La sociedad política entre Francisco de Narváez y Maurizio Macri, auspiciada por Eduardo Duhalde y con participación de Luciano Miguens y Hugo Biolcati, es la etapa superior de una sociedad de negocios, que según denuncian varios de los miembros de la Sociedad Rural Argentina, entre ellos el ex presidente Eduardo de Zavalía, está vaciando el patrimonio de la entidad. Macri es el recién llegado a la fiesta, pero su rol no es menor, porque del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depende la autorización para convertir en un espectacular negocio inmobiliario un predio de doce hectáreas en la mejor zona de Buenos Aires. Macri aporta además la empresa de desarrollos urbanos capaz de concretarlo, manejada por el nuevo padrino de la familia, su primo Angelo Calcaterra, en asociación con el cual desalojó al antiguo patriarca, su padre Franco Macri, hoy radicado en China. Las causas judiciales “La Cassina” y “Solari Loudet”, del juzgado civil 90 de la jueza Lily Flah, y el expediente ante la Inspección General de Justicia en los que se investiga el trasvasamiento a esta sociedad de negocios del patrimonio de la asociación civil sin fines de lucro que hoy preside Biolcati son las principales fuentes de información para este artículo. Según los alarmados socios denunciantes, la Sociedad Rural podría terminar con un patrimonio negativo, lo que implicaría su disolución. El predio quedaría entonces en manos de las sociedades constituidas para ese efecto por De Narváez, quien entrega dinero con cuentagotas a sus compinches para tenerlos del cuello hasta la consumación del negocio.

Cuentas en desogden

Luego de conseguir la venta de las 12 hectáreas a un precio vil con el argumento de que se trataba de una asociación sin fines de lucro, la Sociedad Rural diseñó la creación de una sociedad comercial sin otro fin que el lucro, que a su vez empezó a buscar un socio capitalista. A fines de 1993 la Sociedad Rural hizo saber que formaría un consorcio con el Banco República y el CEI del escribano Raúl Juan Pedro Moneta (al que mencionaba como Citicorp, porque suena mejor) para explotar el predio de Palermo. Desde entonces Moneta tuvo a su cargo la organización de la exposición anual y diversos shows con caballos danzarines, gauchos e indios de pacotilla. Pero como su banco pronto comenzó a trastabillar, la UTE se constituyó con Ogden Argentina, una filial de Ogden Entertainment, del paraíso fiscal de Delaware, en los Estados Unidos. En 1995 la Sociedad Rural concedió el usufructo del predio por 30 años a esa UTE constituida en partes iguales por La Rural de Palermo SA y Ogden Argentina SA, con el compromiso de ejecutar las obras y pagar al Estado el saldo del precio adeudado. Ogden Rural construiría un gigantesco shopping de tres pisos, con 18 cines, bares y restaurantes, jugueterías, librerías, negocios de música, un teatro para 2500 personas, centros de entretenimientos y deportes, un parque de diversiones cubierto, juegos láser, mecánicos y simuladores y un estadio deportivo con capacidad para 7000 espectadores.

Gente generosa

En 1998 Ogden Rural obtuvo un crédito por 106 millones de dólares del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con la única garantía de la recaudación del proyecto y los derechos de usufructo sobre el terreno, pese a que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni siquiera había autorizado su construcción. El presidente del Banco era Carlos Sánchez y el gobernador Eduardo Duhalde. Lo que nunca se explicaron fueron las razones de tanta generosidad. El candidato a diputado nacional del Acuerdo Cívico y Social, Horacio Piemonte, quien entonces formaba parte del Frepaso, publicó un estudio según el cual la magnitud del beneficio y sus condiciones llevaban a pensar en “la existencia de retornos o de socios encubiertos”. El responsable de la Fundación Duhalde Presidente y uno de los principales directivos del Grupo Banco Provincia, Alberto Fernández, se negó a responder una pregunta de este diario respecto del aporte de Ogden a la campaña. En cambio este diario reveló el aporte de Ogden a la campaña presidencial de Fernando de la Rúa: 100.000 al Frepaso, que lo confirmó, y 200.000 a la UCR, que guardó cauto silencio. El otorgamiento irregular del crédito provocó la renuncia al directorio del Bapro de Victorio Migliaro, quien sostuvo que sus recursos debían concentrarse en el financiamiento de emprendimientos productivos en la provincia y objetó el tratamiento sumarísimo del expediente, impulsado por Duhalde, quien llevaba en sus listas para las elecciones presidenciales de 1999 al director del Banco Provincia por la Sociedad Rural, Juan Anchorena. Aun así las denuncias de la Comisión de Vecinos de Plaza Italia, la Asociación Amigos del Lago de Palermo, la Fundación Ciudad y la Agrupación por una Ribera Natural, paralizaron las obras. La Ciudad objetó la construcción de los cines y Ogden adujo que sin ellos el proyecto no era lucrativo. Village Cinemas inició juicio por 1,6 millones de dólares más lucro cesante. En sus últimos meses como jefe de gobierno, De la Rúa intentó desafectar los terrenos de la Rural de la zonificación como espacio verde. La Legislatura no lo aprobó y las obras quedaron interrumpidas, con un enorme pozo como símbolo del emprendimiento fallido. A mediados de 2001 el entonces presidente de la Sociedad Rural, Enrique Crotto, anunció que había logrado consensuar con Aníbal Ibarra el cambio de zonificación, lo que autorizaría a realizar “construcciones complementarias” al uso principal. “Ya desistimos de los cines, sabemos que perdimos”, dijo Crotto, y anunció la apertura de dos nuevas cuadras en la prolongación de la calle Darregueira, con restaurantes, bares, cafés, galerías comerciales y un hotel cinco estrellas. Otra presentación judicial de los vecinos de Plaza Italia disolvió el flaco consenso entre los legisladores y obligó a postergar una vez más el negocio. En ese momento, Ogden Corporation anunció en Estados Unidos su convocatoria de acreedores. Allí apareció De Narváez.

