Desde Madrid

El juez español Baltasar Garzón comenzará a investigar lo sucedido en la prisión norteamericana de Guantánamo luego de que el gobierno de Estados Unidos se negara a darle una respuesta acerca de si existe alguna investigación abierta en ese país sobre las violaciones a los derechos humanos perpetuadas en la base militar. El magistrado considera que tiene jurisdicción sobre el asunto a pesar de la reforma legal llevada a cabo el pasado año por el Parlamento español que limita las actuaciones de la Justicia en causas que involucran a terceros países, ya que entre los detenidos en Guantánamo hubo un ciudadano español y otros tres que, aunque no tienen esa nacionalidad, han estado involucrados en investigaciones abiertas por el propio juez en relación con delitos cometidos en España. La querella, presentada por asociaciones y partidos políticos de izquierda ante su juzgado, acusa a los responsables de la prisión de crímenes de guerra y genocidio, entre otros delitos.

Ahmed Abderraman Hamed es el nombre del ciudadano español que estuvo detenido en Guantánamo, junto al marroquí residente en la península Lahcen Ikasrrien, el ciudadano palestino Jamiel Abdulatif al Banna y el libio Omar Deghayes, todos ellos involucrados en anteriores investigaciones de Baltasar Garzón por su supuesta participación en delitos cometidos en el territorio español, razón por la cual el juez considera “relevante”, como exige la nueva legislación sobre justicia universal, que se abra el proceso en los tribunales madrileños, ya que de otro modo estima que se estaría optando “por la impunidad”. En su auto el juez recuerda que existen tratados específicos sobre derechos humanos firmados por el país que están por encima de cualquier legislación ad hoc que se haya adoptado en los últimos tiempos con el fin de limitar los alcances de los juicios internacionales que tanto molestan a la diplomacia española que nada puede hacer por detener la acción de sus propios tribunales.

Otro de los elementos interesantes en el dictamen es el que recuerda que el Tribunal Supremo absolvió a Abderraman Hamed de los delitos por los cuales los norteamericanos lo habían recluido en la tenebrosa prisión ubicada en la base militar de Guantánamo denunciando en su momento las irregularidades en las que se realizó su detención “sin cargos y sin garantías y, por tanto, sin control y sin límite”.

La noticia se conoce en un momento en el que las relaciones entre Madrid y la Casa Blanca son las mejores de la última década y, a pesar que el gobierno norteamericano no se pronunció todavía sobre la cuestión, es difícil que le resulte simpática una medida como ésta, capaz de recordarle al propio Barack Obama su promesa de cerrar Guantánamo en un año, algo que todavía no cumplió debido a las dificultades para recolocar los prisioneros en otros países y la negativa de los propios tribunales americanos para hacerse cargo de la situación.

Garzón se coloca de este modo otra vez en el candelero internacional justo en un momento en que el magistrado se encuentra bajo proceso por la supuesta comisión del delito de prevaricato en relación con la causa abierta para investigar los crímenes del franquismo. Asociaciones de ultraderecha han logrado en los últimos meses, luego de reiterados fracasos, que se admita su querella contra el juez, al que acusan de actuar con premeditación. El Tribunal Supremo, con reconocida mayoría conservadora, admitió la causa a pesar de las debilidades legales de la presentación realizada por los querellantes, lo que da la pauta de las dificultades que atraviesa la sociedad española a la hora de juzgar su propia historia política violenta.

La reforma legal que puso coto a las facultades de los tribunales españoles para actuar en casos de delitos cometidos fuera de su propio territorio fue promovida por el PSOE en conjunto con los conservadores del Partido Popular y mereció la crítica en su momento de las asociaciones de derechos humanos y de Izquierda Unida, las mismas instituciones que ahora han promovido la causa contra los responsables de Guantánamo.

La fiscalía española había considerado “fraudulenta” la admisión de la querella, un artilugio para tratar de evitar que una causa molesta en Washington cobrara solidez en un momento de idílicas relaciones transoceánicas, pero el juez ha considerado que se dan todos los requisitos para dar comienzo a la causa por lo que es de esperar que en los próximos meses comiencen a emitirse las órdenes de captura internacional contra los responsables de la prisión. En declaraciones a la agencia EFE, uno de los abogados de la acusación, Antonio Segura (ALA), ha expresado doble satisfacción por el hecho de que Garzón vaya a investigar las denuncias poniendo en entredicho la consideración inicial de los fiscales.