Los diputados kirchneristas buscarán cerrarle el paso a la embestida opositora para declarar “nulo de nulidad absoluta” el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 298 que destina 4382 millones de dólares de las reservas del Banco Central para cancelar vencimientos de deuda. El bloque K presentará hoy una impugnación administrativa ante el presidente de la Cámara, Eduardo Fellner, y el titular de la Comisión de Presupuesto, Gustavo Marconato. Los ejes de la argumentación oficialista serán que la oposición habría incurrido en “violaciones al reglamento” interno del cuerpo y que jurídicamente una “resolución no deroga el DNU que tiene fuerza de ley”. El conglomerado opositor buscaría dirimir la interpretación reglamentaria en el recinto de la Cámara baja donde tiene mayoría, mientras que el oficialismo acudiría al recurso judicial si la oposición insiste en su postura. De ser así, otra disputa parlamentaria terminaría resolviéndose en los tribunales.

En varios despachos del tercer piso del Palacio Legislativo, donde tiene su reducto la mesa chica del bloque K, trabajaban ayer en pulir los detalles de la presentación administrativa que hoy les entregarán a Fellner y Marconato. “Vamos a agotar primero todos los recursos administrativos”, sostuvo el jefe de la bancada oficialista, Agustín Ro-ssi, para dar a entender que recurrirían a la Justicia como “última instancia”. En tanto, la bonaerense María Teresa García redactaba el texto de la impugnación.

Entre los planteos reglamentarios, el oficialismo afirma que el despacho opositor “no es un dictamen” y que “no puede encuadrarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 108 del Reglamento Interno”. Aseguran que el dictamen debería haber surgido del plenario de las tres comisiones a las que fue girada la iniciativa, pero que fue tratado por separado: primero en Presupuesto y luego en una reunión conjunta de Finanzas y Asuntos Constitucionales.

El oficialismo apela al antecedente generado durante el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde la oposición logró ampliar la discusión a la Comisión de Libertad de Expresión (que en principio abarcó las de Comunicación y Presupuesto) y que el dictamen que llegó al recinto debió conseguir en el plenario conjunto “la mayoría de los integrantes de las tres comisiones”. “Yo rezaba todas las noches para que la diputada Silvana Giúdici (la legisladora radical que preside Libertad de Expresión) se sentara en el plenario para que habilitara el debate”, se sinceró la kirchnerista Patricia Fadel cuando recurrió al mismo ejemplo para impugnar el dictamen opositor contra el DNU 298.

La impugnación también argumenta que la citación de la reunión conjunta de Finanzas y Asuntos Constitucionales tenía como temario el tratamiento de “nueve proyectos diferentes” sobre la nulidad del DNU 298 y no de “un supuesto dictamen” surgido de Presupuesto. Incluso, que “no se habrían conseguido las firmas de la mitad más uno de los integrantes de tres comisiones”, donde la oposición tienen mayoría en todas.

Los K sostienen que la oposición reunió 19 de las 25 firmas necesarias en Presupuesto e impugnan también las dos firmas que supuestamente se habrían agregado tras la reunión de la comisión. Allí faltaron las rúbricas de los opositores Francisco de Narváez y César Albrisi (peronistas disidentes), Atilio Benedetti (UCR) y Alicia Ciciliani (PS). En Asuntos Constitucionales, la oposición reunió 17 firmas, una menos de las 18 para obtener mayoría: la diputada Liliana Parada, de Proyecto Sur, no firmó el dictamen opositor. La única comisión donde –según el oficialismo– los opositores tendrían las firmas suficientes sería la de Finanzas.

Tampoco faltarán en la impugnación los argumentos jurídicos. “Una resolución de la Cámara no tiene la aptitud legal de derogar un DNU y menos aún de declarar su nulidad absoluta e insanable. Una resolución de la Cámara en modo alguno puede enervar la presunción de legalidad y constitucionalidad de un DNU”, dice uno de los párrafos del texto. También se cita el fallo de la Corte Suprema en la causa de 2005 contra el represor Julián Simón (“El Turco Julián”) y las referencias vertidas a la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Allí, “varios” de los cortesanos –dice la impugnación– “reiteraron la atribución del Poder Judicial de la declaración de nulidad de las leyes. Es decir, no es competencia del Congreso”.

La impugnación oficialista llegará hoy a los despachos de Fellner y Marconato. En tanto, desde la oposición ratifican “la legalidad” de todo lo actuado. Y no dudan en que, independientemente de las decisiones que adopte Fellner, “debe ser el pleno de la Cámara el que dirima la interpretación parlamentaria”, confiados en reunir la mayoría para rechazar la impugnación y declarar nulo el DNU 298. Si los pasos parlamentarios siguen ese camino, el kirchnerismo recurrirá a la Justicia.