Los trabajadores despedidos de la fábrica Kraft Foods (ex Terrabusi), que ingresaron ayer a la planta a cumplir sus tareas tras el dictado de la conciliación obligatoria, fueron reprimidos por la policía y varios de ellos resultaron con heridas de balas de goma. La empresa afirmó que la presencia policial se debió a “órdenes emanadas de la Justicia tendientes a proteger al personal del accionar violento y delictivo de este minoritario grupo de despedidos”. Los uniformados intentaron detener a miembros de la comisión interna en el comedor de la planta de Pacheco, pero sus compañeros lo impidieron. “Es inconcebible que la policía en vez de garantizar la orden del gobierno nacional de conciliación responda al pedido de la empresa de reprimir”, dijo Ramón Bogado, de la comisión interna. El Ministerio de Trabajo llamó para hoy a una mesa de diálogo.

El viernes la empresa dio asueto, lo que fue denunciado por los trabajadores como lock out. “Hoy a las seis abrió con la policía adentro, contamos 100 con siete carros de asalto, el turno mañana entró en medio del cordón de seguridad e hicimos un pedido para que se retiraran”, dijo a Página/12 Camilo Mones, delegado del sector elaboración. Un grupo de despedidos y miembros de la comisión interna logró ingresar, pero la mayoría de los operarios quedaron afuera, acompañados por algunos familiares. “Estábamos al borde del portón haciendo ruido sobre la lata, la policía lo abrió y nos empezaron a empujar con los escudos y a pegar con palos, pero al rato nos tuvimos que correr porque empezaron las balas de goma y los gases”, describió Mones. El delegado Javier Hermosilla recibió cuatro balazos de goma, uno en el labio y tres en una pierna, mientras que una chica fue herida en la cabeza.

Los incidentes siguieron en el interior de la fábrica, ubicada en Panamericana y Henry Ford, cuando los uniformados fueron al comedor para detener a la comisión interna. “Acá hay 1000 personas por turno, es un pueblo, no se puede militarizar así nomás. Los compañeros no despedidos reaccionaron tirando café, bandejas y sillas para que no se llevaran a los delegados”, relató Mones. Luego acudieron con miembros de organismos de derechos humanos al juzgado federal 1 de San Isidro para denunciar a la fiscal Laura Capra por haber ordenado la represión. “Las Madres le dijeron a la fiscal si se hacía cargo de la tragedia que podía ocurrir, y ahora el ministerio llama al diálogo, pero eso es imposible con la policía en la planta”, completó el delegado. Los gremialistas sostienen que la empresa desoyó cinco intimaciones y tres conciliaciones obligatorias, desde que comenzó el conflicto, en julio. La semana pasada durante cuatro días los 160 despedidos acudieron a sus puestos de trabajo, pero los remitían a un quincho para darles un curso. Por eso al quinto día votaron un paro.

La comisión interna fue recibida a las 15 por el subsecretario de Relaciones Laborales, Alvaro Ruiz, que tomó la denuncia de los trabajadores y se comprometió a investigarla. La conciliación obligatoria termina mañana, y el ministerio convocó a ambas partes a una “mesa de diálogo”, con la intención de bajar los decibeles al conflicto.