En Uruguay las mujeres que se sometan a un aborto seguirán corriendo el riesgo de ir presas. El Parlamento de Uruguay, reunido en Asamblea General, no logró ayer sumar el apoyo necesario para levantar el veto presidencial a la despenalización del aborto. Se requerían para anularlo los votos de los tres quintos de los presentes, pero las bancadas del oficialista Frente Amplio, impulsor de la iniciativa, no llegaron a reunirlos: les faltó un voto en Senadores y ocho en Diputados. El arzobispo uruguayo Nicolás Cotugno celebró el resultado y dejó en evidencia cuán reaccionarios fueron los argumentos a los que apeló Tabaré Vázquez para el veto: en declaraciones publicadas ayer, Cotugno dijo que los comparte todos. Según publicó el semanario uruguayo Búsqueda, el purpurado explicó en una reciente reunión con catequistas que el fundamento de la oposición de Vázquez a la reforma de la Ley de Salud que contemplaba la despenalización del aborto en ciertos casos es “tan compartible” que “podría haber sido firmado por la Comisión Pro Vida de la Santa Sede”.

La sesión extraordinaria comenzó pasadas las 15, presidida por el senador oficialista y ex líder guerrillero tupamaro José Mujica. Poco más de dos horas después, se producía la esperada votación. De los 29 senadores en sus bancas, 16 votaron a favor de levantar el veto: fueron 15 de la coalición en el gobierno y uno del ex presidente colorado Julio María Sanguinetti, el único legislador de la oposición de toda la Asamblea General que apoyó la consagración del derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo. Entre los diputados, votaron contra la decisión de Vázquez 46 de los 90 presentes.

Como ya adelantaron legisladores del Frente Amplio, volverán a insistir con la despenalización del aborto en la próxima Legislatura, que se inicia en 2010.

El presidente uruguayo, de profesión médico oncólogo, vetó la semana pasada junto a la ministra de Salud, María Julia Muñoz, los artículos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que se refieren a la despenalización del aborto. La norma fue aprobada por ambas Cámaras con las adhesiones del oficialismo. El mandatario izquierdista fundamentó su decisión “en razones de orden jurídico, científico y técnico; identidad filosófica y principios éticos”. Además, dijo que la legislación “no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia”.

Si bien la Asamblea General disponía de 30 días de plazo para expedirse, a comienzos de esta semana las bancadas del Frente Amplio en el Senado y en Diputados resolvieron llamar esta semana a la sesión extraordinaria para darle fin al proceso legislativo. Se sabía de antemano que no reunirían los votos requeridos para desafiar la decisión presidencial.

“Al devolver este proyecto de ley con las objeciones que lo acompañan, reiteramos al Poder Legislativo nuestra disposición para encontrar entre todos la mejor solución a una temática de especial importancia y sensibilidad para el conjunto de la sociedad uruguaya”, señaló un editorial publicado en la página web de la Presidencia, sobre la polémica decisión de Vázquez.

En ese mismo artículo se aclara que una “mención especial merece el artículo referido a la interrupción del embarazo en caso de riesgo de vida para la mujer o cuando se verifique un proceso patológico que provoque malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina. El mismo fue objetado por su vinculación formal con otros artículos del proyecto, pero en sí mismo es una disposición compatible sobre la cual es necesario legislar a la brevedad”. Este párrafo, firmado por la presidencia uruguaya, fue interpretado por legisladoras del FA como un guiño del mandatario para que se avance con un proyecto de ley que se limite a despenalizar el aborto en esos casos. En realidad, algunas de esas excepciones están contempladas en la legislación vigente, pero en la práctica nunca se cumplen. Se estima que se realizan alrededor de 33.000 abortos por año en Uruguay en la clandestinidad.