El fiscal federal Jorge Di Lello pidió que sean sometidos a juicio oral y público un empresario y un abogado acusados de haber intentado sobornar al diputado nacional Héctor Recalde (foto) para que los vales alimentarios (“ticket canasta”) formen parte del salario de los trabajadores. En un dictamen de 24 carillas, Di Lello le pidió al juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid que “se declare clausurada la instrucción” y se “eleve a juicio la presente causa” respecto del empresario Santiago Lynch y del letrado Miguel Gutiérrez Guido Spano. La causa se inició el 7 de noviembre de 2007 cuando Recalde, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, pidió que se investigara “la posible comisión del delito de cohecho pasivo” (pago de coimas o sobornos) para obstaculizar o impedir la sanción de la ley por la cual los vales adquirirían “naturaleza remunerativa”. De acuerdo con la denuncia, Gutiérrez Guido Spano, argumentando actuar en nombre de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios y Similares (Cevas), habría hecho una insinuación a Mariano Recalde, también abogado, hijo del legislador y asesor de la comisión; relacionada con el tratamiento de la ley. Se organizó una nueva reunión en la cual Recalde, con la ayuda tecnológica provista por el Estudio Wortman Jofré e Isola, procedió a grabar la conversación que mantuvo con Gutiérrez Guido Spano donde “le ofreció una dádiva a fin de que su padre modificara su actitud frente al proyecto que había redactado”. La primera propuesta (a la que calificaban como “bicicleta”) consistía en “cajonear” el proyecto y por la cual recibiría “una suma mensual o pago único”; la segunda (bautizada “pick up”) era para decretar la “inembargabilidad e intangibilidad” de los tickets y la tercera (denominada “Mercedes Benz” o “avión”) para “hacer obligatorio el pago de tickets a todos los trabajadores que cobrasen menos de dos mil pesos.