Veinte casos de extrema gravedad –entre los que se cuentan cuatro homicidios–, sobre un centenar de denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dan cuenta del grado de violencia de la Federal entre 2008 y 2009. Todos los casos fueron llevados a la Justicia penal, pero en buena parte los denunciados fueron sobreseídos o las causas archivadas rápidamente si se tiene en cuenta lo reciente de las denuncias. Los veinte casos forman parte de un informe desarrollado por la ombudsman porteña Alicia Pierini, a partir de la creación en 2007 de la Oficina de Seguridad Urbana. El informe sostiene que la violencia policial se agravó en estos dos últimos años y, especialmente, en los últimos meses de 2009. El documento cubre las denuncias recibidas por la Defensoría hasta el 31 de octubre pasado y no llegó a incluir la represión en el recital de Viejas Locas (14 de noviembre pasado) en Vélez Sársfield, del que resultó la muerte del adolescente Rubén Carballo, o el violento desalojo de la Plaza de Mayo en oportunidad de la marcha de la Mutual Sentimiento (9 de noviembre). “Hace mucho tiempo que en la Capital no se desataban represiones como éstas, sin que hubiera una provocación previa. Es preocupante porque va en contra de la política del gobierno nacional, que no es represiva”, señaló Pierini a Página/12. “Todo lo que es un exceso una vez probado se sanciona –aseguró a este diario el secretario de Seguridad, Sergio Lorusso–. Los que ocurren son excesos individuales. Ellos (por los federales) saben que todos los excesos van a ser llevados por particulares o por la misma institución a la Justicia.”

El informe, de 65 páginas, consta de diez capítulos y tres anexos sobre causas abiertas por represión policial en marchas, desalojos, y sobre casos de víctimas individuales. Bajo el título de “Informe especial sobre violencia policial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, el documento describe y trabaja sobre “los patrones comunes de irregularidades” policiales. En su Introducción, el informe sostiene que “el nivel de violencia institucional en general, y en particular de violencia policial, también había mostrado un descenso hasta el año 2007 (...). Sin embargo, eso no significaba que muchas de las prácticas policiales ilegales se hubieran eliminado. Por el contrario –subraya el documento–, en varios de los casos que llegaban a conocimiento de esta Defensoría del Pueblo, así como en otros que tomaron conocimiento público o fueron trabajados por otros organismos, se pudo observar que estas prácticas persistían”.

El argumento central del documento es que el abuso, la corrupción y la violación de los derechos humanos, con índices diferentes según los años, constituyen prácticas policiales que la Federal pareciera arrastrar después de veintiséis años del fin de la dictadura militar, especialmente el funcionamiento de un “modelo tradicional que supone el predominio de rutinas y hábitos caracterizados por un sesgo autoconservativo, orientado a desarrollar acciones inscritas en una perspectiva bélica del control delictivo”. Agrega que dicho modelo tradicional está dirigido a controlar “todo tipo de conducta, incluso de acciones no delictivas, inscritas en conceptos primitivos de salubridad y moralidad pública”, y que en general dicho control se realiza sobre “personas en general socialmente vulnerables, consideradas y estigmatizadas por la propia policía como peligrosas, según una visión asentada, casi siempre, en una perspectiva discriminatoria”. A tales efectos, podría hablarse de jóvenes, marginales, desempleados, piqueteros y protestas sociales.

“No es toda la Capital –dijo Alicia Pierini–. Son comisarías. La mayoría del sur y del centro de la ciudad, las que tienen relación con el fútbol, roce con las barrabravas. Lo que hacemos es poner un alerta para que se tome en cuenta, sobre todo porque esta violencia no le hace ningún favor a la política del gobierno nacional, que no es represiva. ¿Cómo puede ser que un chico esté en la morgue 65 días y sea enterrado como NN? No pasó jamás en la democracia.”

El análisis de las situaciones de violencia policial fue realizado sobre desalojos, marchas o víctimas individuales. Entre los veinte casos seleccionados figuran el del desalojo de la cooperativa de cartoneros El Alamo, del Centro cultural Almagro, el 12 de agosto pasado (donde se registraron heridos y nueve detenidos), el desalojo de la Huerta Orgázmika, en Caballito, el 18 de mayo pasado, y la represión el día posterior por una protesta ante el CGP 6, en reclamo por el violento desalojo policial.

En los casos de violencia policial en desalojos, el informe diferencia entre los que se produjeron con orden judicial y los que no la tuvieron, y entre estos últimos, los que se sostienen en “una resolución administrativa” y los que se producen alegando “facultades propias de la policía”.

