Un nuevo procesamiento por delitos de lesa humanidad sumaron el represor Jorge “Tigre” Acosta y algunos de los que lo secundaban en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex ESMA durante la dictadura, como Jorge Carlos Rádice, Pablo García Velasco, Eduardo Alberto González, Juan Carlos Rolón y Ricardo Miguel Cavallo.

El juez Sergio Torres les dictó la prisión preventiva y embargos por ocho millones de pesos por el secuestro y desaparición de seis personas con el objeto de apoderarse de bienes de la Sociedad Cerro Largo, en la causa abierta por la apropiación ilegal del predio Chacras de Coria (Mendoza).

Después de acariciar la libertad por un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que no llegó a ponerse en práctica, el Tigre Acosta fue procesado en una nueva causa por la que ya fue indagado, junto a sus subalternos en el campo de concentración de la Armada: el 5 de enero pasado “negaron en forma breve y genérica las imputaciones”, se manifestaron “completamente ajenos” a los hechos investigados y se mantuvieron en silencio cuando debieron contestar las preguntas que tenían preparadas los investigadores.

Antes, el pasado 15 de diciembre, el magistrado había elevado a juicio oral y público a los seis represores, junto con Eduardo Enrique Massera, hijo del almirante Eduardo Massera, integrante de la junta militar que asoló al país.

El juez Torres investiga los hechos vinculados al secuestro de Conrado Higinio Gómez, ocurrido el 10 de enero de 1977. Según el expediente, uno de los objetivos del grupo de tareas que comandaba Acosta era “apoderarse de los bienes de la Sociedad Cerro Largo” integrada por las víctimas, forzadas a firmar “documentación espuria” para desapoderarlas de sus bienes. Las propiedades pasaban luego a manos de los represores, que actuaban con nombres falsos, como Juan Héctor Ríos (Rádice) o Federico Williams, nombre con que operaba el represor Francis Whamond, que a su vez estaban “nucleados bajo una apariencia societaria que denominaron Willri”. La mayoría de los secuestros se ejecutaron en la ciudad de Mendoza, de donde eran oriundas las víctimas, cerca de la localidad de Chacras de Coria, mientras que Palma fue privado ilegalmente de su libertad en su domicilio particular de la localidad bonaerense de Hurlingham.

De la investigación se desprende que Gómez fue objeto de torturas y “métodos extorsivos” para obligarlo a firmar contratos de cesión de sus propiedades, entre las que se encontraba el predio conocido como “Chacras de Coria”, en una exclusiva y conocida zona residencial mendocina valuada en 15 millones de pesos, incluidos los caballos pura sangre que Gómez criaba en sus campos.