El empresario farmacéutico Gabriel Brito se proclamó inocente y negó integrar una asociación ilícita dedicada a comercializar medicamentos robados, vencidos y adulterados y a desviar fondos públicos destinados al tratamiento de enfermedades graves. El juez Norberto Oyarbide sospecha que como auditor de remedios integraba la trama de los medicamentos truchos y les imputa extorsiones a otros imputados. Brito fue indagado ayer durante más de diez horas, en las que demostró conocer al dedillo las maniobras, aunque sus abogados dicen que es apenas un comienzo de todo lo que tiene para contar. Por empezar, señaló a Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, como un líder de la organización que se investiga, mencionó sus negocios con el dirigente bancario Juan José Zanola y, entre los datos más novedosos, le apuntó a un ex funcionario cuyo nombre hasta ahora sólo sobrevolaba la causa sin figurar demasiado en los papeles: el de Néstor Vázquez, ex gerente general de la Superintendencia de Salud, a quien relacionó con la estructura de reintegros irregulares a las obras sociales. Del ex superintendente Héctor Capaccioli dijo que hablaría el lunes, cuando siga declarando.

La detención e indagatoria de Brito está vinculada con las líneas de investigación que le señaló al juez la Sala II de la Cámara Federal en su último fallo. Allí confirmó los procesamientos con prisión preventiva de Zanola, su mujer Paula Aballay y Lorenzo, pero también le dijo que debía definir la cadena de maniobras, así como el origen y destino de los fondos. En ese contexto le indicó citar como sospechoso a Capaccioli e investigar al director de Lotería Nacional, Hernán Diez, y al ex legislador porteño Sebastián Gramajo, ligados a la recaudación de la campaña oficial de 2007. Eso explica en parte por qué Brito, cuando estaban por empezar las preguntas, entregó una copia de la querella que les inició a los tres, igual que a Lorenzo y al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández por lavado de dinero al haberlo incluido a él en la lista de aportantes al Frente para la Victoria (FpV) en la campaña de 2007.

En ese escrito Brito dice que los cheques de su empresa –Global Pharmacy– que aparecen en la lista de aportes se los había prestado a Lorenzo, quien –según su versión– los entregó para el financiamiento del FpV. Eran cuatro cheques por 310 mil pesos en total y hubo uno rechazado, luego endosado por San Javier. Según Brito, Lorenzo cambiaba los cheques en la financiera Vernet (que le atribuye al propio Lorenzo), y que terminó pidiéndole a él la quiebra. El expediente sobre la mafia de los medicamentos está lleno de denuncias cruzadas. De hecho, la imputación por extorsión contra Brito parte de una filmación que estaría en la causa, en la que se supone que les pide dinero a directivos de Vernet bajo amenaza de difamarlos por los medios y denunciarlos. También, dicen los investigadores, hay escuchas con advertencias similares a Lorenzo. Ayer, el empresario le dijo al juez que él simplemente les pedía un resarcimiento económico, entre otras cosas por haberlo mandado a la quiebra, y que en realidad era la cooperativa de crédito la que lo extorsionaba a él diciéndole que “había un video que lo involucraba”. Sus defensores sostienen que “era para evitar que deschave todo lo que sabe”.

La cuestión de la “extorsión” abarcó varias horas y recién cerca de la hora del té el auditor farmacéutico empezó a hablar de la organización que vendía medicamentos truchos, vencidos y robados de programas nacionales de distribución gratuita, y que tenía como otra especialidad la falsificación de troqueles utilizados por las obras sociales –en especial La Bancaria– para armar historias clínicas falsas y reclamar reintegros millonarios por tratamientos inexistentes a la Administración de Programas Especiales (APE). Brito señaló a Lorenzo como un hombre clave y admitió que en algún momento fue su “gestor de negocios”, en especial con el PAMI, “pero no de negociados”, dijo. A la droguería de Lorenzo, de hecho, le hacía auditorías. También mencionó a Fernando Loiácono (del laboratorio Biodrugs), hijo del ex jefe del Programa de Control del Cáncer del Ministerio de Salud, quienes estuvieron detenidos. Habló de la relación de Zanola con Lorenzo, quienes –entre otras cosas– negociaban el cobro de subsidios por tratamientos inexistentes y en ciertos casos con facturas duplicadas. En este punto, el nombre de Néstor Vázquez –quien además estaría vinculado como socio a droguerías– podría dar la pista sobre un nexo con la Superintendencia de Salud y el dinero del APE.

La cuestión de la vinculación de las droguerías con la campaña quedó para la próxima. A la noche, Brito comenzó a dibujar un croquis de la organización de la mafia de los medicamentos y puso a la cabeza al asesinado Sebastián Forza, a Martín Magallanes (socio en la droguería Unifarma, también de Ariel Vilán, que se mató) y a Marcelo Abasto. El juez pidió anteayer, como informó este diario, la captura de Abasto –vinculado con droguerías y financieras–, a quien Brito ha señalado como alguien con contactos políticos y en las obras sociales.