“Lejos de respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, los han transgredido incumpliendo con las normas vigentes.” El documento agrega que “se ha podido apreciar en la mayoría de los procedimientos de desalojos la presencia de niños, lo cual es un agravante visto y considerando la normativa de protección preferencial de este grupo”.

Otro capítulo lo constituye la “actuación policial en casos individuales”. En ellos, la violencia parece sostenerse en el hecho de que las víctimas fueron descriptas como “supuestos delincuentes”, lo que según el discurso policial habilitaría a la acción de “abatirlos (...) como una práctica aceptada dentro de las rutinas cotidianas” policiales. Como explicación de la acción aparece el objetivo de “control de ‘ilegalismos’, (que) es lo que permite –sostiene el informe– que la cuestión de la brutalidad policial entre y salga del debate público, sin mayores modificaciones del número de víctimas sobre las cuales año a año se ejerce este abusivo accionar policial”.

El eje de esta práctica se sostiene por la “deficiente formación en derechos humanos de la policía, que no percibe que la vida es el derecho de mayor jerarquía, y en consecuencia no puede ser violado en defensa del derecho de propiedad”.

Que el informe se traduzca en una crítica severa si no en una denuncia salta a la vista cuando sostiene que “abatir a un supuesto ladrón, sin que medie la legítima defensa, es lisa y llanamente un homicidio, aunque luego el subterfugio de ‘plantar’ un arma y aducir enfrentamientos otorgue impunidad”. Del mismo modo, tampoco parece medirse la vida del propio policía como un valor, “y no debería arriesgarse sin medir cabalmente el derecho que se defiende y cómo se lo hace”. Vidas policiales que, por otro lado, al perderse son levantadas públicamente por la institución como mártires, con lo que se logra un doble objetivo: encubrir el error de no valorar la vida del policía y sostener en alza la rueda de violencia policial supuestamente justificada.

El informe agrega que “en los casos aquí analizados se advierte una brecha entre el ‘accionar real’ desplegado por los efectivos policiales en el procedimiento y el ‘deber ser’ jurídico al que están legalmente sujetos. El uso de la fuerza resultó excesivo, desproporcionado o irracional; y llevado a cabo generalmente contra personas y sectores de la población social y económicamente más vulnerables de la ciudad”.

El motivo de la “mala imagen” de la Federal, como destaca el Informe, se sostiene no sólo en sus actos violentos, sino que también “en muchas oportunidades la versión policial dista notablemente de la versión de las víctimas y, en algunas de ellas, se ha constatado que inclusive difieren de los hechos comprobados en causas judiciales”. En pocas palabras, el escaso ajuste de la versión policial a la realidad.

Para analizar los patrones comunes de la actuación policial, el Informe plantea encontrar respuestas a “la legitimación social que los agentes encargados de hacer cumplir la ley creen estar cumpliendo”. Y agrega que “falsamente se presupone de antemano que ante mayor protección de los derechos individuales, menos seguridad y viceversa. Visto de esta manera el hecho de que los agentes del orden violen los derechos humanos estaría justificado a los fines de la seguridad pública general. Esta tensión entre la protección del derecho a la integridad física de los ciudadanos y el uso real de la fuerza para prevenir el crimen y la delincuencia naturaliza la violencia y los abusos. Pareciera que algunas prácticas indebidas han quedado legitimadas al interior de la propia fuerza como consecuencia de su reiteración e impunidad”.

Entre las prácticas recurrentes aparecen “la utilización de estereotipos de la ‘sospecha’ sobre grupos sociales vulnerables ya sea por portación de tatuajes, rostro, vestimenta, edad en el caso de los jóvenes, características étnicas y también orientaciones sexuales, estableciéndose por parte de la policía juicios de peligro a priori sobre eventuales conductas de algunas personas, contrariando la tarea que les asigna la ley”. Estos estereotipos, finalmente, funcionan a modo de control social y se los intenta legitimar con la denominación de “conductas predelictuales”.

La justificación del accionar policial se sostiene en supuestas circunstancias previas que recomiendan la intervención policial, y lo hacen a partir del “grado de sospecha” que esas circunstancias provocan, lo que permite la “detención o la requisa de la posterior víctima. Sin embargo, los ‘indicios vehementes’ –tal como citan los partes policiales–, las ‘circunstancias debidamente fundadas’ o los ‘motivos para presumir’”, requieren de descripciones precisas que fundamenten las “sospechas”. “Dicha fundamentación por lo general es inexistente y por ello se la ‘crea’ presumiblemente ‘a posteriori’ en varias ocasiones.”

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