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El Ministerio de Trabajo presidido por Graciela Camaño elevó ayer al Ejecutivo el proyecto de veto que restituye los regímenes jubilatorios especiales a jueces, diplomáticos y eclesiásticos que había sido derogado por el Congreso Nacional. De esa manera, la cartera laboral puso a la firma del presidente Eduardo Duhalde observaciones a la derogación aprobada en octubre cuando exceptuó a esos sectores del beneficio y fijó un tope de 3.100 pesos. Duhalde tiene tiempo hasta el lunes para vetar la ley que derogaba el régimen especial para funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, las asignaciones mensuales vitalicias para el presidente y vicepresidente de la Nación, y jueces de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo también eliminaba la asignación mensual vitalicia para determinadas jerarquías eclesiásticas, como los obispos. Desde el ministerio se argumenta que la ley “producirá una litigiosidad que será aún mayor que la que se quiso evitar”. La ley establecía un tope de 3.100 pesos, cifra sobre la cual el Ejecutivo había estado en desacuerdo porque determinaba “una indebida generalización”, y que el Gobierno “había planteado solamente para los casos en los que los requisitos de obtención del beneficio hubiesen sido menores a los generales”.