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La Cámara Federal de Bahía Blanca se apartó de la doctrina que intentó establecer la Cámara Nacional de Casación Penal en el fallo “Díaz Bessone” –que habilita la excarcelación de imputados en crímenes de lesa humanidad mientras no se demuestre que su libertad pone en peligro las investigaciones ni implique riesgos de fuga– y le denegó la liberación al ex comisario Héctor Arturo Goncalvez, procesado con prisión preventiva por su actuación durante la dictadura en las filas de la policía de Río Negro.

“La gravedad de los delitos que se le atribuyen” lo hará “proclive a la fuga”, consideraron Angel Argañaraz, Ricardo Planes y Augusto Fernández. Los magistrados consideraron “el derecho de las víctimas del delito a la pronta realización del juicio” y remarcaron que “la necesidad de la detención debe conllevar el parejo esfuerzo del poder jurisdiccional a fin de lograr –por la prisión cautelar– en el menor tiempo posible la solución del conflicto del encausado con la ley penal”.

El fallo se inscribe en la línea fijada por la Cámara Federal porteña, pero contraría el criterio de la mayor parte de los jueces de Casación, que permitieron excarcelar a los jefes de los principales centros clandestinos de La Plata y autorizaron incluso la liberación de los marinos Astiz, Acosta y otros, suspendida por la apelación del fiscal Raúl Plé y que ahora deberá resolver la Corte Suprema de Justicia.

Hace dos décadas la Cámara Federal bahiense fue la primera en declarar la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. En los últimos meses, en cambio, trascendió por actitudes antisindicales, abusos de autoridad y condiciones de trabajo humillantes, que la Unión de Empleados de Justicia de la Nación denunció ante el Consejo de la Magistratura.