Como parte de la maquinaria judicial que se puso en marcha en torno del caso del Banco Central, la causa iniciada contra Martín Redrado por presunta “malversación de caudales públicos” y el posible delito de “enriquecimiento ilícito” va tomando impulso. El juez federal Claudio Bonadío remitirá en las próximas horas al fiscal Gerardo Di Massi la denuncia contra el desplazado presidente del BCRA por el nivel de gastos durante su gestión al frente de la entidad en rubros tales como talleres de yoga, tango y actuación, o pagos de refrigerios a fuerzas de seguridad. Esa información surge de los informes del directorio del Banco, que fueron difundidos por Página/12 en una nota del periodista Horacio Verbitsky.

La denuncia en base al artículo publicado el domingo 17 de enero la presentó el abogado Eduardo Barcesat y recayó en el juzgado de Bonadío. Ayer, en la primera jornada luego de la feria judicial de verano, el magistrado solicitó la ratificación de la acusación, lo que ocurrió también ayer, y en breve remitiría el escrito al representante del ministerio público para que el fiscal dictamine si corresponde “instar” la acción penal entablada por el abogado Barcesat el 19 de enero. Recién cuando eso ocurra la causa cobrará actividad a partir del impulso del fiscal. El juez federal Norberto Oyarbide había tomado vista del expediente con la intención de acumularlo a las demás denuncias que tiene contra el ex funcionario, pero finalmente desistió de seguir la causa.

Entre los gastos rendidos por Redrado sin el aval de los restantes directores del BCRA se incluyeron desembolsos de 150 mil pesos por funciones de títeres, de 40 mil por un taller de actuación actoral y de otros 16.600 por dos talleres de yoga, entre otros rubros. De acuerdo con el dossier, formalizado ahora como denuncia penal, Redrado habría adjudicado el 19 de enero de 2009 la compra de diarios, revistas, suscripciones de Internet y “otros objetos coleccionables” por 2,2 millones de pesos. En esa misma fecha habría desembolsado otros 3 millones de pesos para contratación de aviones de las fuerzas de seguridad. También adquirió dos acondicionadores de aire por 29.780 pesos y autorizó 578.390 pesos para “gastos de cortesía y agasajos”. El informe también revela que Redrado contrató en abril del año pasado al comisario Alberto Capuchetti, ex superintendente de seguridad metropolitana, con una remuneración de 14 mil pesos mensuales brutos “por asesorarlo en materias no especificadas”. Este comisario pasó a retiro luego de haber comandado el operativo represivo en la recuperada fábrica Brukman.

Redrado autorizó el pago 9400 pesos para contratar un taller de yoga, desembolsó 150 mil pesos en pago de funciones de teatro de títeres, 40 mil pesos por un taller de actuación de Daniel Miglioranza, 8640 por un taller de fotografía y 6500 pesos por uno de tango. Redrado gastó, además, 106 mil pesos en un automóvil Passat Azul y otros 98 mil pesos en blindarlo. El 5 de febrero del año pasado pagó 109.854 pesos por refrigerios para personal policial y operadores de scanners de Gendarmería, y contrató la adquisición de chalecos antibalas por 19 mil pesos.

En su presentación, Barcesat pidió que se oficie al BCRA, que se remitan las constancias de dichos gastos y se recabe en la Auditoría General de la Nación si auditó lo gastos de Redrado, así como su declaración jurada ante la AFIP. Finalmente, el abogado pidió se cite a testimonial a los directores del Central que rubricaron el informe divulgado por este diario. En cualquier caso, antes de que estas medidas se pongan en marcha, es necesario que obre el requerimiento de la fiscalía.

Todo comenzó cuando el directorio del Central, con la obvia excepción del propio ex Golden Boy, se interesó por el nivel de vida de Redrado, empezando por su casa de Belgrano, que estaría tasada en varios millones de dólares. Los datos que ahora se convierten en materia judicial surgieron de los informes trimestrales de contrataciones adjudicadas por el funcionario sin participación del directorio. El total de gastos sólo del primer semestre del año pasado asciende a 154,6 millones de pesos.