El nuevo patrón

Ante la convocatoria de su socio estadounidense en Ogden Rural, la Rural de Palermo tenía la primera opción de compra de sus acciones. Moneta intentó adquirir ese derecho, pero la Sociedad Rural no se lo vendió, porque ya no garantizaba un buen acceso al poder. Como la Sociedad Rural no estaba en condiciones de adquirir esas acciones, ya sobre la fecha de la subasta aceptó la propuesta de Alejandro Shaw y Francisco de Narváez. Según explicó Biolcati durante la asamblea ordinaria en septiembre de 2003, “representaban capital argentino, a empresarios conocidos acá, de trayectoria, personas físicas, caras visibles”. Esa alegada visibilidad se perdió más temprano que tarde en el juego de espejos de compañías controladas y vinculadas, de aportes misteriosos, socios ocultos y balances incompletos. La negociación se hizo a nombre de Shaw Capital S.A., pero luego el derecho de preferencia para comprar en los tribunales de Nueva York las acciones de Ogden Argentina fue cedido a De Narváez. Lo hizo mediante otra curiosa combinación de cajas chinas. El 95 por ciento de ese paquete fue adquirido por la sociedad Boulevard Norte S.A. y el 5 por ciento restante por De Narváez mismo. Pero en realidad Boulevard Norte es otra configuración del propio De Narváez, que posee el 90 por ciento de sus acciones, mientras el 10 por ciento remanente que le da la apariencia de una sociedad anónima está en manos de un antiguo empleado suyo en Casa Tía, Mario Papini. Biolcati dijo que “figura allí” que De Narváez pagó apenas 500.000 dólares pero que desconocía “el valor económico real” del paquete “por cuanto no sabemos qué otro contenido tenían esas acciones de Ogden Argentina Sociedad Anónima (OASA), que no necesariamente ni solamente eran un vehículo para la propiedad de Ogden Rural Sociedad Anónima (ORSA), sino que además tenía otros bienes y otras obligaciones y desconocemos si había otros negocios cruzados”. De Narváez se hizo cargo de pagar o refinanciar la deuda con el órgano estatal que administra los bienes del Estado (el Onabe) y absorber las deudas de la Sociedad Rural con ORSA, que le había adelantado dos millones de dólares para la cuota anterior con el ONABE. También se comprometió al pago de un adelanto de 60.000 dólares mensuales durante cinco años, que la Rural debería devolver con la mitad de las utilidades que percibiera por el emprendimiento, que no generaba ninguna. Es obvio que se trata de una inversión a largo plazo, que recién dará frutos cuando se realice el negocio inmobiliario. Al mismo tiempo, agregó Biolcati, la Rural logró renegociar su parte de la deuda con el Banco Provincia. Cuando estaba por cerrarse el trato, el presidente del Banco Provincia, Jorge Sarghini, con el respaldo del gobernador Felipe Solá, exigió “primero con suavidad y después cada vez con más energía”, la garantía hipotecaria que Duhalde no había requerido para otorgar el crédito original. Como la Sociedad Rural se negó, en febrero de 2003 el Banco presentó una demanda ejecutiva por el total de la deuda, que sumando intereses pasaba de 100 millones de pesos. El Banco Provincia ganó el juicio, que fue apelado. Tal vez este episodio explique las dificultades que Solá ha encontrado en la relación política con De Narváez y las humillaciones a que fue sometido Sarghini, quien terminó por rechazar el puesto en el final de la lista de candidatos que le ofrecieron.

