafío. Quien sí espera su oportunidad es el energúmeno de Gualeguaychú, mimado por todas las cámaras. Alfredo De Angeli vive sus quince minutos de gloria como si fueran un anticipo de la eternidad, con la misma fruición con que lo hicieron en su momento Nito Artaza, Juan Carlos Blumberg y el capitán del rompehielos Irízar (¿alguien se acuerda cómo se llamaba?). Financiado en forma generosa por los grandes capitales del agronegocio, las quinientas palabras guturales que maneja De Angeli cumplen la función de rebajar la investidura presidencial, como ni él ni Eduardo Buzzi se animarían frente a un hombre. De Angeli amenaza con transformar el acto en una asamblea que disponga el regreso a las rutas. Tanto él como el PCR, Buzzi y Carrió fantasean con la idea de una pueblada insurgente que arrase con el gobierno. La jefa de la CCL intimó a CFK: “Esta es su última oportunidad”. Hasta el muy conservador Natalio Botana creyó oportuno recordar que no es republicano tratar así a un gobierno legítimo.

La frágil unidad

Los preparativos para ambos actos dilataron un acuerdo sobre las retenciones. La suspensión de la medida de fuerza, un día antes de lo anunciado, se debió al temor de los dirigentes empresarios al aislamiento y a la presión que comenzaron a sentir de parte de algunos de sus aliados históricos, de otras cámaras patronales e incluso de algunos obispos católicos, que ven en el conflicto la oportunidad de recuperar el rol político al que su jerarquía es adicta. Decidido a no actuar bajo presión, el gobierno se tomó un día antes de recibirlos, no aceptó el ultimátum de hacerles conocer una propuesta antes de reunirse, sólo permitió que ingresaran al despacho del ministro de Economía los cuatro dirigentes invitados y no concretó una propuesta que pudiera ser exhibida hoy en Rosario como trofeo de victoria sobre el gobierno ni como bandera de combate. En los encuentros anteriores, quienes no intervenían en forma directa en el diálogo enviaban mensajes de texto informando de cada tema en discusión a la prensa y a los acampados en las rutas, de modo de reforzar la presión sobre el gobierno. Alberto Fernández descubrió al escuchar a sus huéspedes que no habían conseguido unificar posición. Todos pedían cambios en el esquema de retenciones móviles dispuesto el 11 de marzo, pero ni siquiera en presencia del jefe de gabinete pudieron ocultar su disenso acerca de la solución. Mario Llambías aclaró que una propuesta que presentó Eduardo Buzzi no representaba a Confederaciones Rurales. También se precipitó como un arquero de fútbol sobre un papel que el presidente de Coninagro, Fernando Gioino, intentaba alcanzarle a Fernández. “Primero tenemos que discutirlo entre nosotros”, lo retó. La Sociedad Rural y CRA no aceptan retenciones por encima de 35 puntos, cualquiera sea el precio internacional; Coninagro reclama modificar la curva de incremento porcentual a retener cuando el precio supere los 600 dólares por tonelada; la Federación Agraria postula una escala con cinco porcentuales distintos según el tonelaje de producción: 27 por ciento para quienes produzcan hasta 600 toneladas, 31 por ciento hasta 1500 toneladas, 35 por ciento hasta 3000 toneladas, 40 por ciento hasta 6.000 toneladas y 44 por ciento a partir de allí. En verdad, los tres primeros planteos son abstractos y el cuarto de improbable aplicación. El precio actual es de 455 dólares por tonelada, se estima que en setiembre de este año podría llegar a 490 y un año después a 510. También es dudoso que después de esa fecha vuelvan a subir, dada la preferencia anunciada por la Unión Europea por la colza en vez de la soja para la producción de biocombustible. De hecho, en la Argentina algunos grandes productores, como Eduardo Eurnekian, ya han comenzado el reemplazo de un cultivo por otro. De modo que los fatídicos 600 dólares a partir de los cuales las retenciones anularían el mercado de futuros no asoman en el horizonte previsible, lo cual desmiente la alegada urgencia por llegar a un acuerdo sobre ese punto. Si las cámaras patronales reconocieran la legitimidad de un gobierno recién electo para adoptar las medidas de política económica que anunció en su campaña proselitista, sobraría tiempo para discutir en otro clima cualquier detalle de implementación. Lo que en realidad los motiva son los cuatro puntos de diferencia entre lo que pagaban el 10 de marzo y ahora.

