Los afiliados a las AFJP pasarán al régimen de reparto de manera automática, sin necesidad de hacer ningún trámite, según confirmaron desde Anses a PáginaI12. El dinero acumulado en sus cuentas será absorbido por el Estado, que lejos de perjudicarlos con el traspaso les garantizará “iguales o mejores beneficios” que los que hubieran obtenido en capitalización. Así lo dice expresamente la ley aprobada anoche. En compensación, a esas personas se les reconocerá el tiempo aportado a las AFJP como si lo hubieran hecho al sistema de reparto. No importa el monto que hubiera en las cuentas –5000 pesos o 50.000–, lo que se tomará en consideración son los meses y años aportados.

Frente a la pregunta de si los afiliados a las AFJP ganan o pierden con la ley, la respuesta es que los favorece pasar al Estado por las compensaciones contempladas. Esto es obvio para los seis millones de personas que no logran aportar regularmente, cuyos ahorros son tan exiguos que estaban condenados a cobrar jubilaciones sustancialmente más bajas que la mínima –al día de hoy, en torno de 20 pesos mensuales– de haber seguido en el régimen privado.

Pero también es ventajoso para trabajadores formales de ingresos altos anotados en una administradora de 1994 en adelante. Esto se debe a que el Estado les reconocerá como si hubieran aportado 11 por ciento de su salario todos esos años, cuando en realidad en el 2000 aportaron 5 por ciento y entre 2002 y 2007 ingresaron 7 por ciento. Además, sobre esos aportes las AFJP les cobraban las comisiones, que llegaron a representar hasta el 50 por ciento del dinero girado para la jubilación. En consecuencia, capitalizaron mucho menos de lo que el Estado computará por esos años cuando se jubilen por reparto. El promedio de comisiones de las AFJP en sus catorce años de existencia fue de 33 pesos de cada 100 descontados del salario para el ahorro previsional.

La cuenta arroja jubilaciones más altas en el Estado por un motivo adicional: los fondos capitalizados sufrieron fuertes pérdidas por las sucesivas crisis financieras, como la de México en 1995, la del sudeste asiático en 1997, la de Rusia en 1998, la de Brasil en 1999, la Argentina en 2001-2002 y la actual con epicentro en Estados Unidos. Todas esas pérdidas que sufrieron los clientes de las AFJP ahora desaparecen al quedar inscriptos en reparto, que lo único que tomará en cuenta es el tiempo aportado.

Un buen ejemplo de cómo se esfumaron los ahorros previsionales en las AFJP por las crisis financieras surge del último informe de la Superintendencia del sector con la evolución de los fondos administrados. En septiembre, los afiliados aportaron 1063 millones de pesos con el descuento salarial del 11 por ciento. A pesar de ello, el fondo administrado, que en agosto era de 97.920 millones de pesos, no creció, como sería de prever, sino que cayó de manera estrepitosa a 94.442 millones. Fue un retroceso nominal de 4541 millones de pesos sólo en septiembre. La comparación es todavía más dura si se analizan los últimos doce meses. En octubre de 2007, los clientes de las administradoras tenían en conjunto 96.601 millones de pesos. De aquel momento a septiembre pasado aportaron 11.141,5 millones. Sin embargo, el fondo no subió a 107.742,5 millones de pesos, sino que se hundió a 94.442,6 millones. La pérdida nominal en ese caso fue de 13.299,3 millones de pesos.

Esas pérdidas golpean directamente a las personas que se jubilaron por una AFJP en este momento, sobre todo si contrataron rentas vitalicias. Esos contratos siguen vigentes pese a la estatización de las AFJP. Los que optaron por retiros programados cobrarán del Estado el mejor beneficio que hayan obtenido este año y de aquí en más tendrán la misma movilidad que el resto de los jubilados de reparto. En tanto, las AFJP podrán reconvertirse para seguir administrando los aportes voluntarios que hayan recibido de sus afiliados durante 14 años. El monto es menor: apenas el 0,3 por ciento del total de recursos administrados.

Según indicaron en Anses a este diario, el organismo enviará informes periódicos a los trabajadores con datos sobre la evolución de la caja previsional. Habrá envíos por carta y por mail con un detalle de las inversiones realizadas. La ley establece que la totalidad de los recursos que reciba Anses de los actuales afiliados a las AFJP podrá usarse “únicamente” para el pago de jubilaciones y pensiones. Este punto busca reforzar la diferenciación entre la caja del Estado y la del organismo que administra los fondos de los jubilados.

El mismo artículo aclara que Anses podrá invertir en títulos públicos, acciones, fideicomisos de consumo y demás instrumentos financieros. Los objetivos de administración son básicamente dos: evitar que se desvaloricen los recursos previsionales y promover el desarrollo de la economía, “a efectos de garantizar el círculo virtuoso entre crecimiento económico y el incremento de recursos de la seguridad social”. En relación con esto último, Anses podrá invertir en obras públicas y proyectos productivos de largo plazo. En cambio, se prohíben las inversiones en el exterior. Esto se incluyó para evitar que se use dinero aportado por argentinos para financiar economías de otros países, algunos de ellos competidores directos. De este modo, se corrige una de las deficiencias del menú de inversiones de las AFJP, las cuales volcaban fuertes sumas en activos financieros externos.

La ley remarca que Anses tendrá autonomía económica y financiera. La versión original del proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso abría una puerta a una eventual limitación de esa autonomía al señalar que quedaba sujeta a la reglamentación de la norma. Ese punto fue eliminado por pedido de la oposición en la votación en la Cámara de Diputado. El oficialismo también accedió en la negociación a crear un comité de control de los fondos previsionales: se llama Consejo de Evaluación y estará compuesto por dos miembros de asociaciones de jubilados, tres representantes de centrales sindicales, dos de organizaciones empresarias, otros dos de cámaras bancarias, un senador, un diputado, un funcionario de Jefatura de Gabinete y otro de Anses. El control se completa con una comisión bicameral del Congreso, con seis diputados y seis senadores, la Sigen y la Auditoría General de la Nación.