Anoche, durante más de dos horas, declararon los dos brigadieres que comenzaron a ser juzgados en el primer juicio oral por los crímenes del Primer Cuerpo del Ejército. Se trata de los represores Hipólito Rafael Mariani y Cesar Miguel Comes, ambos a cargo sucesivamente de la VII Brigada Aérea de Morón, donde funcionó la Mansión Seré, y hoy excarcelados. Ante el tribunal, reconocieron que habían sido parte de la “lucha antisubversiva”, pero dijeron que “no tenían posibilidad de acción”. “Si bien teníamos que luchar contra la subversión, no teníamos capacidad para hacerlo porque estábamos preocupados por la guerra con Chile.”

Mariani y Comes declararon luego de casi diez horas de audiencia, ante el Tribunal Federal Oral 5 que lleva adelante el juicio. Con ellos, el Tribunal también juzga al teniente coronel Alberto Pedro Barda, ex comandante del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 de Mar del Plata, donde estaba la Estación de Radar de la base aérea, bajo la cual funcionó el centro clandestino de detención recordado como La Cueva. A su turno, Barda se negó a declarar. Pero Mariani y Comes aceptaron.

Ambos hablaron durante más de una hora. Y entre otras preguntas, contestaron al fiscal general Félix Crous. Tanto uno como otro coincidieron en aceptar su rol al frente de lo que llamaron la “Fuerza de Tarea 100”, un grupo operativo de la Fuerza Aérea, del que se desprendían cuatro grupos de tarea. Ambos dijeron que los grupos no contaban con más de sesenta hombres en cada unidad y que estaban destinados a la lucha “antisubversiva”.

Luego de ese punto explicaron lo que a ojos de la querella integrada por los abogados de las víctimas es “una coartada”. Y fue la explicación sobre sus roles. Dijeron que “no tenían posibilidad de acción” porque como fuerza, la Fuerza Aérea, estaba dedicada a pensar en el conflicto con Chile. Que en ese sentido, “era el Ejército el que tenía la parte operativa de la lucha contra la subversión”. Hicieron referencia en cambio a un caso en el que desplegaron a la Fuerza de Tarea, para proteger a la selección de Holanda durante el Mundial de 1978 que paraba en la zona donde se desempeñaba la fuerza.

Tanto Mariani como Comas están acusados de tormentos reiterados y privación ilegal de la libertad agravada por el uso de la violencia y amenazas. A Mariani le imputaron 7 casos y a Comes, 5. Todos los casos pertenecen a personas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención conocido como Mansión Seré. Entre ellos hay incluso un desaparecido. En la audiencia, ellos también negaron haber tenido noticias del funcionamiento de la Mansión. Dijeron que “estaba fuera de su órbita”, que “dependía del área de Inteligencia” y que recién conocieron de su existencia durante el Juicio a la Juntas de Comandantes cuando se los preguntaron.

Para la querella, ambas declaraciones están en línea con lo que cada uno fue diciendo a lo largo de la causa. “Se deslindan las responsabilidades, porque es absolutamente falso lo que están diciendo, porque las condecoraciones que recibieron por la ‘lucha contra la subversión, así lo indican”, dijo a este diario el abogado Pedro Dinani de la querella. “El perfil de ellos no es el de Bussi ni el de Menéndez, son tipos correctos y preparados y además tuvieron más de treinta años para declarar.”

Como en un regreso de los muertos vivos, a las ocho de la mañana el teniente coronel Barda llegó en un taxi a la puerta de los tribunales de Retiro. Bajó del coche sin el control de ninguna guardia policial, munido con un bastón que no abandonó de allí en adelante. Detrás, llegaron los otros dos brigadieres que gozan de la excarcelación. Con ellos, entró al edificio de Tribunales de Comodoro Py, además, un séquito de brigadieres ancianos y de comodoros. Acomodaron sus trajes azules orondamente sobre las sillas y aguardaron el comienzo.

–¡¡¡¡¡Cóóó-messss!!!!! –se escuchó de pronto en la silenciosa sala de audiencias cuando todavía nada había empezado. El recinto de dos plantas, ubicado en la planta baja del edificio de Comodoro Py 2002, había quedado dividido en dos partes. Abajo se hallaban los familiares de las víctimas e integrantes de los organismos de derechos humanos. Arriba, protegidos por un blindex pesado, estaba la prensa y los acompañantes de los acusados.

–¡¡¡¡Cóóóomessss!!!! –se volvió a escuchar. Y esta vez el represor Comes, con sus enormes bigotes blancos, dio media vuelta, levantó la vista y los encontró. En total eran once aeronáuticos, la mayor parte con el grado de brigadier. En ese momento, ninguno le hizo ese saludo con las manos que repitieron más tarde, pero los acusados a esa altura sabían que no estaban solos porque los alentaba una hinchada. En las butacas apareció sentado como un fantasma del pasado el brigadier mayor Jesús Orlando Capellini, el mismo que encabezó el intento de golpe de Estado de diciembre de 1975 contra el gobierno de Isabel, con un acuartelamiento de tres días en la base aérea de Morón.

El juicio finalmente comenzó después de las 11. El Tribunal Federal Oral 5, integrado por Daniel Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Farías, presidió la audiencia como sucedió hasta ahora. A cargo de los juicios de la represión, por las manos del TOF 5 pasaron los cuatro juicios orales que se llevaron a cabo, desde el procesamiento contra Julio Simón, alias “Turco Julián”, al ex prefecto Héctor Febres. Como sucedió en cada uno de esas instancias, el tribunal también ayer prohibió la televisación de las audiencias y el ingreso de las Madres de Plaza de Mayo con los pañuelos.

En las larguísimas once horas de audiencia, el tribunal repasó las tres acusaciones contra los imputados: la de la fiscalía, la del juzgado de primera instancia y la de la fiscalía general. Recién a las ocho de la noche, las lecturas de cargos concluyeron y el presidente del tribunal Guillermo Gordo le dio lugar a las inquietudes de las partes. En ese contexto, se oyó a la querella encabezada por la abogada de Justicia Ya! Myriam Bregman que se refirió a la situación procesal de los represores.

Los nombres de Barda, Comes y Mariani se investigan desde el inicio de la causa 44 en 1983, pero quedaron desprocesados en 1988 por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En 1991, Barda recibió además el indulto de Carlos Menem. En 2005, con la nulidad de las leyes de impunidad se reabrieron los juicios.