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La culminación de la etapa de las AFJP que se extendió por catorce años significa la medida más trascendental del reordenamiento del sistema previsional público. A esta altura, la abrumadora mayoría en uno de los poderes de la República, aspecto que tanto inquieta a los gendarmes de los buenos modales democráticos, no deja margen de duda sobre el respaldo que reunió el proyecto para poner fin a ese negocio financiero con el dinero previsional de los trabajadores. También cualquier evaluación técnica que tenga un mínimo de honestidad intelectual revelará la inconsistencia fiscal y la desestructuración de la seguridad social que significaba el régimen de AFJP. Frente a esa contundencia, la reacción destemplada de economistas de la city se entiende porque pierden uno de sus clientes favoritos. Las administradoras no se fijaban en gastos por informes y asesoramientos de esos gurúes debido a que el dinero no salía de bolsillos de gerentes de sueldos elevados, sino del aporte de los trabajadores. Como a ese grupo de brujos de la economía el destino de los jubilados les resulta totalmente indiferente, los análisis de catástrofes inminentes que no se cansan de pronosticar sin éxito se deben traducir en el lamento por la pérdida de contratos que merecerían conocerse para transparentar el debate, del mismo modo que sirvió en ese sentido la revelación de PáginaI12 sobre los abultados salarios del cuerpo ejecutivo de las AFJP.

Más relevante aún es profundizar por qué el fin de las AFJP ha instalado un estado de cólera permanente en los ámbitos del poder. Las cámaras empresarias, los voceros mediáticos y la secta de economistas amplificaron esas quejas con fervor militante. Por cierto, éstas no tiene su origen en la preocupación por la solvencia intertemporal de las cajas previsionales. Tampoco por la eliminación de las cuentas individuales, por el proceso de recuperación del régimen de reparto o por el mejoramiento de las cuentas fiscales, que con una particular contabilidad creativa los cruzados del neoliberalismo lo traducen en debilitamiento para pagar la deuda. La profunda irritación del poder tiene su razón en el inesperado avance del Estado en espacios que estaban vedados: en el capital de empresas privadas. El cientista político e historiador Natalio R. Botana ha sido el primero que lo expresó con claridad en un artículo publicado ayer en La Nación: “Esta política expansiva sobre la sociedad civil, con la captura por parte del Gobierno de un paquete significativo de acciones pertenecientes a empresas privadas...”.

Con el fin de las AFJP pasarán a manos del Estado paquetes de acciones de unas cuarenta empresas líderes, petroleras, metalúrgicas, bancos, grupos multimedios, telefónicas, cerealeras, que antes de la debacle de los mercados sumaban unos 10 mil millones de pesos. La exasperación del poder no es sólo por ese porcentaje de acciones, que no supera el 25 por ciento en cada una de esas compañías, sino por la incertidumbre sobre cuál puede ser el próximo paso de un gobierno al que consideran imprevisible o por el temor a la venta futura de esas acciones a otros inversores privados que no sean ellos.

Si se transparentaran los motivos de la batalla, el debate sería menos confuso para una mayoría inocente atrapada en una batería de amenazas de cataclismos próximos que afecta las expectativas sociales y, en consecuencia, las perspectivas de los sectores más vulnerables.