El dirigente social Luis D’Elía prestó declaración durante más de tres horas por la toma de la comisaría 24ª del barrio de La Boca, que protagonizó hace cinco años, tras el asesinato del militante Martín “El Oso” Cisneros. El ex secretario de Tierras y Hábitat Social admitió haber encabezado el grupo que ingresó a la dependencia policial la noche del 25 de junio de 2004, pero sostuvo que no se cometió ningún delito, ya que, según aseguró al juez Sergio Torres, los policías abandonaron el edificio antes de que el grupo que él dirigía ingresara. D’Elía también aseguró que “el Estado debe pedir perdón por el asesinato de Martín, porque si el sicario que tenía tres pedidos de captura hubiera sido detenido antes, no lo hubiera matado”.

“Ese día evitamos una masacre –advirtió D’Elía, consultado por Página/12–. Estaba claro que este hombre trabajaba para la policía, y esa noche el personal policial no lo quería detener.” Cuando el barrio comenzó a agitarse, tras el asesinato de Cisneros, “el comisario dio la orden de abandonar el lugar en vez de contener a los vecinos, por eso digo que no fue una toma, sino que ingresamos al lugar cuando ya estaba vacío”, explicó.

Cisneros había sido asesinado de dos tiros tras una discusión con Juan Duarte, cuyo arresto exigían los vecinos de La Boca encabezados por D’Elía aquella noche, y que finalmente fue condenado por el crimen. Desde el entorno del líder de la Central de Movimientos Populares (CMP) confían en que “hay elementos para que se dicte la falta de mérito” por la toma de la comisaría. El juez Torres tiene ahora diez días para definir la situación procesal del ex funcionario.

En el mismo expediente estaban imputados el comisario de la Policía Federal Cayetano Vicente Greco, titular de la seccional 24ª al momento de los hechos, que ya recibió la falta de mérito, así como el ex secretario de Seguridad de la ciudad, Norberto Quantín, y su subsecretario José María Campagnoli. Los dos ex funcionarios actúan hoy como fiscales y se ampararon en sus fueros para evitar la convocatoria del juez. El comisario Greco, en su declaración, responsabiliza a D’Elía de los desmanes y hasta lo acusa por la desaparición de un cuadro de Benito Quinquela Martín que había en el lugar. D’Elía asegura que “hay declaraciones de testigos en el expediente que dicen que fue la propia policía la que luego de que nos fuimos nosotros rompió cosas y las tiró en un container para culparnos”.

“Hoy recibí una gran solidaridad de muchas organizaciones que entienden que esto no es una señal contra mí, sino contra el común del campo del pueblo”, le contó el titular de la CMP a este diario. Tras las tres horas de indagatoria, el dirigente fue recibido a la salida de los Tribunales de Comodoro Py por un grupo de militantes que había acudido a apoyarlo, y ante quienes –subido al techo de un acoplado– reiteró los puntos centrales de su declaración. “Si vuelven a asesinar a un compañero del campo nacional y popular, como asesinaron a Martín, voy a estar a la cabeza de la protesta”, aseguró.

Más tarde, por teléfono, el titular de la CMP insistió en ese punto: “Yo por lo actuado en esa noche siento un gran orgullo personal, y si me van a meter preso por haber defendido la dignidad de un compañero asesinado, adelante”. Y se quejó de que “mientras los ruralistas pueden hacer cualquier cosa, cortar las rutas, desabastecer ciudades enteras, y nadie los frena, nosotros somos judicializados cada vez que protestamos”.

Un dirigente muy cercano a D’Elía confió que hay cierto temor porque, luego de la derrota del oficialismo en los comicios de junio, comenzaron a avanzar algunas causas contra el ex funcionario, como ésta, o la que lo investiga por agresiones a un militante ruralista durante una protesta en Plaza de Mayo.

Informe: Nicolás Lantos.