[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Un llamado del entonces presidente Néstor Kirchner a Caracas, Venezuela, donde hacía apenas cinco meses había recalado como embajadora, le propuso el inesperado desafío de hacerse cargo del Ministerio de Defensa. Mujer, orgullosa integrante de la militancia de los ’70, aunque nunca formó parte de Montoneros, y para colmo con buenas relaciones con Hugo Chávez, tenía el perfil para desatar todos los fantasmas. Poco más de tres años después, Nilda Garré sigue ocupando el inconmensurable despacho del piso 11 del Edificio Libertador, ahora bajo el mando de Cristina Fernández de Kirchner. Superó más de una turbulencia, decidida a imprimir cambios estructurales en un área donde al mismo tiempo se activaron los juicios por delitos de lesa humanidad contra los represores. La instauración de un nuevo sistema de justicia militar, la reactivación de la industria para la defensa, la reformulación de la inteligencia militar y la creación de una agencia logística que planifique y centralice las compras son algunas de esas políticas que intentan bosquejar un largo plazo. En la coyuntura, a pesar de su larga trayectoria –con 27 años fue diputada nacional en el ’73– se ofusca cuando se le pregunta por el supuesto “poskirchnerismo” en el que la colocan algunas versiones. “Esa es una canallada”, dice y destaca: “Estamos transitando el kirchnerismo en pleno ejercicio de las funciones de la presidenta de la Nación”.

–Usted sacó una resolución prohibiendo a las Fuerzas Armadas que alojen a procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, pero todavía sigue habiendo presos en unidades militares...

–Sí, todavía hay. Nosotros no recibimos nuevos presos porque la situación nos estaba haciendo incumplir la legislación vigente. En las misiones de las Fuerzas Armadas no figura la custodia de presos y las leyes le asignan esa responsabilidad al Servicio Penitenciario Federal. Con autorizaciones de los jueces trasladamos a los presos al penal de Campo de Mayo y para evitar el absurdo de que militares fueran cuidados por militares, muchas veces por inferiores en jerarquía, hicimos un convenio con el Ministerio de Justicia y ese penal está custodiado por el Servicio Penitenciario Federal. En Córdoba, por ejemplo, tenemos algunos presos. Como el penal de Campo de Mayo está lleno, habrá que esperar que los jueces definan sus traslados. Lo que marcamos es que no podía haber decisiones que nos obligaran a violar normas. Todo nos parecía mal. Además de que la gente que practicó el terrorismo de Estado siguiera estando en contacto con integrantes de las fuerzas y, de alguna manera, abogando por las virtudes de lo que fue su acción perversa y asesina. El hecho de que fueran superiores llevaba a un resentimiento total de la lógica de la disciplina, del cumplimiento de normas.

–Resulta incomprensible que los jueces legitimaran ese fuero especial...

–Algunos jueces habían argumentado cuestiones de seguridad. Quedó demostrado con un hecho lamentable de un hombre de la Prefectura (la muerte de Héctor Febres) que la seguridad no estaba garantizada en las unidades militares. Más bien lo contrario: podían facilitarse maniobras perversas. Estamos a la espera de que los jueces terminen de trasladar a los detenidos a los lugares que la ley determina.

–En marzo entra en vigencia en nuevo sistema de Justicia militar, ¿qué cambios implica en la estructura de las Fuerzas Armadas?

–Cambian sustancialmente no sólo los derechos y obligaciones sino la estructura organizativa. Durante muchos años algunos se opusieron a una reforma del sistema de Justicia militar, entendiendo que el juzgarse a sí mismos, el tener un fuero especial –algo absolutamente inconstitucional– era un privilegio que valía la pena conservar, sin darse cuenta de que estaban absolutamente indefensos en el marco de sus propios jueces. Muchas veces los sectores de mayor poder o graduación podían tener una influencia sobre las decisiones que dejaban indefenso al imputado, que además no tenía defensa letrada, que era defendido por otro camarada que no tenía los elementales conocimientos del derecho para hacerlo.

–De hecho, Luciano Benjamín Menéndez sigue reclamando la Justicia militar como el único fuero con atribuciones para juzgarlo...

