Desde La Paz

La Operación Harrington transcurrió en esa calle de Sopocachi, un barrio de La Paz, el 15 de enero de 1981. En esa ocasión, un grupo de paramilitares concurrió a la casa de seguridad que allí tenía el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y asesinó a ocho de sus dirigentes por orden del entonces dictador Luis García Meza. El capitán Freddy Quiroga Reque, jefe del servicio de inteligencia de ese gobierno militar, coordinó la matanza, según la Justicia boliviana. El miércoles pasado fue atrapado en un lujoso barrio de la zona sur, luego de que estuviera casi dos décadas prófugo en Argentina. Desde entonces cohabita en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro junto a García Meza y Luis Arce Gómez, sus jefes en esa dictadura.

Quiroga Reque había sido condenado a treinta años de prisión sin derecho a indulto en 1995 por la Corte Suprema de Justicia. Pero desde principios de los ’90 no se sabía dónde estaba escondido. El capitán retirado, graduado de la Escuela de las Américas, había servido a la dictadura como jefe del Servicio Especial de Seguridad (SES), en cuyo rango se ocupaba de ejecutar órdenes y a personas, según los jueces.

Fue atrapado por los uniformados en el barrio Irpavi, adonde lo siguieron desde que entró clandestino a Bolivia, hace días. Con 70 años, boina y pasos cortos, daba la apariencia de un anciano inofensivo. Esa impresión se acentuó con sus declaraciones, según las cuales nunca causó daño a nadie. Los policías que lo custodiaban parecía que más bien lo sostenían para que no cayera.

En el juzgado paceño, el ex capitán rechazó ofendido la acusación. “Eso es completamente falso, falso. No he estado en el ataque de la casa de la Harrington. No fui el que hizo formar al personal, no estaba, nunca repartí armamento ni la munición”, aseguró.

“Yo no sé de qué sentencia me habla. Yo no cometí ningún delito, en todos los años de mi vida no he cometido ningún delito”, sostuvo cuando le informaron que ya está condenado desde 1995.

Sin embargo, Quiroga Reque ofreció datos que podrían contribuir a resolver asesinatos de los militares, o solamente pasó la pelota para alargar el misterio. “Yo era responsable del SES. Quienes sabían de este asunto eran los de la Sección Segunda del Ejército”, dijo el ex capitán al juez José Ayaviri Siles, quien le leyó la sentencia.

Según Quiroga Reque, la matanza fue ordenada por el entonces coronel Luis Arce Gómez, quien fuera ministro de Gobierno (Interior) de García Meza. Arce Gómez, popularmente conocido como “el ministro de la cocaína”, volvió a Bolivia el año pasado, luego de que estuviera los últimos veinte años preso en Estados Unidos condenado por narcotráfico. Fue a la cárcel de Chonchocoro, donde permanecerá lo que le resta de vida por los crímenes de la dictadura vigente entre 1980 y 1981.

Quiroga Reque dijo al juez que los ocho asesinatos fueron ejecutados por un coronel de apellido Unzueta desde la plaza Avaroa, de Sopocachi.

El juez Ayaviri le preguntó dónde está el político, periodista y escritor Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien fuera diputado del Partido Socialista 1 (PS 1) y asesinado por paramilitares en 1980, durante el asalto a la sede de la Central Obrera Boliviana (COB). Allí también fue acribillado y desaparecido Juan Carlos Flores Bedregal, diputado del Partido Obrero Revolucionario (POR).

“Ignoro. No es de mi conocimiento, ni por casualidad sé quién disparó al doctor Marcelo Quiroga Santa Cruz”, respondió Quiroga Reque.

El juez constató que este ex capitán es el mismo condenado por los asesinatos de Jorge Baldivieso, Gonzalo Barrón, Artemio Camargo, Arcil Menacho, José Luis Suárez, Ricardo Navarro, José Reyes y Ramiro Velasco, del MIR. “El imputado Freddy Quiroga Reque debe cumplir una condena de treinta años de reclusión, sin derecho a indulto, en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, a partir de la fecha de acuerdo con lo dispuesto por la sentencia que pesa en su contra”, leyó Ayaviri.

Mientras tanto, los familiares de los desaparecidos exigen a las Fuerzas Armadas la desclasificación de los archivos de las dictaduras. Olga Flores Bedregal, hermana de Juan Carlos, dijo a este diario que días atrás “la Corte Suprema emitió el Auto Supremo número 125, en ejercicio de la función que le otorga los artículos 21 y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), y de acuerdo con el requerimiento fiscal ordenó al Comandante de las Fuerzas Armadas a proceder a la desclasificación de los archivos”.