Con la antesala desbordada de periodistas y camarógrafos, una asistente apuntalaba la llegada de dos personalidades que inaugurarían la séptima Conferencia sobre Drogas de la asociación civil Intercambios: el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de la Nación. “No se encimen”, “nada de grabadores en la boca”, “pregunten de a uno”, indicaba la joven, conteniendo sus nervios y la emoción. La imagen era inusual para este tipo de reuniones, que no suelen ser multitudinarias. Había una razón: Fernández y Zaffaroni son personajes clave en la trama que derivaría en la modificación de la actual ley de drogas. De hecho, el primero le pidió ayer al segundo que el tribunal emita el fallo, ya redactado, que sienta una postura favorable de la Corte sobre la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal.

Pese a las indicaciones de la joven, los movileros se abalanzaron sobre Fernández, quien habló sin esperar preguntas. “Nuestra postura no ha cambiado, queremos terminar con la criminalización de los adictos y la política represiva de los últimos 20 años”, dijo el funcionario. Cuando le pidieron su opinión sobre el vínculo entre drogas y delincuencia, respondió que según las cifras de la Corte la incidencia “es mínima”. Mientras un movilero lo intimaba por el aumento del gas, Zaffaroni miraba la escena sonriente desde la otra punta del subsuelo del anexo del Congreso.

Este cronista se acercó al juez e interrumpió su diálogo con Graciela Giannettasio, otra de las presentadoras del encuentro y presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados.

–¿En qué estado se encuentra el fallo sobre la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal? –fue la pregunta para Zaffaroni.

El magistrado contó que el fallo está siendo revisado por varios letrados, “todos especialistas en el tema penal”. La idea, agregó, es “armonizar” las distintas posturas de los integrantes de la Corte antes de que se emita la sentencia favorable a los usuarios de drogas.

–¿Cuándo va a salir?

–Va a salir, es todo lo que puedo decir –dijo.

El auditorio estaba repleto. En las primeras filas se sentaron los invitados de otros países de la región, algunos diputados y varios jueces federales. También estaban Stella Maris Martínez, a cargo de la Defensoría General de la Nación, y Mónica Cuñarro, la secretaria ejecutiva del Comité Científico que asesora a Aníbal Fernández sobre el tema drogas, que tiene en preparación tres proyectos de ley (uno penal, otro sanitario y un tercero sobre lavado de dinero proveniente del narcotráfico). Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, abrió el evento destacando que se trata del primer encuentro latinoamericano en la materia. Hubo y habrá panelistas de Uruguay, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y México.

“Sabemos que las políticas de control de drogas expresan tensiones, contradicciones y conflictos acerca de la manera de regular su producción y consumo”, dijo Touzé. Luego pidió una reforma que combine la despenalización de la tenencia para consumo personal con un sistema de tratamiento y prevención de las adicciones. Por último enumeró las consecuencias del prohibicionismo: “El aislamiento y encarcelamiento desproporcionado de usuarios de drogas y ‘mulas’, la persecución y empobrecimiento de poblaciones campesinas sometidas a la erradicación forzada de cultivos sin alternativas sustentables, la violencia social y los violaciones de derechos humanos básicos”.

Aníbal Fernández dedicó casi media hora a su discurso. Después de los saludos de rigor a los embajadores de Holanda y Gran Bretaña y uno especial y afectuoso a Milton Romani, de la Junta de Drogas de Uruguay, el funcionario habló de un artículo aparecido en Página/12 el pasado lunes, que da cuenta del juego Chaps from Amsterdam. Un juego en el que gana quien sepa sacar la mejor diferencia en la compra y venta de drogas ilegales. “En mi época había juegos como el Cerebro Mágico, por lo menos tenían intenciones didácticas –comentó Fernández–. Pero pontificar sobre este tema sería llorar sobre la leche derramada. Vivimos en una sociedad policéntrica en la que política o el Estado ya no configuran el eje de la vida de los ciudadanos; por el contrario, debemos competir con cosas tan superficiales como el negocio del entretenimiento o la moda. Pero cuando imperan la necesidad, el temor o la preocupación, las miradas siempre rotan hacia el Estado; no hago juicio de valor en esto, cuento cómo es y digo que uno tiene que trabajar en la conciencia de que no habrá una situación ideal para la generación de políticas y programas.”

