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A pesar de que la disputa principal todavía pasa por el rechazo o la aprobación del DNU 298 para pagar deuda pública con reservas del Banco Central y el reparto de la coparticipación del impuesto al cheque, desde la oposición y el oficialismo preparan sus propias agendas parlamentarias para recuperar la iniciativa política en el Congreso. Después de varios traspiés y frustraciones, el conglomerado opositor quiere avanzar con las propuestas que unifican al amplio abanico legislativo y que apuntan a “limitar” los poderes del Gobierno. La lista incluye un extenso temario pero pocos acuerdos sellados: la modificación a la ley 26122, que establece el control parlamentario sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia, sería la cabecera de playa opositora, a la que seguirían la reestructuración en la integración del Consejo de la Magistratura y la autonomía del Indec. El kirchnerismo, en tanto, respaldaría la reforma a la ley de entidades financieras de la dictadura y la idea de llevar al recinto la disputa por el matrimonio gay, mientras espera el guiño de la Casa Rosada para avanzar con una nueva ley de coparticipación y la despenalización del aborto.

Tras el receso de Semana Santa, la agenda legislativa depara una semana ajetreada para diputados y senadores. Mientras las principales espadas parlamentarias del oficialismo y la oposición dirimirán si el debate por la vigencia del DNU 298 y la coparticipación total del impuesto al cheque llegará o no a los recintos de ambas cámaras esta semana, las segundas líneas se meterán de lleno en la tarea de las comisiones para promover los otros proyectos que marcarán la discusión futura en el Congreso.

El miércoles por la mañana, antes de la posible sesión ordinaria en Diputados, la oposición buscará avanzar en la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos, en la elaboración de un dictamen que unifique a la docena de iniciativas para modificar la ley de régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.

El proyecto presentado por el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, junto a varios correligionarios, parece resumir las aspiraciones de la mayoría de los bloques opositores. La comisión Bicameral que se encarga del control legislativo pasaría de 16 a 24 legisladores (mitad senadores y mitad diputados), lo que abriría la puerta a las distintas bancadas que reclaman un asiento en la misma; además de precisar en tiempos y procedimientos la tarea de la comisión.

Entre ellos, que el decreto debe ser ratificado por las dos cámaras del Congreso y no solo por una de ellas como hasta ahora, o que si en 60 días el Congreso no lo ha ratificado, el DNU dejaría de tener vigencia. Incluso, como reclamaba Elisa Carrió, los DNU podrían ser declarados “nulos de nulidad absoluta” si no cumple con los requisitos de “necesidad” y “urgencia”, que los legisladores interpretarían a través del texto de la nueva ley. Pero la iniciativa todavía circula por los despacho de los diputados opositores con un borrador al que se suman sugerencias.

Una tarea más difícil promete ser la de unificar criterios entre otra docena de proyectos para modificar el Consejo de la Magistratura, que abarcan a todo el espacio opositor, incluso con diferencias hacia adentro de algunas de sus propias bancadas. El martes, los diputados que integran el plenario de las comisiones de Justicia, de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos escucharán a siete representantes de distintos colegios y asociaciones de abogados, y el jueves recibirán al ministro de Justicia, Julio Alak. Tras el cierre de la lista de invitados, los diputados opositores comenzarán el debate hacia adentro. Es que la modificación del número de integrantes del Consejo de la Magistratura, que busca quitarle mayoría al oficialismo, tiene más adhesiones que el debate sobre quienes ocuparán esos lugares. El oficialismo insiste en que esos lugares no deben asignarse a la “familia judicial”. Quiere que se repartan entre los representantes ciudadanos elegidos por voto directo que deben renovar sus cargos cada cuatro años, y no a los abogados que son designados por las propias corporaciones a las que representan, o a los jueces que no son sometidos a la voluntad popular y no tienen límites temporales para ejercer su función. Estos cuestionamientos también aparecen en algunas iniciativas propuestas desde el centroizquierda, como la de Proyecto Sur.

Algo parecido sucede con el Indec, donde todos coinciden en que el organismo “debe volver a elaborar estadísticas confiables”, pero ya existen 33 propuestas diferentes sobre cómo llevarlo adelante.

Agenda K

El kirchnerismo tendrá doble tarea: presentar batalla a los proyectos opositores y avanzar con su agenda propia. Por ahora, daría rienda suelta al proyecto en el que trabaja el banquero cooperativista Carlos Heller para modificar la ley de entidades financieras instalada durante la dictadura. Desde el oficialismo consideran que la iniciativa surgida desde uno de los bloques más cercanos –el de Nuevo Encuentro Popular y Solidario, que preside Martín Sabbatella– reacomodaría políticamente el actual panorama parlamentario: lo acercaría a los bloques más progresistas y dejaría en la otra vereda a los más conservadores.

Una apuesta más difícil para el oficialismo es impulsar que la Comisión de Familia emita el dictamen para llevar al recinto el debate sobre el matrimonio gay. La comisión que preside la peronista disidente Claudia Rucci dilató el debate, que podría darse por concluido en la reunión de este martes por la tarde, donde hay consenso para redactar el dictamen que llegará al recinto de la Cámara baja. Rucci, que no avala la iniciativa, denunció “amenazas” aparecidas en la web por su postura contraria a la ley. El kirchnerismo, como el resto de los bloques opositores, no tiene un criterio unificado sobre el tema. Entre los diputados K, la mayoría se inclina por la “unión civil” y no por el matrimonio homosexual. Sería uno de los proyectos que dividirían transversalmente a todo el espectro parlamentario. Lo mismo sucedería con la despenalización del aborto. El proyecto que habilita la irrupción del embarazo en las primeras doce semanas de gestación y establece normas más claras para casos de violaciones, la situación de menores, la participación de la salud pública y hasta la objeción de conciencia de los médicos, lleva la firma de diputadas y diputados del Frente para la Victoria, el socialismo, Nuevo Encuentro, el interbloque que encabeza Proyecto Sur, la Coalición Cívica, GEN, radicales y peronistas disidentes. Sólo se automarginaron los legisladores macristas y de otros bloques menores o unipersonales. El kirchnerismo todavía espera una señal de la Casa Rosada para apuntalar la iniciativa que provoca ebullición dentro de todas las bancadas partidarias.

Más relegada aparece la posibilidad de rediscutir la coparticipación federal, anunciada por el presidente del PJ, Néstor Kirchner, en el Chaco. El propio ex presidente había promovido durante su mandato la posibilidad de acordar la redistribución de los ingresos federales, pero las diferencias entre las provincias hicieron fracasar el intento. Mientras tanto, la tropa legislativa del oficialismo aguarda si el Gobierno decide avanzar en un acuerdo con los gobernadores o que el debate debe pasar por el Congreso.