Si acaso la desazón ya había vencido a los familiares de las víctimas de la masacre de 2001, un fallo judicial quizá pueda devolverles la esperanza de obtener justicia. La Cámara Federal revocó el sobreseimiento del ex presidente Fernando de la Rúa por cinco homicidios y 234 lesiones producidas en la represión policial de las protestas callejeras del 19 y 20 de diciembre de 2001 y le ordenó al juez federal Claudio Bonadío profundizar la investigación. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló la trascendencia de la resolución “en tanto establece pautas generales que determinan la responsabilidad de las autoridades políticas, incluido el presidente de la Nación, por los delitos cometidos por el personal policial en el ejercicio de sus funciones, poniendo límites al poder del aparato represivo del Estado”.

El juez federal Claudio Bonadío había procesado a De la Rúa en 2007 por considerarlo autor del delito de “homicidio culposo” de cinco manifestantes que reclamaban en inmediaciones de la Plaza de Mayo y el Obelisco porteño. Posteriormente, la Cámara Federal revocó el procesamiento y dispuso una serie de medidas de investigación. Según el magistrado, no llevaron a nada nuevo, por lo cual el 4 de abril dispuso el sobreseimiento. Las pruebas ordenadas por decisión de la Cámara “han arrojado resultado negativo, por lo que no restando medidas de prueba por realizar, corresponde sobreseer al nombrado”, consignó el juez. Bonadío consideró “no probado” que el ex presidente haya estado en reuniones de gabinete relativas al tema de la seguridad en esas frenéticas horas del precipitado final de su mandato, como una que lo ubicaba junto a su ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y al ex ministro de Interior Ramón Mestre.

Ahora los camaristas Martín Irurzun y Horacio Cattani determinaron que no está agotada la investigación porque varias de las medidas que ordenó la Cámara en 2008 no fueron practicadas y porque la forma elegida para profundizar la existencia de la reunión en la que participaron De la Rúa, Mestre y Mathov no parece ser la única ni la más adecuada. Además, señalaron siete líneas investigativas y destacaron que el magistrado no ahondó en las actividades a las que se dedicó De la Rúa por esas horas. El camarista Eduardo Farah votó en el mismo sentido que sus colegas de la sala II, aunque se limitó a apuntar que falta producirse prueba esencial.

Respecto de Osvaldo Cannizzaro, Alfredo Salomone, Próspero Trezeguet, René Derecho y Daniel Manzini –subjefe de la Policía Federal y jefes de las circunscripciones I, II, IV y Congreso–, los jueces entendieron que “al no haber variación cualitativa en el cuadro de convicción” y atento a que esa sala ya había expresado que la prueba existente no era suficiente para vincularlos con los hechos imputados y que las partes “no propusieron otras medidas de prueba”, confirmaron sus sobreseimientos.

El CELS remarcó el valor de la resolución, aunque consideró que “no resulta determinante para verificar la responsabilidad penal de De la Rúa establecer si fue él quien ordenó personalmente el operativo de represión policial”. Por otra parte, destacó que “para la Cámara Federal en estos casos de indudable trascendencia institucional y social la investigación debe ser exhaustiva y llevada adelante con celeridad y, en consecuencia, ordenó que se realicen ‘con urgencia’ diversas medidas de prueba sin cuya producción sería ilegítimo ordenar el cierre de la investigación”. En tanto, María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), dijo que “era lo menos que se podía esperar” y consideró que “con lo que hay es suficiente (para procesar a De la Rúa), pero buscaremos más elementos”. El 20 de diciembre de 2001 fueron asesinados por la represión policial en inmediaciones de Plaza de Mayo y el Obelisco Alberto Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos “Petete” Almirón y Gustavo Benedetto, además de Jorge Cárdenas, que falleció con posterioridad, y centenares de personas resultaron heridas.