El predio es parte del Parque Tres de Febrero e integra “el dominio público del Estado Nacional”. Al enviar al Congreso la ley 658, de creación del Parque, en 1874, el presidente Domingo Sarmiento sostuvo que su propósito era dar a la población de Buenos Aires “el ornato y comodidad” que el Bois de Boulogne de París, el Hyde Park de Londres o el Central Park de Nueva York “ofrecen no sólo a las clases acomodadas y al extranjero sino a millares de artesanos y sus familias”. Al año siguiente el predio hoy en litigio fue entregado gratuitamente por 20 años a la Sociedad Rural, que se fueron renovando periódicamente durante casi un siglo. Como “tierras de propiedad nacional”, correspondía sólo al Congreso disponer de su “uso y enajenación”. Pero el presidente Carlos Menem y su ministro Domingo Cavallo lo hicieron en 1991 por decreto, que formalizó la venta a la Rural de lo que consideró “un inmueble de dominio privado del Estado Nacional innecesario para su gestión”. El boleto de compraventa fijó un precio de 30 millones de dólares. El entonces presidente de la Rural, Eduardo de Zavalía, reconoció que los terrenos “pueden valer unos 300 millones de dólares”. Además concedió condiciones generosas de financiamiento, dado el carácter de entidad civil sin fines de lucro de la Rural y el compromiso que asumió de limitar el uso del predio al funcionamiento de un Centro Internacional de Exposiciones y Congresos. El propio boleto reconocía que las construcciones planeadas contradecían lo establecido para las zonas parque por el Código de Planeamiento y dejaba a cargo de la Sociedad Rural obtener del gobierno municipal la rezonificación del predio “necesaria a efectos de permitir la realización del proyecto”. Esto ha sido origen de una interminable serie de negociaciones y corruptelas entre los propietarios del predio y los sucesivos gobiernos porteños de Fernando De la Rúa, Aníbal Ibarra y Macri. La escritura traslativa de dominio se firmó el 27 de mayo de 1992. El mismo día se constituyó con un capital de 12.000 pesos “La Rural de Palermo Sociedad Anónima”. La Sociedad Rural Asociación Civil sin fines de lucro suscribió el 99 por ciento del capital de La Rural de Palermo Sociedad Anónima, cuyo objeto social es “generar la explotación de ferias, exposiciones y congresos, de hoteles y locales gastronómicos en todos sus ramos, de espectáculos y de sus afines o derivados, por cuenta propia o de terceros y/o asociada con terceros, pudiendo a tales efectos realizar sin limitación toda actividad conexa”. El presidente ad honorem de la Asociación Civil, Enrique Crotto, fue designado director asalariado de la sociedad comercial, con lo cual la confusión entre el interés social y el privado fue completa. Los peritos de la Corte Suprema de Justicia Juan Bialet Salas y Mónica Grille dictaminaron que el terreno no valía menos de 131,8 millones de dólares y sostuvieron que la existencia de empresarios dispuestos a invertir allí no menos de 100 millones de dólares demostraba qué clase de regalo implicaba el precio de venta fijado. Por todo ello el juez federal Sergio Torres citó a indagatoria a Menem y Cavallo. Se negaron a declarar y, en marzo de este año, presentaron sus descargos por escrito. En los próximos días Torres deberá contestar el planteo de prescripción que parece ser la única escapatoria de ambos a un nuevo procesamiento.