Durante la asamblea de la Sociedad Rural, el socio Roque Luis Cassini mocionó que no se aprobara el estado patrimonial porque estaba en juego “la propia existencia de la Rural como persona jurídica y como institución representativa del sector agropecuario”, que podría pasar a tener “un patrimonio neto negativo y la consecuencia de ello podría llegar a que pasemos a ser una sociedad técnicamente disuelta”. Su principal argumento, que recién pudo exponer luego de una larga gritería, fue que al faltar los estados contables de Ogden Rural era imposible aprobar el de la Sociedad Rural, ya que “el principal de sus activos contables, el predio ferial de Palermo, no figura en ningún lado”. Agregó que el nuevo socio, Boulevard Norte, poseía las únicas mil acciones preferidas Clase C. “Esto hace imposible que la Sociedad Rural, por intermedio de su controlada, La Rural de Palermo, propietaria del 50 por ciento de las acciones de Ogden Rural, obtenga alguna utilidad algún día” ya que esas acciones preferidas otorgaban a De Narváez el derecho acumulativo “al cobro preferente de utilidades por la suma de 5 millones de dólares al año, neto de la aplicación del impuesto a las ganancias”. En su posterior acción legal, Cassini y sus peritos explicaron que la negativa a consolidar las cuentas de las distintas sociedades armadas para explotar el predio (amparándose en que la Sociedad Rural es una asociación civil y no una sociedad comercial) impedía sacar conclusiones fiables, ya que “constituyen a la luz del principio de realidad económica un grupo económico, que debe ser analizado como tal y no como entidades separadas, independientes y autónomas”, ya que “toda decisión comercial, financiera, jurídica, fiscal que afecte a cualquiera de las sociedades tiene un impacto económico indefectible en la Sociedad Rural Argentina”. El ejemplo que puso de ello fue contundente: según el balance al 30 de junio de 2006, en sólo tres años la Sociedad Rural perdió la mitad de su patrimonio neto, que pasó de 80,6 a 40,7 millones de pesos. “O sea, desde junio de 2003 viene perdiendo un promedio de más de 13 millones de pesos por año. La razón principal de tales pérdidas es la cuantiosa reducción del valor de su controlada La Rural de Palermo SA, “por lo que se deduce sin temor a equivocaciones que Ogden Rural SA sigue generando monumentales pérdidas, ya que ésta es la principal inversión y razón de ser de la primera”. En la asamblea de 2004, el socio Federico Palacio preguntó qué seguridad podían ofrecer Miguens y Biolcati de que la Sociedad Rural no perdería su autonomía dados “los proyectos políticos del principal inversor”.

Un mundo sin periodistas

También formularon reparos Alfredo Raffo, como apoderado del socio Roberto Wolfgang Romer, y la socia Alicia Lorenzo de Romer, quien dijo que el objetivo de la Sociedad Rural era defender al sector agropecuario y no el manejo de sociedades comerciales que desviaban “el objetivo de una entidad de 140 años. A su vez, los mismos directores tienen la poca prolijidad de pasar a ser directivos de esas sociedades que tienen fines de lucro. Menos mal que hoy acá no hay periodistas, y ojalá que no haya un periodista afuera, porque la imagen de la Sociedad Rural cambiaría mucho si se enteraran de esto”. En medio de la gritería, la socia Laura Benincasa de Hertelendy deploró que en 2001, cuando La Rural de Palermo SA tuvo un quebranto de 5,8 millones de dólares, los directores Enrique Crotto, Juan Ravagnan, Carlos Hubert y Jaime Bernasconi cobraron honorarios por casi medio millón, y los siguieron cobrando en los años siguientes. Esos honorarios no fueron pagados por La Rural de Palermo SA sino por la Sociedad Rural Argentina y constan en sus libros como anticipos. El peritaje presentado por Cassini en el juzgado dice que “con ese mecanismo se da el curioso hecho de que una entidad sin fines de lucro aparece financiando a una sociedad que tiene por fin lucrar con el usufructo de un bien de su propiedad y que tiene como directores rentados a algunos de sus socios, cuyos honorarios son financiados mediante los aportes de sus consocios, que son los que sostienen a la entidad sin fines de lucro”. El balance fue aprobado por 120 a 44 votos y 6 abstenciones, luego de que el socio Lorenzo Donnelly recriminara la existencia de pactos de confidencialidad invocados para no entregar la información solicitada por muchos socios. Una de las groseras irregularidades denunciadas es que el mismo contador Eduardo Del Piano es auditor de la Sociedad Rural y síndico e integrante de la comisión fiscalizadora de Ogden Rural. En su primer rol dictaminó que las negociaciones para cancelar la deuda hipotecaria estaban bien encaminadas. Pero como síndico de Ogden Rural afirmó que de no llegarse a un acuerdo de refinanciación el Estado Nacional podría ejecutar el predio ferial de Palermo.