–Eso es inaceptable. Por supuesto para lo que son faltas disciplinarias deben haber tribunales dentro de las organizaciones, pero siempre con derecho a la defensa. Para los delitos están los jueces que juzgan a los ciudadanos del país, con el Código: salvo cuando ser militar o integrante de una fuerza de seguridad se considere un agravante –por ejemplo el uso de armas o un homicidio con una arma que sea provista por la institución–. Hoy en día con los principios del debido proceso y del Estado de derecho esos fueros especiales son inadmisibles. Muchas veces las decisiones de esos tribunales eran arbitrarias, productos de juegos de poder, de influencias, de jerarquías. Lo vimos claramente en el caso del soldado Omar Carrasco, donde el entorno militar pretendía condicionar las declaraciones de los testigos. Uno de ellos llevó el tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y consiguió que la comisión instara al Estado argentino a modificar esta legislación. Nosotros, cumpliendo con esos compromisos, impulsamos este cambio. Se había intentado varias veces pero misteriosas razones, miedos al cambio, temores, dudas lo habían impedido. Debo admitir que no nos resultó tan difícil. Encontramos –eso sí fue una maravilla– una comisión de juristas con un gran compromiso de trabajar ad honorem en el tema. Si no hubiese sido por ese impulso que le dieron Raúl Zaffaroni, Alberto Binder, Alejandro Slokar, la gente de la Cruz Roja Internacional, varias ONG que también participaron como el CELS, podría haber sido un fracaso. Estamos muy agradecidos a la comisión. Se derogó la pena de muerte, que aunque no se aplicaba, estaba en el derecho positivo.

–La decisión de Defensa de revisar cada uno de los ascensos, retiros y traslados de cada fuerza ha generado ruidos...

–Esas son facultades del comandante en jefe. En este caso la presidenta de la República y, obviamente, para un asesoramiento adecuado el ministerio tiene que hacerse su propia opinión sobre las propuestas que elevan las fuerzas. Es un proceso complejo, lento, que empieza a mitad de año y debería empezar antes para poder terminarlo antes de diciembre, y darle más margen al Congreso. Hacemos una tarea muy exhaustiva, pedimos todos los antecedentes a la Secretaría de Derechos Humanos, a otros organismos de derechos humanos, investigaciones en curso vinculadas a hechos de corrupción y también a investigaciones sobre abuso de autoridad o acoso sexual. Todo esto forma parte de un análisis. Si bien las fuerzas lo hacen, nosotros lo completamos, es una responsabilidad del ministerio.

–Justamente, en los últimos ascensos elevados por Defensa, la Presidenta no avaló a todos los propuestos.

–La Presidenta –y el Presidente antes– siempre hace modificaciones. Es habitual y hace al ejercicio de las atribuciones constitucionales que tienen.

–Se habló de la influencia del ex jefe del Ejército Roberto Bendini, vetando algunos nombres.

–Esas cosas son inaceptables porque cualquiera que conozca la firmeza con que la Presidenta toma decisiones sabe que es imposible pensar que sea algún militar en actividad o retirado el que pueda influir en sus decisiones, que son absolutamente autónomas y basadas en su convicción sobre la conveniencia o no de determinados perfiles para llegar a ser oficiales superiores de las Fuerzas Armadas.

Puertas adentro

–¿Qué cambios implica para la organización de las Fuerzas Armadas la creación de la Agencia Logística de la Defensa?

–El presupuesto era algo no controlado por el Ministerio de Defensa. Las fuerzas hacían el presupuesto, lo pasaban a Defensa, Defensa a Economía, Economía asignaba unos cupos que Defensa volvía a recibir y le daba a cada fuerza. Las compras también se manejaban de esa manera. El que había logrado más presupuesto compraba más cosas sin articular con el ministerio ni con las otras fuerzas, sin practicar las necesidades de la acción conjunta. Nos pareció que había que cambiarlo totalmente. Primero hay que ver qué se necesita. Si el planeamiento lo vamos a hacer en conjunto hay que ver qué va a comprar cada fuerza en función de las necesidades del mismo. Además, al haber una agencia integrada por miembros de las tres fuerzas para realizar compras conjuntas, el Estado tiene más posibilidades de lograr mejores condiciones. Esto, a su vez, les va a garantizar más transparencia a las compras, que siempre es un tema complicado.

–Justamente la denuncia que usted hizo ante la Justicia y que implicó el pase a disponibilidad de más de treinta altos oficiales fue por corrupción en las compras...

–Había hábitos que se consideraban naturales, pero lo que ocurre siempre es habitual, pero no natural en la medida en que puede dar lugar a ilícitos. Estaba instalado que se compraba con los mismos proveedores siempre, dirigiendo un poco las adjudicaciones, eran prácticas que había que desterrar. Pero a esta agencia logística no la determinó este tema. La razón determinante es la necesidad de planificar las compras en un sector que tiene recursos escasos, porque este país tiene que priorizar las áreas sociales, económicas, productivas. La Defensa no tiene derecho de gastar mal y gastar de más. Tenemos la obligación de ser eficientes, eficaces y transparentes. Espero crear el instrumento adecuado para hacer una reforma profunda del Estado en la forma de comprar en el área de Defensa.

