A la denuncia de los organismos defensores de los derechos humanos de Mendoza se sumó esta semana el gobierno provincial, que también solicitó al Consejo de la Magistratura la destitución de los camaristas federales Otilio Romano y Luis Francisco Miret, por la comisión de delitos penales durante la última dictadura militar en casos de crímenes de lesa humanidad. Según la presentación del ministro de Gobierno, Justicia y Derechos humanos, Mario Adaro, ambos omitieron en forma sistemática salvaguardar la integridad de las personas detenidas a su disposición y no promovieron como debían la investigación de los delitos que esos prisioneros denunciaron contra su integridad y su propiedad. Además, obstaculizaron en forma deliberada y con parcialidad manifiesta las investigaciones dispuestas por otros magistrados.

Uno de los expedientes en que se basa la denuncia es el que corresponde a la causa Mochi. En fuentes de la justicia federal mendocina consultadas para esta nota se teme que el expediente haya desaparecido en el presunto asalto a su casa que denunció Romano. Según dijo, le habían robado documentos y su computadora personal, dato que genera escepticismo porque el supuesto episodio no se habría producido en el departamento en que vive el camarista, sino en la casa que dejó al separarse de su esposa. Los otros dos expedientes en que se basan los pedidos de destitución, Luna y Rabanal, fueron digitalizados. Pero ese proceso no llegó a realizarse con Mochi, expediente que fue retirado en dos ocasiones por Romano. Si la Corte Suprema de Justicia dispusiera la apertura general del archivo de la Cámara Federal mendocina y dispusiera la participación de fiscales para investigar su material, aparecerían otras causas de aquella época en las que se verifica que Romano y Miret no denunciaron las condiciones de detención de personas privadas de su libertad (por ejemplo, entre la detención en la sede de la Inteligencia policial y el traslado a una comisaría hay un período que no está registrado en el legajo del detenido, espacio durante el que se producían las torturas) y se opusieron al contacto de los detenidos con sus abogados. En un juicio contra el ex Comandante del Cuerpo III de Ejército, el fiscal Romano que debía acusarlo alegó que Luciano Menéndez había cumplido órdenes, lo cual fue desmentido en la audiencia por el propio militar, quien se declaró salvador convencido de la patria mediante los crímenes que se le reprochaban.

Al mismo tiempo, el rector de la Universidad Nacional de Cuyo Arturo Somoza anunció su disposición a no renovar el contrato docente a Miret, quien una vez jubilado no tiene derecho a reclamo alguno. El contrato de locación vence en diciembre, anunció. En la misma universidad se realizó un acto en el que la comisión estudiantil de derechos humanos solicitó la expulsión del camarista, por “complicidad con la dictadura”.

Coincide con esta lectura Nora de la Canal, la esposa del economista Eduardo Pablo Setti, quien fuera vicepresidente de Bodegas y Viñedos Giol, durante la intervención federal de Antonio Cafiero en Mendoza, en 1975. “Después del golpe le armaron una causa a Setti para ponerlo preso a Cafiero por la construcción de vasijas vinarias”, dice. El juez de la causa le anticipó que en pocos días recuperaría la libertad porque no había elementos de peso en su contra. Pero el juez fue removido por el gobierno y reemplazado por el defensor oficial, que era Miret. El fiscal era Romano, quien se opuso a la excarcelación. Con Setti detenido, Miret negoció un nuevo ascenso. “Los oficiales del Ejército y de la Fuerza Aérea entraban a su despacho como si estuvieran en su casa. Y al poco tiempo pasó a camarista”, dice De la Canal. Pese a haber intervenido como juez, Miret volvió a tomar la causa como camarista. Los considerandos de la sentencia que firmó un año después apuntan al sobreseimiento de Setti, pero la última foja, que mantiene abierta la investigación, está escrita con otra máquina. La causa prescribió después de catorce años, sin llegar nunca al juicio que hubiera puesto en evidencia todas sus irregularidades. Una vez en Buenos Aires, le llevaron una notificación a un domicilio que Setti no había constituido en el proceso y como no contestó libraron una orden de captura. “El hostigamiento y la persecución eran consentidas por Miret y Romano, que son títeres de los militares. Es increíble que hayan seguido haciendo carrera”, concluye De la Canal.

Inquieto por las repercusiones del caso, el asesor presidencial Juan Carlos Mazzón se comunicó con María Angelica Escayola, viuda del histórico abogado de derechos humanos de Mendoza Alfredo Guevara, cuyo hijo es uno de los denunciantes contra Miret y Romano, para pedirle una vieja foto donde Mazzón aparecería apoyando una solicitud de juicio político contra Miret en los ’80. De ser cierto, constituiría un agravante para su rol actual. Mazzón es el protector político del diputado Enrique Thomas, que presentó el amparo contra la ley de medios, y de la jueza Olga Pura Arrabal, que lo concedió por un presunto defecto formal en la sanción de la Cámara de Diputados. Además intentó una negociación con Romano para frenar el pedido de juicio político si el fallo por la ley de medios favorecía al gobierno. El martes Miret buscará el apoyo de la rama Cuyo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, que preside, durante un encuentro en los Tribunales Federales de Mendoza. La estrategia diseñada por Romano en una declaración para el militante diario La Nación consiste en atribuir las denuncias a presiones oficiales por su intervención en la ley de servicios audiovisuales, lo cual requiere forzar la cronología de los hechos: el pedido de destitución precedió en una semana la llegada de aquel expediente a la Cámara.