El gobierno de la provincia de Buenos Aires promueve la creación de fuerzas parapoliciales en los municipios del conurbano, con personal de la Bonaerense que cumplirá horas extra después de su horario y con retirados de distintas fuerzas armadas y de seguridad, que contratarán los intendentes como choferes armados. Esta combinación de un hombre sin entrenamiento y otro sin descanso colocará las cuestiones de seguridad y el uso de la fuerza fuera de la ley y de control. La autorización para portar armas que el personal retirado conserva sin justificación, no equivale a una capacitación para su empleo en situaciones de seguridad urbana. En el caso de los militares las leyes de defensa nacional y seguridad interior lo prohíben. Por esta vía se reincorporarán policías que fueron desplazados durante las reformas realizadas en la última década. Muchos fueron exonerados, pero otros dejaron las filas al iniciarse un sumario del que no quedan constancias. Su visado por la Secretaría de Derechos Humanos es una tenue mano de barniz políticamente correcto sobre una madera carcomida.

Inspirado en los pioneros ex intendentes de Morón y Escobar, Juan Carlos Rousselot y Luis Patti, el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, creó el programa “Tolerancia Cero”. El gobernador Daniel Scioli y su ministro de seguridad Carlos Stornelli convocaron al conductor de los parapoliciales de Ezeiza, Néstor Franco, para extender la nueva fuerza a otros municipios. Tanto Granados como Stornelli aducen que en Ezeiza disminuyeron los robos de autos. Los próximos municipios del conurbano a los que se extendería el sistema son Ituzaingó, Campana, San Miguel, Lanús, Almirante Brown, Tres de Febrero, Hurlingham, Merlo, Malvinas, Tigre, Luján y San Fernando.

Stornelli y el jefe de Gabinete, José Scioli, firmaron con el intendente Alberto Descalzo, un convenio que contempla cuadricular todo el territorio de Ituzaingó y recorrerlo las 24 horas, como elemento disuasivo y para dar el alerta ante cualquier sospecha. Las cuadrículas y el teléfono celular al que los vecinos de cada sector pueden llamar, fueron instituidos durante la gestión del ex ministro Carlos Arslanian, pero los autos sólo eran tripulados por policías. Ituzaingó aportará once Fiat Siena a GNC, contratará a los suboficiales retirados que los manejarán, pagará salarios, seguros, combustible, mantenimiento, chalecos y armas e instalará una “sala de situación” para el seguimiento de cada vehículo con el sistema satelital GPS. El personal de la comuna estará en contacto con el sistema de emergencia 911, Defensa Civil y bomberos pero la sala de situación quedará al mando de un policía. El ministerio y los funcionarios municipales sostienen que los retirados se limitarán a conducir y a auxiliar a los policías y no emplearán las armas. ¿Para qué las llevan, entonces? Para el Secretario de Gobierno de Ituzaingó, Alfredo Almeida “tiene que ser gente acostumbrada a comportarse en casos de conflicto”, que sepa “protegerse o por qué lado del auto bajar”(sic). Esta confusión de las directivas anticipa que cada uno actuará como le parezca.

La idea de una policía de proximidad no es nueva. En 2004 se sancionó la ley 13482 que permitía poner en funcionamiento la policía municipal en 95 distritos. Pero prohibió su creación en ciudades con más de 70 mil habitantes, para que los barones del conurbano no formaran su propia fuerza armada, dados los antecedentes: bajo el duhaldismo los jefes policiales de cada distrito formaban parte de sus respectivos aparatos de recaudación ilegal. El ministerio y el municipio compartirían los gastos pero todos los agentes debían cumplir los requisitos de formación de un policía bonaerense y sus ascensos se decidirían en forma centralizada. Tendrían doble dependencia, funcional del intendente y orgánica del ministerio, pero no se admitían retirados. La alternativa en los grandes municipios del conurbano era la Policía 2, que estaba cambiando las prácticas institucionales. Stornelli la está desactivando de hecho, al fusionar sus efectivos con el resto, de modo que prevalezcan las tradiciones. La primera decisión de Stornelli fue recrear la jefatura de policía, según dijo para devolverle la gestión de sus propios asuntos, y aumentar su poder de fuego. El intendente de Morón, Martín Sabbatella, dijo que aceptaría el control político de la policía para la prevención y la represión del delito urbano pero que no compartía la descentralización del uso de las armas. El de Quilmes, Francisco Gutiérrez, tampoco acepta el nombramiento de retirados.

La normativa que encuadra las patrullas parapoliciales y las responsabilidades que asumirán la provincia y los municipios no existe o es clandestina. Fue imposible obtener cualquier precisión del Ministerio de Seguridad, que derivó la consulta de una dependencia a otra y terminó pidiendo que se enviara un mail a prensa, del que acusó recibo pero que nunca respondió. En cambio el ex ministro Arslanián formuló “reparos legales” a la contratación de retirados para misiones operativas. Presume en ellos un alto grado de desgaste, desmotivación y desentrenamiento. Pero además, dice, la calidad de policía y el ejercicio de sus potestades no se adquieren por un contrato o un empleo público, sino por el egreso de una escuela de policía en la que el aspirante debe cursar y satisfacer una serie de exigencias curriculares. Luego de la baja o el retiro, esa relación sólo puede restablecerse a través del “llamado a prestar servicios”, en ciertas condiciones de excepción también contempladas en la ley que sujetan al policía convocado a un orden disciplinario interno y garantizan que sus actos funcionales, como detenciones y uso de la fuerza pública, gocen de legitimidad a los fines procesales. El especialista Marcelo Saín, cuyo libro “El Leviatán azul” reflexiona sobre la relación entre política y seguridad, también considera discutible la legalidad de estos cuerpos, cuya creación implica una “visión militar de la ocupación territorial”, que procura combatir la sensación de inseguridad y no a promover una baja objetiva del delito. “Es una política clasista, que tiende a correr el delito hacia los barrios marginales para mejorar la imagen política ante las clases medias y media altas”, concluye.