En la causa de Trelew en la que está imputado por espionaje ilegal el jefe de la Armada, Jorge Godoy, su ex director de Inteligencia Naval Pablo Rossi, le dejó un regalito. Presentó un escrito que forma parte del sumario interno de la Armada, en el que le señala a Godoy que él convalidó el Plan Básico de Inteligencia Naval, edición 2005, por el cual habilitó el espionaje ilegal. Entre los documentos de la causa, también hay otra perlita: una lista de organizaciones “contraindicadas” por la Armada en caso de que busquen algún tipo de vinculación con la fuerza: incluye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mayoría de los organismos de derechos humanos y a los partidos de izquierda.

La lista data de 1995, pero aparece mencionada en otra resolución posterior al 2000, por lo que estaría vigente, al menos en parte. Se trata de la resolución 01/95 de contrainteligencia, un término que implica las tareas que se hacen para contrarrestar la inteligencia del enemigo. La firmaron el entonces jefe de la Armada, Enrique Molina Pico, y el entonces jefe de Inteligencia Naval, el capitán de corbeta Oscar Simian. Lo llamativo es a quiénes identifica como sospechosos para la Armada.

Además de la CIDH –una organización continental que forma parte de la OEA–, el listado incluye a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, a la mayoría de los partidos de izquierda –va de la Asociación Cultural El Arbol al PC, haciendo escala en todo el espectro trotskista– y a grupos “religiosos y sectarios”, entre los que incluye al Movimiento Juvenil Sionista y a los Hare Krishna. También hay nacionalidades “contraindicadas”, entre ellas la cubana (ver aparte).

La resolución plantea que todos los que aparecen en esa lista están “contraindicados” para tener “vinculaciones” con la Armada. Por “vinculaciones” entienden desde las contrataciones que haga la fuerza, hasta ingreso de personas ajenas a la Armada a las bases o los edificios, o bien que quieran ingresar como cadetes a la Marina. Para todos, existe un procedimiento de análisis de la persona, de sus antecedentes y los de sus familiares. El rastreo proviene –según explica la normativa secreta– de fuentes propias, del archivo de la Dirección de Inteligencia Naval (DIIA) y de la comunidad de inteligencia local (que incluye a la policía). La normativa cita incluso un ejemplo de una persona a la que se rastreó hasta que las fuentes de inteligencia locales le informaron que había sido militante del PRT-ERP en los setenta. En la resolución, incluso, se agrega un formulario para hacer el pedido de informes de una persona que tenga cualquier tipo de relación con la Armada.

Obediencia debida

La causa por espionaje ilegal de Trelew salió a la luz en marzo de 2006, con la denuncia que hizo Carlos Alegre, uno de los integrantes del grupo de inteligencia de la Base Almirante Zar, que se negó a hacer espionaje ilegal (ver recuadro). Cuando se abrió la causa, el gobierno separó al director de Inteligencia, Pablo Rossi, y al número tres de la Armada, Eduardo Avilés, y cerró las oficinas de inteligencia de todas las bases, que fueron allanadas por la Justicia. Allí se encontraron fichas de inteligencia de políticos, organizaciones sociales y de derechos humanos.

En una primera etapa de la causa –que está por llegar a juicio oral– se imputó a Rossi y Avilés y a los oficiales y suboficiales involucrados directamente por los documentos. El CELS presentó hace dos semanas una ampliación en la que pidió que se impute además a Godoy y a la cúpula de la Armada por haber firmado el plan de inteligencia que fijaba como objetivo las “amenazas asimétricas”, un concepto que abre la puerta al espionaje interno. El juez Hugo Sastre hizo lugar a las imputaciones y derivó la investigación en el fiscal Fernando Gelvez (ver aparte).

En un intento de defenderse con la vieja idea de la “obediencia debida”, Rossi presentó en la causa una copia del sumario administrativo que instruyó paralelamente la Armada. En él, adjuntó un documento que no estaba entre los secuestrados por la Justicia, donde Rossi propone el Plan de Inteligencia de 2005 y el jefe de la Armada lo convalida con su firma. Rossi hizo esta presentación antes de que Godoy fuera imputado, pero en la investigación actual sólo consigue complicarlo más.

En el sumario de la Armada, Rossi se defiende de las sanciones que le impuso la Armada por “no supervisar adecuadamente los procedimientos” del sistema de inteligencia y argumenta que sólo estaba cumpliendo órdenes de Godoy. “No estaba en la cabeza del director de Inteligencia Naval la obligación de modificar la doctrina de Inteligencia”, argumenta Rossi, que cita la resolución secreta 02/01 en la que el jefe de la Armada le ordenó “actualizar la doctrina de inteligencia”. También señala que el Plan de Inteligencia 2005 fue revisado y aprobado tanto por el segundo de la Armada, Benito Rótolo, como por Godoy. Rossi advierte además que, por lo que en la jerga militar se conoce como “doble gorra”, las oficinas de inteligencia dependen paralelamente de él como del Comando de Operaciones Navales, que responde directamente a Godoy.

Si bien Rossi intentó deslindar responsabilidades sobre Godoy, para los querellantes no está tan claro que las órdenes del jefe de la Armada lo absuelvan. “El cumplimiento de órdenes manifiestamente ilegítimas no eximen de responsabilidad a los subalternos que actúan bajo ese parámetro”, señaló el abogado del CELS Rodrigo Borda, que puso como ejemplo los casos de Alegre y Luis Alberto Sánchez, dos militares que se negaron a cumplir las órdenes de inteligencia ilegal y declararon en la causa. “Ahí hay un ejemplo de dos personas que se negaron a obedecer órdenes eminentemente ilegítimas. Eso implicó para ambos aprietes y sanciones informales y formales”, recordó Borda.