Si Marsans no estuviera de acuerdo con recibir un valor simbólico por las acciones de todo el grupo Aerolíneas, tal como anticipó, podría concretar su amenaza de ir a los tribunales locales e internacionales para objetar la operación. Algo que entraña el riesgo de un eventual resarcimiento futuro, pero que no impediría concretar el rescate accionario tal como lo planeó el Poder Ejecutivo junto a los legisladores oficialistas. “Claro que acudiremos a la Justicia local y a los tribunales internacionales”, advertía ayer el apoderado Vicente Muñoz, horas antes de que se formalizara el ingreso de aquel proyecto en la Cámara de Diputados. Cualquier proceso judicial para discutir la operación lleva un tiempo y su resolución favorable a los españoles podría entrañar el pago de una indemnización millonaria. Pero, al menos hasta ahora, los españoles no plantearon ninguna batalla para retener la propiedad. Lo que sí buscan es no perder soberanía sobre la gestión, mientras esté en funciones el directorio que aún integran y dominan con mayoría. “Somos legalmente responsables de todo lo que se haga, aunque haya un comité de transición. No podemos quedarnos tranquilos marginados de la gestión”, advierte el vocero local de Marsans.