–Con respecto a la denuncia por hechos de corrupción, ¿qué montos se estima que se malversaron?

–Una estimación muy inicial, que no es definitiva de ninguna manera, de las compras que se analizaron, que no son todas sino el muestreo, era de alrededor de 50 o 60 millones de pesos.

–¿Cuál fue el resultado de las auditorías que ordenó el ministerio por las obras que realizó la Armada para el traslado de las escuelas que funcionaban en la ESMA a Vicente López?

–La verdad que no tengo exactamente presentes los resultados de los sumarios.

En el Cono Sur

–Defensa ha encarado una política de afianzamiento de las relaciones bilaterales en América latina. ¿Cómo analiza la formación del Consejo de Defensa que propuso Brasil en el marco de la Unasur?

–La Presidenta firmó el documento constitutivo. Nos pareció que a esta zona, de paz afortunadamente, le faltaba coordinación en las áreas de Defensa. Si bien Brasil había empezado a pensar esta idea antes, el conflicto Colombia-Ecuador aceleró esta decisión. Es un ámbito donde los ministros de Defensa pueden analizar, discutir, buscar acercamientos, convenios y, además, no sólo articularse una industria de la defensa que siempre va a dar mayores dosis de autonomía, de soberanía a los países de la región, sino que además puede abaratar mucho los costos de los insumos que se necesitan en los distintos países. En la década del ‘90, nuestras industrias de defensa fueron destruidas como una decisión política. A Brasil le pasó algo parecido, el presidente Lula lo ha dicho. La idea es hacer en la región los aviones que necesitamos de entrenamiento básico, avanzado, o ver cómo aprovechamos nuestros astilleros. Hemos recuperado el Almirante Storni, ex Domecq García, y Tandanor, que había sido sometido a una privatización fraudulenta. Por suerte, pudimos impulsar el procesamiento de los responsables y esperamos que tengan sus condenas. Además, pudimos levantar el concurso preventivo y generar este complejo de industria naval que forman los dos astilleros que nos permiten estar conversando con industriales brasileños para la construcción de una cantidad de buques durante cinco años que van a ser apoyo de las plataformas petroleras de Brasil.

–En el caso del Area Material Córdoba, ¿cuáles son los proyectos concretos?

–Hemos mandado a Presidencia un proyecto de ley muy simple porque en realidad hay un acuerdo entre la empresa que se retira, la Lockheed, y el Estado nacional, pero tiene que ser autorizada la transferencia de acciones por el Congreso. Las posibilidades del Area Material Córdoba, que fue tan importante, que llegó a tener miles de empleados –hoy apenas llegan a mil–, que produjo modelos importantísimos como el Pulqui. Todo eso se fue achicando, la Lockheed simplemente hizo el mantenimiento de aviones de la Fuerza Aérea y fabricó algunos Pampa, un avión de entrenamiento de calidades significativas que con un impulso mayor podría ser de interés para algunos países del mundo y la región. También hay una empresa alemana interesada en la repotenciación de tanques. Con Rusia, el último viaje de la Presidenta fue importante porque ellos querían hacer transferencia de tecnología para tanques. Los franceses están interesados en la modernización de misiles vencidos, Citefa ha hecho un desarrollo importante, todas esas cosas se han abierto a partir de la decisión de recuperar la industria de la defensa.

–Tanto Argentina como Brasil y Venezuela fueron muy críticos a la reactivación de la IV Flota por parte de los Estados Unidos, con la asunción de Barack Obama, ¿creen que puede haber algún cambio?

–No tenemos información, salvo la continuidad de Robert Gates (secretario de Defensa de Estados Unidos), eso indicaría que no va a haber modificaciones. Varios países de la región manifestamos nuestro disgusto, nuestra preocupación. La Presidenta lo planteó a visitantes norteamericanos. Se trata de una flota militar en una zona de paz en la que no están afectados intereses de los Estados Unidos. Yo se lo planteé al señor Gates en la reunión de ministros de Defensa, ahí estaba el almirante James Stavridis, jefe del Comando Sur; él nos insistió en que van a hacer tareas humanitarias. De todas maneras, seguimos pensando que las tareas humanitarias no requieren una flota militar. Hay que esperar que asuma Obama.