La jornada comenzó tranquila en el Hospital Argerich, cuando Donato Spaccavento llegó a su oficina luego de haber reasumido como director. Eran las 8 de la mañana, pero con el correr de las horas el sector administrativo fue escenario de un sainete. No había pasado ni una hora cuando apareció Néstor Pérez Baliño, director general del Area Sanitaria número 1 de la ciudad. El funcionario, técnicamente un superior de Spaccavento, dijo que acudió para garantizar el buen funcionamiento del hospital, pero ante los medios anunció la intervención del centro asistencial. El juez Roberto Gallardo verificó que Pérez Baliño violó la medida cautelar con la que repuso a Spaccavento en su cargo, envió a la policía y dispuso un vallado que dejó a los funcionarios de la intervención afuera del hospital, bastante molestos y anunciando que el asunto no iba a quedar así. El conflicto de poderes se había instalado.

Como informó Página/12, Spaccavento había regresado al hospital de La Boca el viernes, cuando se hizo el acto de “restitución judicial”. Allí, tomó posesión de la dirección y en ese momento no surgió inconveniente alguno. Ayer, cuando estaba a punto de comenzar con sus tareas se encontró con tres personas, el director del Area Sanitaria y otros dos que no conocía. El repuesto director del Argerich habló desde su despacho con un programa de radio y dijo que su actitud no era una revancha, que no ganó nadie sino que estaba pendiente la resolución de fondo de su situación, así como la de los demás directores de hospitales a quienes las autoridades de salud porteñas les pidieron la renuncia. Pero al mismo tiempo, desde otra oficina del hospital, Pérez Baliño afirmaba al mismo programa que estaba esperando la firma del decreto que lo iba a nombrar interventor. La insólita situación dejaba abierto el interrogante acerca de quién estaba a cargo del hospital. Ambos se atribuían el control de la administración del centro asistencial preferido por el ex presidente Néstor Kirchner.

“Estoy acá avalado por la Justicia y por la ley. No hay motivo para intervenir el hospital. Para que eso ocurra debe haber una causa sanitaria, edilicia o administrativa que lo justifique”, dijo Spaccavento, que había vuelto a su puesto porque el juez Gallardo dispuso la semana pasada una medida cautelar que lo benefició, al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por el funcionario contra el gobierno porteño. El director del hospital, que ejerció funciones desde 2002, había sido desplazado el 23 de octubre pasado durante un proceso iniciado por el gobierno porteño para recambio de autoridades, pero se presentó ante la Justicia para volver a su función. Por su parte, Pérez Baliño aseguró que la intervención se prolongará hasta que se resuelva el conflicto judicial. “El director del hospital sigue siendo Spaccavento, pero el gobierno decidió intervenir para garantizar los procesos administrativos, en los cuales se había producido un vacío que podía perjudicar el normal funcionamiento del hospital”, explicó el funcionario, de quien dependen once hospitales porteños.

El juez Gallardo tomó nota de estas declaraciones, según explicó a Página/12 una fuente judicial. Más tarde el magistrado fue informado de una reunión que hizo Pérez Baliño con la plana mayor del personal médico y excluyó a Spaccavento. “Esto constituye una violación de la medida cautelar”, explicó la fuente. Por lo tanto, Gallardo ordenó que la policía identificara a quienes participaron de la reunión y que pusiera un vallado dentro del hospital de manera que las tres personas de la intervención quedaran afuera. La dirección había sido recuperada, no sin generar algunos gritos y la amenaza de convocar al ministro de Salud. Spaccavento le informó luego al juez que el hospital estaba funcionando en forma normal, más allá del forcejeo por el control territorial de la dirección.

“Macri le quitó al acto de renunciar el principio de voluntad que debe sostenerlo, abusaron de mi buena fe, cuando presenté mi renuncia fue con un fin y lo utilizaron para otro”, dijo Spaccavento, quien denunció que se lo “coaccionó a renunciar” y que su dimisión “fue pedida con un fin y lo utilizaron para otro”.