Luego de mencionar que hay más de 30 mil muertos ligados a la violencia y al crecimiento del narcotráfico en la región, el funcionario consideró probada la necesidad de nuevos paradigmas “que rectifiquen la guerra a las drogas concebida a partir de la administración (del presidente norteamericano Richard) Nixon”. También habló de la región como una futura productora de drogas sintéticas, como el éxtasis, y del crecimiento del consumo de cocaína de mala calidad y de paco. Mostró preocupación por el tráfico de precursores químicos en la Argentina y de los puertos locales que sirven como salida de la cocaína a Europa.

En medio del discurso, mientras reconocía el fracaso de la ley actual de drogas, Fernández pidió a Zaffaroni que se tapara los oídos (cosa que el juez no hizo), y le aclaró que no quiere comprometer su voto... “Pero mentiría si no digo que esperamos casi con impaciencia un fallo muy importante, un fallo que no va a despenalizar nada, en el mejor de los casos va a elaborar la inconstitucionalidad del castigo penal a un usuario privado”. Y reconoció: “Ese fallo para no- sotros sería muy importante, sería una guía hacia un objetivo que estamos persiguiendo”.

Por último, el jefe de Gabinete lamentó que haya “mucho dinero para corromper a todo nivel” e informó que una tonelada de efedrina en China cuesta 50 dólares, mientras que una tonelada de metanfetamina (preparada con efedrina) cuesta en Estados Unidos 50 mil dólares. Lo que se dice, “un negoción”. Este último punto fue central en el discurso de Zaffaroni. “Esto es economía, no hay nada que hacerle. Si no hablamos de economía, estamos perdidos”, dijo el juez, que prefirió en lugar del término “crimen organizado” (como refirió en un momento Fernández) el concepto de “criminalidad de mercado”.

“Estamos ante el ofrecimiento de servicios o de objetos ilícitos. Por la prohibición, objetos de valor banal adquieren, por el enrarecimiento en la oferta de mercado, un altísimo precio y detrás de eso se genera una altísima rentabilidad”, aclaró Zaffaroni. Las millonarias ganancias de los narcotraficantes, continuó, hacen que éstos posean un enorme poder de corrupción. “No hay crimen organizado sino un cónyuge inseparable que es la corrupción de determinados estamentos estatales”, aclaró después, al tiempo que aseguró que el sistema penal es parte de “ese círculo vicioso”.

En su discurso, el juez de la Corte Suprema reparó en la situación de los usuarios de drogas ilegales. Primero al diferenciar uso, abuso y dependencia de una sustancia, considerando estos dos últimos consumos como un problema de salud. Luego al afirmar que “el propio uso hay que discutirlo en muchísimos casos”, es decir, no siempre es problemático. “De todas formas, en el imaginario popular se identifica a todo usuario con un dependiente. Y la construcción mediática de la realidad va más allá e identifica a cualquier usuario con un delincuente”, criticó.

Zaffaroni también se tomó el tiempo, pese a las interrupciones de un grupo de jóvenes de extrema derecha (ver aparte), de discurrir sobre la ley. Explicó que cuando a un tema de salud se lo saca de su ubicación natural y se le quiere dar una solución por una vía artificial, al problema se le da “una naturaleza artificial”. “Y así nunca lo vamos a resolver. La naturaleza penal siempre es artificial, no hay algo que sea esencialmente penal. Convertir un problema de salud en penal es no resolverlo”, destacó el magistrado.

En todo su extenso discurso, que incluyó menciones sobre el paco, varias críticas a la ley actual y sondeó el origen racista de la prohibición de la marihuana en Estados Unidos, no mencionó el fallo que le solicitó Fernández. Sin embargo, criticó las penas que impone la Justicia a los usuarios. Dijo a modo de conclusión: “Si el enfermo no se cura, se lo pena. Es lo que manda la ley. Es una impotencia legislativa muy particular, que nos ha llevado a un dispendio policial y judicial absolutamente ineficaz”.