La Fiscalía que investiga la privatización de Aerolíneas Argentinas pidió que declaren como imputados dos ex directivos y un directivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por presuntas irregularidades en la utilización de los fondos públicos concedidos por ese organismo para la cancelación de las deudas de la compañía. En un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, la Fiscalía se adhiere a la petición del abogado Rafael Caro Moya de que se llame a declarar como imputados a Pablo Olivera, Juan Massé y Juan Gurbindo, que en 2001 desempeñaban los cargos de vicepresidente, director general y director de Administración y Recursos de la SEPI, respectivamente.

La petición de la Fiscalía no implica que los afectados sean citados finalmente como imputados, ya que la decisión corresponde a la jueza. Quiere que se interrogue a los directivos sobre el documento que “pretendidamente” firmó la sociedad estatal en octubre de 2001, por el que se entregaban 300 millones de dólares a Interinvest, la propietaria entonces de Aerolíneas, para cancelar deudas de la empresa. Según el escrito de la Fiscalía, ese documento no fue remitido por la SEPI al Tribunal de Cuentas para la elaboración del primer informe de fiscalización sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas. Además, la investigación señala que Air Comet, la empresa que se adjudicó Aerolíneas en el proceso de privatización, utilizó el dinero de la SEPI para comprar los créditos de los acreedores de la compañía aérea, lo que le permitió convertirse en el principal acreedor en el procedimiento de suspensión de pagos que se tramitaba entonces en Argentina. De esta manera, Air Comet logró que se aprobase el convenio de acreedores de Aerolíneas con una quita del 60 por ciento y un pago del 40 por ciento de las deudas. “Tal forma de proceder podría suponer asimismo un cambio penalmente relevante en el destino de los fondos públicos gestionados por SEPI en relación con lo expresamente autorizado por el acuerdo de privatización aprobado por el Consejo de Ministros”, señala la Fiscalía.