Lo negó en privado: les juró a los integrantes de la familia Molfino que era un error, que él no había sido servicio de inteligencia durante la dictadura, que no había tenido nada que ver con la desaparición de Marcela, su novia de la adolescencia, ni con el secuestro de Noemí, la mamá de Marcela, asesinada también por un grupo de tareas. Julio César Marturet, subsecretario de Acción Cooperativa de Misiones, alegó que lo estaban confundiendo con otro y que el Marturet que apareció en los listados recientemente desclasificados de quienes trabajaron como personal de inteligencia del Batallón 601 no era él, aunque su nombre y su número de documento coincidieran con los que se leen en los listados. Pero ayer, finalmente, Marturet presentó la renuncia, y el gobernador Maurice Closs se la aceptó.

La destitución del funcionario era exigida por organismos de derechos humanos y sectores políticos de la provincia desde que la revista Superficie descubrió que Marturet figuraba en la nómina de los espías civiles que entre 1976 y 1983 reportaron al Batallón 601. En los papeles, su función era la de “agente de reunión”, un eufemismo que habitualmente designaba a quienes se infiltraban en universidades y sindicatos para marcar gente. Marturet había pasado la dictadura como estudiante universitario en la ciudad de Resistencia, Chaco, y en el ’82 se había mudado a Misiones, donde recuperada la democracia se vinculó con el radicalismo. Hasta que se desclasificaron los archivos de los servicios de inteligencia del 601, ninguna sospecha lo rozaba.

El jueves, Miguel Molfino, periodista y escritor, quien fue preso político de la dictadura y tiene a una hermana –Marcela– desaparecida y a su madre –Noemí Esther Gianetti de Molfino– asesinada por grupos de tareas, publicó en la contratapa de Página/12 un artículo contando que el Marturet denunciado había sido novio de su hermana y habitué de su casa (“se pasaba el día entre nosotros, como un hermano más”), en Resistencia, durante los ’70.

“Fuimos infiltrados en nuestro propio hogar”, señaló en la contratapa Molfino. Y relató que a la sorpresa de descubrir que había tenido al enemigo en casa, siguió el desconcierto de encontrar que el denunciado seguía en su cargo, sin que la gobernación se decidiera a cesantearlo.

Tras la difusión de la contratapa, la situación se definió. Pocas horas después se anunciaba la renuncia del funcionario. El paso al costado de Marturet fue confirmado ayer por el decreto 433 y publicado en el boletín oficial de la provincia.

Página/12 pudo saber que en las horas previas a la renuncia, todos los ministros de Misiones recibieron en sus casillas de mail la contratapa escrita por Molfino, que les fue reenviada por militantes de la provincia. El gobernador Closs –un radical aliado del kirchnerismo– llamó a su despacho al funcionario y le pidió que dejara el cargo. Los voceros del gobernador aseguraron que cuando Closs le comunicó su decisión, el renunciado no puso objeciones. “No conocemos que haya ninguna imputación judicial, pero el gobernador entendió que se trataba de una situación que Marturet tiene que esclarecer fuera de la función pública”, detalló el consultado.

El gobernador no salió a hacer declaraciones públicas. La encargada de fijar la posición oficial fue la subsecretaria de Derechos Humanos, Amelia Báez: “El que colaboró para desaparecer tiene que dar un paso al costado y que la Justicia le caiga con todo el peso de la ley”, definió.

Los Molfino vivieron años muy duros en la dictadura. De los siete integrantes de la familia, Noemí y sus seis hijos, cuatro sufrieron en forma directa la represión. En 1976 detuvieron a Alejandra, que estaba estudiando ingeniería y tenía militancia gremial en el sindicato docente. Después de un año presa en Devoto, le dieron la opción de salir del país y se exilió en Francia. En febrero de 1979 secuestraron a Miguel, que había pasado por el PRT y se había vuelto muy visible trabajado como periodista para el diario El Mundo; legalizado, de la Brigada de Investigaciones de Chaco lo llevaron a la cárcel.

En octubre de ese mismo año, su hermana Marcela y su pareja, Guillermo Amarilla, los dos militantes de Montoneros que habían regresado al país en el marco de la contraofensiva, fueron secuestrados y de-saparecidos. Marcela estaba embarazada y dio a luz en cautiverio a un varón. En 1980, Noemí, convertida en Madre de Plaza de Mayo, viajó al Perú con la idea de denunciar los secuestros y desapariciones ante el gobierno electo de Belaúnde Terry. Un comando del Batallón 601, que entró al país amparado por el Plan Cóndor, la secuestró. Su cuerpo apareció 60 días más tarde en la habitación 604 del apart hotel Muralta, de Madrid. Por los asesinatos de Noemí, de Marcela Molfino y Guillermo Amarilla no hubo ninguna condena. El hijo de Marcela y Guillermo, que había sido apropiado por un represor, recuperó su identidad el año pasado, luego de presentarse en Abuelas por su propia iniciativa.