La Cámara Federal de Mendoza confirmó ayer un fallo en primera instancia de una jueza de esa provincia y ratificó la suspensión de la aplicación de la Ley de Medios de Servicios de Comunicación Audiovisual. En febrero, el Gobierno había apelado la medida, pero la Cámara entendió que “aparecen vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional”. Así, mientras dure esta medida, vuelve a regir la 22.285 de 1980 y el Comfer como autoridad de aplicación. “Es increíble –opinó Gabriel Mariotto, presidente de la Autoridad Federal de Aplicación de la norma–, se suspende una ley democrática por un supuesto ‘vicio parlamentario’, y vuelve a regir una ley de la dictadura.” El Gobierno confirmó que apelará y el caso llegará a la Corte, que deberá resolver la cuestión de fondo.

El fallo lleva la firma de los camaristas Otilio Roque Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Demetrio Petra. Los magistrados entendieron que se violaron los derechos del diputado del PJ disidente Enrique Thomas –autor del amparo– porque el legislador “fue privado de ejercer el derecho de intervención” en el trámite de sanción de la ley. Por eso, el tribunal sostuvo que en el tratamiento “aparecen vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional que aconsejan mantener el estado de suspensión en la aplicación y actos de ejecución” mientras se sustancia la cuestión de fondo.

La Cámara Federal mendocina es la primera que se expide en segunda instancia sobre la ley 26.522. En diciembre último, la jueza Olga Pura de Arrabal dispuso como medida cautelar la suspensión de la norma por interpretar que el Congreso había incurrido en irregularidades reglamentarias.

En diálogo con Página/12, la diputada Patricia Bullrich celebró la medida. “Denunciamos en su momento que la ley había sido tratada de manera irregular y en eso se basó la intervención de Thomas. Lo que hay que hacer ahora es dejar de aplicar la ley”, expresó la legisladora de la Coalición Cívica. La titular de la Comisión de Libertad de Expresión, Silvana Giúdici, se mostró de acuerdo y recordó por su parte que el gobierno nacional “cometió irregularidades y desobediencias al fallo de primera instancia porque siguió dictando medidas desde la Autoridad Federal de Aplicación (Afsca)”.

Gabriel Mariotto, titular de la Afsca ahora suspendida, expresó su desacuerdo con el fallo. “Cuando la ley se empezó a discutir, la oposición lanzó todo tipo de descalificaciones: que era la ley de (Hugo) Chávez, que era la ley de las telefónicas, que íbamos a revisar las licencias cada dos años, que ‘ese Congreso’ no lo podía tratar... Finalmente, llegó al Parlamento y logró una gran adhesión. La democracia votó una norma, y ahora quieren armar una instancia judicial para frenarla.” El funcionario señaló “la paradoja de cuestionar un supuesto vicio parlamentario para suspender la ley de la democracia y pretender entonces aplicar la ley de la dictadura” y recordó que mientras dure la suspensión vuelve a regir la norma de radiodifusión de 1980.

Ahora, el Gobierno apelará y llevará el caso a la Corte Suprema. Los funcionarios consultados argumentan que ya en 1994 el máximo tribunal había sentado precedente sobre la materia, estableciendo que las cuestiones de interpretación de los reglamentos de las Cámaras sólo le competen al Congreso. La Corte –apuestan– también debería fallar a favor del Gobierno sobre la cuestión de fondo. “La ley en sí es sólida. Es lo más avanzado en la materia que hay en el continente y un gran avance respecto de lo que había”, aseguraron, y recordaron que la 26.522 cuenta con el respaldo de organismos internacionales como la ONU (ver recuadro).

La ratificación de la suspensión de la ley es el revés judicial más fuerte recibido por la norma hasta ahora. Sin embargo, un funcionario que sigue de cerca la batalla judicial eligió mirar el camino con optimismo. “Hasta ahora veníamos de Cámara en Cámara, apelando cada fallo. Ahora que vamos a la Corte, tendremos una sentencia firme y final”, expresó.

Informe: Federico Poore.