La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que investiga a Ernestina Herrera viuda de Noble por la adopción irregular de dos bebés a mediados de 1976, separó ayer del proceso y denunció penalmente a los abogados Jorge Eduardo Anzorreguy y Horacio Marcelo Silva por representar paralelamente a la imputada y a las víctimas, Marcela y Felipe Noble Herrera. Una semana después de recibir la investigación que Conrado Bergesio instruyó durante siete años, la magistrada descubrió que la “incompatibilidad de intereses” no se limitaría a dos abogados: “Toda la asistencia letrada” de la dueña de Clarín y de los niños que adoptó en plena dictadura militar “habría actuado en forma coordinada e indistinta” a lo largo “de todo el expediente”, sugirió. La denuncia por prevaricato recayó paradójicamente en manos de Bergesio, de turno de San Isidro, a quien Arroyo Salgado le sugirió apartarse porque “podría haber incidido en la comisión del delito”.

La Cámara de Casación, a pedido de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, le encomendó a Bergesio el 9 de abril dilucidar a cuál de las partes representaban Anzorreguy y Silva, que presentaron escritos en nombre de una y otros. Luego la Cámara de San Martín apartó al juez por demorar la investigación, que heredó Arroyo Salgado. La jueza corroboró el doble juego de los abogados, solicitó al Colegio Público que evalúe la sanción que les cabe y extendió la sospecha al ejército de letrados de Clarín. Apuntó con citas de fojas “la correlación de formato y tipografía” de escritos presentados por ambas partes, infinidad de “presentaciones en forma concomitante” que “sólo se distinguen por la identidad de los signatarios”, y –en otro aporte a la antología de papelones del micromundo abogadil– la adhesión a un recurso de Roxana Piña, representante de las víctimas, de Carlos Espinosa, defensor de la imputada, en un mismo manuscrito y con idéntica caligrafía.

El próximo paso en la causa corresponde a Casación: debe admitir o rechazar un recurso extraordinario de Alejandro Carrió (en teoría representa a las víctimas) para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la legalidad del escrito en el que los jóvenes Noble Herrera apelaron –sin sus firmas– la decisión de cruzar sus ADN con las muestras de familiares de desaparecidos obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Si Casación lo rechaza, una vez más quedará firme la orden judicial que permitiría conocer la identidad de Marcela y Felipe, posibles “víctimas de la represión ilegal” según admitió la imputada en la carta abierta que en 2003 publicó en su propio diario.