“Los amigos del barrio pueden desaparecer...”. Sí. Los pibes pobres de cualquier barrio pueden desaparecer. Así fue con Miguel Bru en La Plata, con Iván Torres en Comodoro Rivadavia, y hace un año con Luciano Arruga en Lomas del Mirador. Los jubilados que fueron testigos clave contra genocidas también pueden desaparecer, como hace tres años y medio ocurrió con Julio López. Como una variante más de la criminalización de la pobreza y de la protesta, el aparato represivo residual demuestra que goza de capacidad operativa y revela que tras dos décadas y media de democracia en Argentina se puede desaparecer. En todos los casos, las policías de cada lugar son las sospechadas, incluso en asociación con militares retirados. En la provincia de Buenos Aires se acumulan las denuncias sobre el reclutamiento de menores a los que efectivos de la Bonaerense obligarían a delinquir en su beneficio. Y los funcionarios de Seguridad tuvieron que reconocer que es uno de los delitos en que policías de la provincia tendrían complicidad. Esta relativa visibilidad que adquirió el fenómeno no produjo, sin embargo, ninguna respuesta para la familia de Arruga. Ni de Torres, ni de Bru, ni de López.

Hace un año, Vanesa Orieta contaba con profundo dolor cómo fueron los últimos días de su hermano Luciano: que los policías de la comisaría de Lomas del Mirador, ese destacamento nacido al calor de la demanda de mano dura, lo venían hostigando; que ya lo habían detenido y golpeado por negarse a delinquir para ellos; que la madrugada del 31 de enero lo levantó personal del destacamento desde la calle, a pocos metros de su casa, en el barrio 12 de Octubre; que un preso lo vio tendido en el patio de la Comisaría 8ª luego de una nueva y quizás mortal golpiza. A pesar del miedo de los testigos, que hizo que la fiscal tuviera que ir a sus casas a interrogarlos, hay testimonios y peritajes con perros que avalan las sospechas de la familia. Pero con el paso del tiempo la hermana y la madre de Luciano sólo vieron que los policías acusados que estaban en disponibilidad fueron reincorporados. Quienes conocen el caso afirman que a Luciano, que tendría 18 años, lo torturaron y como “se les fue la mano” lo hicieron desaparecer. El poder político y las instituciones democráticas ¿no pueden o no quieren hacer algo al respecto? Mientras tanto, Luciano Arruga ya es bandera de las organizaciones sociales y de derechos humanos y su causa genera movilizaciones y recitales solidarios. Pero sigue siendo otro desaparecido de la democracia.