En negro

Tampoco pueden ser demasiado explícitos en algunos puntos porque una condición inconfesable de su pliego es que no se exija el cumplimiento de las obligaciones tributarias para acceder a los permisos de exportación y a los reintegros. De ahí el furor ante la conferencia de prensa en la que Alberto y Carlos Fernández informaron sobre la posición oficial. Ante los cuestionamientos a las retenciones móviles, el gobierno dispuso compensar a los productores de soja y girasol más pequeños y/o más alejados de los puertos de exportación. El 41 por ciento de los pequeños productores habilitados a cobrar el reintegro por tamaño de la explotación y el 77 por ciento de los productores habilitados para percibir la compensación por distancia no están registrados en la AFIP, declaran un CUIT o razón social equivocada o figuran como monotributistas. Por eso sólo 114 productores solicitaron la compensación por tamaño y apenas 22 por distancia. De vanguardia en la economía del conocimiento pasan a presentarse como rudos hombres de campo que no entienden de papeleos. Una hoja que Eduardo Buzzi entregó en la reunión del jueves propuso que las retenciones fueran descontadas por las cooperativas y cerealistas que actúan como agentes de retención y que las compensaciones no se pagaran en la cuenta bancaria de cada productor, porque eso obliga al temido blanqueo. Los empresarios insistieron en la necesidad de llegar a un acuerdo antes de hoy. Gioino lo dijo con aire ingenuo: “Queremos festejar el día de la Patria”. El jefe de gabinete le respondió que para eso podía ir a Salta, porque en Rosario se reuniría la oposición. Buzzi apeló a un tono sombrío: “Ustedes no se dan cuenta que el país explota”, entonó. Fernández mencionó el nivel de reservas, el crecimiento industrial que no se ha detenido y, cada vez más enojado, le preguntó si hablaba en serio.

–Parecés la Pando.

–¿Quién es la Pando? –preguntó Buzzi.

–Una de tus socias. A ustedes sólo les falta glorificar a Videla.

Esta vez, los mensajes de texto fueron utilizados por los sindicalistas patronales para informar a algunos periodistas que se proponían pernoctar en el ministerio de Economía, un despropósito revelador de su despegue de la realidad.

Oraciones

Antes del acto de hoy, la presidente asistirá a una invocación religiosa en la catedral de Salta, que el obispo Mario Cargnello aceptó compartir con representantes de otros cultos (cristianos no católicos, judíos y musulmanes). Esto motivó el disgusto y la presión del presidente de la Iglesia Católica, cardenal Jorge Bergoglio, quien ayer condujo una procesión hasta el palco instalado sobre la Plaza de Mayo, donde rumió el mensaje agresivo que CFK no quiso que le dirigiera en persona con tono imprecatorio y el dedo levantado. El gobierno recibió versiones contrapuestas sobre el viaje de urgencia de la cúpula eclesiástica local a Roma. Una decía que el Vaticano se aprestaba a designar un administrador apostólico en el Obispado castrense, lo cual retrotraería la tensión a los días del retirado obispo Antonio Baseotto. Otra arriesgaba que se aproxima el reemplazo de Bergoglio como jefe del Episcopado. El presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, pretendió que el responsable político de la Iglesia Católica, Jorge Casaretto, actuara como garante en las negociaciones con el gobierno, hipótesis que desde la Casa Rosada se desechó de plano. Casaretto replicó con una referencia al incremento de la pobreza, según estudios de la Universidad Católica. Cuando Alicia Kirchner le señaló que ese mismo trabajo reconocía mejoras en la calidad de vida, el obispo de San Isidro atribuyó la difusión de sus palabras a una operación de prensa (sic). El triunfalismo católico entró en cuarto menguante al concluir la última dictadura. El documento “Iglesia y Comunidad Nacional”, de 1981, fue el resignado armisticio con la democracia, luego de una batalla de un siglo. Pero el Episcopado nunca hizo un deslinde irrevocable con aquel pasado atroz ni dejó de jugar con el equívoco entre el sacramento de la reconciliación, en el que el pecador restaura su lazo con Dios, de quien los hombres se alejaron por el pecado original, y la impunidad para los criminales de la guerra sucia militar contra la sociedad argentina. Desde 1983 en adelante, cada vez que se pusieron en discusión asuntos vinculados con la vida familiar, la educación sexual, el matrimonio, el divorcio, el aborto, la Iglesia Católica sostuvo sus posiciones tradicionales en contra de la opinión mayoritaria de la sociedad, que no está ansiosa de su tutela. Sólo en la denuncia de la inequidad social y de la pobreza el Episcopado encontró una vía de escape al rechazo o la indiferencia social. Enfrascarse en un debate con uno de sus miembros sobre ese tema es jugar en el terreno más cómodo para esa institución. Sobre todo cuando la base para refutarlo son las mediciones del INDEC, cuya destrucción es el más grave error cometido desde 2003, que devalúa la palabra oficial en igual o mayor medida que la porción de los ingresos populares comida por la inflación.