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El Gobierno contra Martín Redrado. La Procuración General, el abogado Eduardo Barcesat, un funcionario del Banco Central, todos contra el ex Golden Boy. Hasta el abogado Ricardo Monner Sans lo incluyó en la volteada junto a Amado Boudou. Redrado contra Aníbal Fernández. Fernando “Pino” Solanas contra la Presidenta. Un abogado ignoto contra CFK. La Casa Rosada contra Federico Pinedo (PRO) y la jueza María José Sarmiento. Un oyente de radio contra quien sea que tenga algo que ver. Y así, los tribunales federales fueron estos días escenario de una batalla campal –o penal– donde se abrieron por lo menos diez causas judiciales ligadas al conflicto por las reservas y la presidencia del BCRA. Todo un record estival, que encontró eco en algunos jueces que tomaron la excepcional decisión de habilitar la feria judicial para apurar el paso, o que eso parezca. El fenómeno, que una frase de moda describe como “judicialización de la política”, se agota, según juristas consultados por Página/12, en el espectáculo de meras denuncias usadas para ejercer presión, que raramente podrían llegar a un juicio oral y que alimentan la desconfianza en el Poder Judicial, a menudo funcional al juego. La renuncia de Redrado podría sumar debilidad a algunos expedientes, aunque nadie descarta lo contrario, pues según la tradición, cuando un funcionario cae, ahí es cuando Sus Señorías avanzan.

Mientras la Justicia en lo contencioso administrativo analizaba –y suspendía, como lo hizo Sarmiento– los decretos de necesidad y urgencia que usó el Gobierno para disponer de reservas para el pago de la deuda y expulsar a Redrado, en el fuero penal federal –que investiga los delitos de funcionarios– se daba otra pelea, más focalizada en los personajes. El jurista Gustavo Arballo, profesor de la Universidad Nacional de La Pampa, distingue: “No descalifico la judicialización amparista, está bien que la Justicia controle los DNU. Otra cosa es la judicialización penal, que convierte a los abogados en matones, con denuncias que probablemente no lleguen a condenas ni a juicio oral”. Entre los delitos más señalados en estos días, repasa, aparecen el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. “La casuística muestra que es raro que alguien sea condenado por estas cosas. Lo único que se busca es un efecto político. Pero esto es frustrante en cuanto a la confianza en el sistema judicial”, advierte.

En cuestión de días se abrió una decena de causas penales, con la curiosidad de que cuatro de ellas quedaron concentradas –por sorteo o por turno– en manos del juez Norberto Oyarbide, quien decidió darles trámite a pesar de la feria judicial. Esta suerte de comedia de enredos de todos contra todos, que crecía a medida que el Gobierno sumaba derrotas en el fuero contencioso, hasta ahora generó más derivaciones políticas que resultados judiciales. La salida de Osvaldo Guglielmino, jefe de los abogados del Estado, fue una de ellas. La reunión de la bicameral que debía analizar el desplazamiento de Redrado, más su lenta salida, fueron otras.

En el ínterin, pese a la aparente urgencia investigativa, ningún fiscal de Comodoro Py requirió la apertura de una pesquisa propiamente dicha, el primer paso legal en estas causas. Pendientes del ajedrez político, realizaron medidas preparatorias elementales: rastreo de documentación básica y de todas las causas similares en el fuero. Un clásico a la hora de hacer tiempo. Sólo el fiscal Federico Delgado se opuso a la habilitación de la feria dispuesta por Oyarbide en una de las denuncias del Gobierno contra Redrado. Delgado recordó en un dictamen que el Reglamento de la jurisdicción y las normas de la Cámara Federal prevén esa excepción sólo en las causas donde hay detenidos; el riesgo de pérdida de pruebas o peligro de prescripción.

