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El represor Cristino Nicolaides deberá, al fin, enfrentarse hoy a las preguntas del juez Claudio Bonadío, quien investiga las desapariciones y asesinatos de veinte militantes montoneros entre 1978 y 1980. La audiencia no se realizará en tribunales, sino en el Hospital Militar, donde está internado el ex jefe del Ejército. En la misma causa, el Consejo de Ministros de España concedió la extradición a la Argentina de Claudio Scagliuzzi, ex personal civil del Ejército detenido desde hace un año por orden de Bonadío.
Bonadío ordenó el arresto de Nicolaides, último jefe del Ejército de la dictadura militar, a mediados de julio pasado, cuando mandó detener también a otros 43 represores, entre ellos al dictador Leopoldo Fortunato Galtieri. Durante ese mes, interrogó a la mayoría de los acusados pero Nicolaides –que ya estaba preso en su casa de Córdoba por robo de bebés– eludió el trámite. Primero se descomponía cada vez que el juez disponía que lo trajeran a Buenos Aires. Luego, sus abogados hicieron varias presentaciones judiciales para dilatar su presentación. Finalmente, hoy Bonadío indagará al represor.
En 1981, Nicolaides reconoció en una conferencia de prensa que “había desarticulado dos células guerrilleras que habían logrado ingresar al país pese al férreo control de fronteras”. “Yo he tenido la oportunidad de hablar con uno de esos delincuentes y puedo asegurar que tienen un alto nivel de preparación en todos los sentidos”, aseguró. Por sus declaraciones autoincriminatorias, familiares de las personas que habían sido secuestradas cuando entraban al país dentro de la “contraofensiva” planeada por la cúpula de Montoneros en 1980, iniciaron un juicio contra el represor. Hasta hoy, Nicolaides no había respondido ante la Justicia por las muertes de, entre otros, Julio César Genoud, Verónica Cabilla, Angel Carbajal, Ricardo Zucker, Mónica Pinus de Binstock y Lorenzo Viñas. Investigadores de la causa especularon con que, después de que el Consejo de Ministros de España concediera la extradición de Scagliuzzi, el acusado podría estar en la Argentina la semana próxima. Scagliuzzi actuó como personal civil de Inteligencia del Ejército y está casado con la ex detenida Silvia Tolchinsky. El 5 de noviembre último, en una audiencia ante el juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional de España, Juan Del Olmo, el acusado aseguró: “Nunca he participado ni en secuestros ni en detenciones de persona alguna”.
En esta causa, en la que se investiga el accionar del Batallón de Inteligencia 601, hay veintiséis represores con prisión preventiva por formar parte de una asociación ilícita, apremios ilegales, privación ilegal de la libertad, reducción a la servidumbre y homicidio agravado por ensañamiento. Además de Galtieri, que era comandante en jefe del Ejército en 1980 y su segundo, Luciano Adolfo Jáuregui.
Bonadío también procesó a Carlos Guillermo Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo en 1978, y Carlos Alberto Roque Tepedino, ex jefe del Batallón 601. Dentro del batallón, la oficina identificada como “Central de Reunión” era la que recolectaba información y se ocupaba de la supuesta lucha antisubversiva. El jefe de ese sitio, Jorge Ezequiel Suárez Nelson, es otro de los procesados, como también Pascual Omar Guerrieri, a quien el juzgado considera el creador del grupo de tareas 2, que se encargó de reprimir a los montoneros.