A los 57 años falleció el periodista y escritor Eduardo Kimel. Kimel fue el impulsor de la eliminación de los delitos de calumnias e injurias en casos de interés público. A raíz de su investigación sobre el asesinato de tres sacerdotes palotinos y dos seminaristas en 1976 durante la dictadura, que publicó como La masacre de San Patricio, se le inició un juicio y lo condenaron por calumnias a un juez. Su perseverancia detrás de la defensa de la libertad de expresión llevó a que, después de cerca de dos décadas de idas y vueltas judiciales, se revocara el fallo y recientemente se promulgara una ley que despenaliza la figura de calumnias e injurias en casos de interés público.

Tras una vasta carrera periodística, Eduardo Kimel se desempeñó en los últimos años como editor responsable en la agencia alemana DPA. Pero su logro más importante fue consecuencia de su lucha por la libertad de expresión. “Este proceso fue muy largo pero valió la pena. No por una cuestión personal, sino por lo que tiene que ver con la memoria colectiva. En estos años hubo muchos compañeros que me acompañaron”, aseguró Kimel en 2006 cuando presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al año siguiente, la CIDH falló a su favor y en noviembre del año pasado el Congreso sancionó la ley que despenaliza las calumnias e injurias en casos de interés público. Habían pasado ya largos años desde la publicación de su libro La masacre de San Patricio que le valió una denuncia por calumnias e injurias de parte del juez Guillermo Rivarola y finalizó en 1995 con una sentencia de un año de prisión en suspenso y el pago de veinte mil pesos (la misma cantidad en dólares en tiempos de la convertibilidad).

El libro se publicó en 1989 y contenía una investigación en la que Kimel recogió más de cincuenta testimonios de fuente directa y relataba el asesinato de tres sacerdotes –Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau– y dos seminaristas –Salvador Barbeito y Emilio Barleti– de la orden palotina el 4 de julio de 1976 por una patota militar en plena dictadura. Allí detallaba la investigación de la causa por parte de la justicia que encabezaba el juez Rivarola y que nunca llegó a echar luz sobre los hechos. En su investigación –que más tarde se hizo película también– el periodista se pregunta: “¿Se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios?” y asegura que “la actuación de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente, cuando no cómplice del régimen dictatorial”. Además Kimel destaca que “en el caso de los palotinos... una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta” y concluye: “La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto”.

En 1991 Rivarola inició la causa contra Kimel por calumnias e injurias y en 1995 la Justicia condenó al escritor, pero al año siguiente la Cámara de Apelaciones anuló el fallo y lo absolvió. Sin embargo, fue la Corte Suprema (la de la mayoría automática en tiempos del menemismo) en 1998 quien aceptó un nuevo recurso del juez, revocó el fallo, lo giró a la Cámara y condenaron nuevamente a Kimel. A fines del 2000, el CELS y el Centro de por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) demandaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por “violar el derecho a expresarse libremente y utilizar ‘los delitos contra el honor’ para criminalizar la labor de la prensa. En 2006 la Comisión decidió presentar el caso ante la CIDH en 2006 luego de que las sugerencias que había realizado al Estado no fueron escuchadas y en 2008 emitió el fallo a favor del periodista.

Luego de una larga enfermedad, Eduardo Kimel falleció el miércoles por la noche y fue enterrado ayer. La secretaría de Derechos Humanos de la Nación difundió un comunicado en el que destacó que “la lucha judicial de Kimel por hacer efectivo el derecho a la información fue decisiva para que durante el año 2009 se convirtiera en ley la eliminación de los delitos de calumnias e injurias, en casos de interés público”.