Lista negra

¿Qué causas se abrieron? ¿Contra quién? ¿Por qué? La más vieja, de fines de diciembre, fue inaugurada por Monner Sans, el ex diputado Mario Cafiero y Javier Llorens con un ataque al DNU del Fondo del Bicentenario que, señalaron, entre otras cosas, pone en riesgo la estabilidad de la moneda y no compromete 6569 millones de dólares sino 17.500 millones. Pide investigar a todo el Gabinete y al propio Redrado por administración fraudulenta. La causa está en el juzgado de Daniel Rafecas y no tuvo grandes movimientos.

- Pino Solanas, líder de Proyecto Sur, denunció a Cristina Kirchner y Boudou por el DNU 2010/09, el de las reservas. Les achacó abuso de autoridad y administración fraudulenta. El eje: no se debe “negociar ni pagar una deuda sospechada de ser un fraude contra el Estado”. El juez es Marcelo Martínez de Giorgi, subrogante. No hubo medidas en el expediente.

- Al juzgado de Julián Ercolini también llegó una denuncia, por ahora en veremos, que objeta las reservas de “libre disponibilidad”.

- Como anticipaba el DNU que lo echó, Redrado fue denunciado por su actitud “remisa” a liberar los fondos para el pago de la deuda, lo que según el Gobierno es incumplimiento de los deberes de funcionario. La presentación la hizo el ex procurador del Tesoro Guglielmino. Oyarbide le dio curso rápidamente, pero todo el mes trabajó en medidas previas como conseguir una copia del DNU.

Como para que nadie le endilgue favoritismo, Oyarbide también habilitó la feria ante una denuncia contra CFK presentada por un abogado llamado Juan Magioncalda, que la acusó de abuso de autoridad por echar al ex titular del BCRA por DNU, sin pasar por la bicameral. Redrado recurrió al mismo juez cuando el domingo pasado la policía le impidió entrar a la sede de la entidad monetaria. Su abogado Gregorio Badeni culpó al jefe de Gabinete y al presidente interino del Central, Miguel Pesce. Para tener cartón lleno, Oyarbide recibió esta semana el pedido de la Procuración General de la Nación –que comanda a los fiscales– para que se investigue si, como planteó el secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini, Redrado “conoció o participó de delitos cambiarios”. El disparador fueron las declaraciones del ex jefe del Central a Clarín: “Tengo las listas específicas de los amigos del poder que cambiaron dólares”, advirtió (aunque luego negó haber dicho semejante cosa ya publicada). Aníbal Fernández lo acusó de “encubrir o coaccionar”. El fiscal Delgado cuestionó la decisión de Oyarbide de habilitar la feria para este caso.

- El Gobierno sorprendió en Tribunales al pedir que procesen a los diputados Pinedo (PRO) y Juan Carlos Vega (Coalición Cívica) por una “estafa procesal” en la que habrían arrastrado a la jueza Sarmiento, quien aceptó convertir en una juicio ordinario la acción de amparo iniciada por los legisladores contra el Fondo del Bicentenario. Esa “ordinarización”, alega el Ejecutivo, le permitió a Pinedo recusar sin causa (algo que un amparo no habilita) a uno de los camaristas que debía revisar la medida cautelar que congeló las reservas, lo que dejó al tribunal de alzada con un solo miembro, impedido de fallar. El expediente le tocó al juez Rodolfo Canicoba Corral, que también habilitó la feria, con mínimos avances.

- Marcos Moiseeff, funcionario del BCRA, denunció a Redrado por abuso de poder, por desplazarlo de su cargo de subgerente de Legales. Moiseeff había sido ascendido tras la expulsión de Redrado, quien lo volvió a bajar de categoría cuando volvió con el respaldo de la medida cautelar que le concedió Sarmiento. El funcionario denunciante presentó un escrito esta semana donde minimiza el conflicto, frente a un nuevo contexto.

Para Canicoba Corral, el juez de la causa, aún no cambia nada. El mismo magistrado archivó la denuncia de un hombre que repartió imputaciones a todo el Gobierno por algo que había escuchado en la radio acerca del DNU 2010.