Conexión mexicana

La operación de pinzas culminó en 2004, cuando Boulevard Norte también compró el paquete accionario de La Rural de Palermo SA. De Narváez pasó a disponer así de la totalidad del usufructo del predio por un cuarto de siglo. A cambio se hizo cargo de la deuda refinanciada con el Banco Provincia, ofreció adelantar los 4,2 millones que la SRA aún le debía al Estado por la compra fraudulenta y se comprometió a prorrogar hasta 2025 el pago del canon de 60.000 dólares mensuales, además de permitir a la Sociedad Rural realizar en el predio su feria anual. En la Asamblea General Extraordinaria del 30 de abril de 2004, Miguens y Biolcati consiguieron la aprobación del convenio de refinanciación con el BAPRO y luego la venta a Boulevard Norte. Una vez más hubo un grupo de socios que impugnaron las decisiones y denunciaron que se había violentado su derecho a la información y que los intereses de la Sociedad Rural se subordinaban a los de algunos de sus socios y directivos. Para llevar adelante la inversión, De Narváez abrió negociaciones con el grupo mexicano Corporación Internacional de Entretenimientos (CIE), organizador de shows musicales y propietario de radioemisoras, cuyo ex socio argentino, Daniel Grinbank, lo denunció ante la justicia por lavado de dinero. Durante la asamblea el ex presidente de Zavalía fustigó el acuerdo con De Narváez: “La Rural se va a quedar con las responsabilidades y el que negocia con nosotros con las utilidades”, advirtió. Agregó que la Sociedad Rural ya había perdido por la asociación con Ogden un predio en Del Viso de 25 millones de dólares. “No te voy a contestar. Cuando vos fuiste presidente, Palermo era un baldío”, le respondió Miguens. Los socios, desorientados, aplaudieron a ambos. Las obras siguen paralizadas hasta hoy, porque la Legislatura de la Ciudad y varios jueces no han autorizado la rezonificación. Sobre la parcela de la calle Darregueira, separada del predio original, sólo se han podido construir edificaciones de oficinas. En 2005, incluso, el juez contencioso administrativo Roberto Gallardo, objeto de la ira de sucesivos jefes de gobierno, clausuró todo el predio de la Sociedad Rural porque cuando fue a verificar la denuncia de un vecino sobre el pozo convertido en un criadero de ratas y mosquitos, descubrió que no contaba con la habilitación municipal definitiva. La Cámara de Apelaciones revocó el fallo. Ibarra lo amenazó con juicio político y Macri intentó quitarle las 400 causas que llevaba, en ambos casos en vano. El intendente interino Jorge Telerman envió a la Legislatura el pedido de rezonificación en los últimos días de su mandato y Macri confirmó su apoyo en 2008, pero no consiguió que se aprobara. La jueza Elena Liberatori rechazó un recurso de amparo de los vecinos pero dispuso que la cuestión se dirimiera en un juicio ordinario, de duración incierta. De allí la importancia de los acuerdos políticos de Unión-Pro entre De Narváez y Macri, quien en las elecciones del domingo 29 espera obtener una mayoría legislativa suficiente como para allanar ese obstáculo. La empresa familiar de emprendimientos inmobiliarios es Creurban, una de las que Franco Macri vendió para que los conflictos de intereses de su hijo jefe de gobierno no fueran estridentes. Quien se hizo cargo fue su sobrino, y primo hermano de Maurizio, Angelo Calcaterra, quien es el verdadero jefe del clan familiar, ahora que Franco se ha retirado del país.

De Narváez pagó los 60.000 dólares mensuales a la Sociedad Rural durante los dos años siguientes al convenio. La nota 7 a los Estados Contables de la Sociedad Rural de 2007 informa que De Narváez dejó de cumplir con ese pago en julio de 2006, por lo que Miguens y Biolcati lo intimaron mediante “reiteradas cartas documento a que se cumpla lo firmado entre las partes. Con intereses y al tipo de cambio de mercado, esa suma ascendía en julio de 2007 a 2.388.480 pesos. El 10 de agosto, De Narváez entregó 200.000 pesos a cuenta, lo cual marca el tipo de relación establecida entre el filántropo colombiano y la entidad que hoy apoya su lanzamiento político.

En 1995, la confusión entre una asociación
civil sin fines de lucro y una sociedad
comercial.

A partir de 2004, la Sociedad Rural es
tomada de rehén por un nuevo patrón,
que se queda con el usufructo total del
predio de Palermo y la subordina a sus
fines políticos.