- A raíz de una nota publicada por este diario, Redrado también enfrenta una causa por malversación de caudales públicos y posible enriquecimiento ilícito que le inició el abogado Eduardo Barcesat. La tiene el juez Claudio Bonadío, que no habilitó la feria y comenzará a investigar esta semana. Un informe del directorio del BCRA le adjudica a Redrado gastos irregulares por 154 millones de pesos. Por ejemplo, 150 mil pesos en funciones de títeres, 40 mil para un taller de actuación, 9400 para un taller de yoga, 6500 por clases de tango y la lista sigue.

¿Para qué?

“Las denuncias penales cruzadas reflejan la utilización instrumental de la Justicia desde la política. Todo se agota en la mera denuncia. Son prepoteadas dedicadas a los medios que buscan un posicionamiento discursivo”, advierte Gustavo Maurino, director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una de las ONG orientada al seguimiento de casos de corrupción. “La Justicia penal tampoco es eficiente como para lograr una prevención de los delitos: hasta que arroja luz pueden pasar años. Y no se puede dejar de lado el comportamiento de los jueces, que caen o se prestan al juego. Incluso durante esta feria han tenido un comportamiento errático. ¿Si creen que había urgencia, por qué no trabajaron con prisa?”, señala. Igual que Arballo, Maurino defiende la revisión judicial de los DNU, propia del fuero contencioso administrativo, como parte del “control mutuo de poderes”.

Según Arballo, “la vocación por criminalizar la política también resulta una carga para los jueces, que difícilmente puedan llegar a algo”. Además de que algunos son delitos de poca monta, aquellos como el abuso de autoridad y el incumplimiento de deberes requieren demostrar –explica– que hubo “dolo”, intencionalidad. Contra cierta creencia, el jurista también vaticina que la renuncia de un funcionario (Redrado en este caso) “no es un obstáculo para que se lo procese por algo que hizo cuando estaba en el cargo”. “Ahora que nadie se quiere quedar pegado a Redrado, tal vez las acciones penales contra él queden un poco lubricadas. Pensándolo bien, tal vez las que más chances de prosperar tengan sean las menos importantes en el contexto, como las que aluden a los gastos excéntricos e injustificados que autorizaba y no a las reservas, donde él se puede excusar diciendo que tenía algún dictamen en su favor y que de última la responsabilidad era del directorio”, analiza Arballo.

Algunos especialistas cercanos al gobierno nacional evalúan que hubo denuncias que estuvieron mal formuladas o que se confunden delitos con asuntos administrativos, o que debió haber intervenido la Oficina Anticorrupción en lugar, por ejemplo, de pedir que Procuración diera una instrucción a los fiscales. En Tribunales creen que el expediente que toma las declaraciones de Redrado sobre “los amigos del poder que compraron dólares” es de lo más interesante, pero más útil hubiera sido que en un principio el ex titular del Central fuera testigo, lo obligaría a declarar y decir la verdad, mientras que como imputado puede negarse a abrir la boca.

En un reportaje publicado por este diario dos semanas atrás, el juez de la Corte Raúl Zaffaroni señaló que “el problema político no lo pueden resolver los jueces ni les corresponde”. “Desde hace años –dijo– se observa una clara tendencia a convertir los estrados judiciales en una suerte de escenario.” De hecho, dijo, “hoy la política se hace en la televisión”. “Es una tendencia peligrosa para la imagen del Poder Judicial”, advirtió. Lo cierto es que, lejos de la pirotecnia del fuero penal, si hay alguien que tendrá una palabra trascendente, y quizá más o menos pronta en esta historia, será la Corte Suprema. El máximo tribunal tiene en agenda para su primer acuerdo, este martes, tratar la demanda de San Luis contra el DNU que creó el Fondo del Bicentenario. Ahora los reflectores seguramente se posarán sobre los supremos.