La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires adhirió ayer a la declaración de la Cámara de Diputados de la Nación que reafirmó el repudio a los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y manifestó su compromiso de “asegurar el proceso de verdad y justicia como una política de Estado de carácter irrenunciable”. El documento que la Cámara baja aprobó por unanimidad el miércoles 12 de mayo fue presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales en adhesión al Bicentenario de la patria. La declaración que ayer aprobó la Legislatura porteña había sido propuesta por Gabriela Alegre, del kirchnerista Encuentro Popular para la Victoria, y Raúl Fernández, del Encuentro Progresista.

El proyecto elaborado por el CELS, que obtuvo el respaldo de toda la dirigencia política argentina, declaró “política de Estado” a los juicios por crímenes de lesa humanidad que se desarrollan en todo el país. La declaración sostiene que el proceso de verdad y justicia “debe completarse en plazos razonables dentro del más absoluto respeto a las garantías del debido proceso”.

En sus fundamentos rescata el valor del trabajo iniciado por la Conadep y subraya la importancia del Juicio a las Juntas realizado en 1985. También recuerda que tras la larga noche de impunidad posterior a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y a los indultos menemistas, ambas normas fueron declaradas inconstitucionales en 2001 y destaca la aceleración del proceso en 2005, cuando hizo lo propio la Corte Suprema de Justicia y con el aval de los tres poderes del Estado se inauguró una nueva etapa de legitimidad para las instituciones. “Esta política de memoria y justicia, que nos distingue hoy como país en la comunidad internacional, representa una bisagra ética fundamental del Estado de derecho que beneficia a la sociedad argentina en su conjunto”, concluye.

La declaración aprobada ayer sobre tablas por la Legislatura porteña “manifiesta su beneplácito y adhiere a la declaración de la Cámara de Diputados de la Nación que en el marco de la conmemoración del Bicentenario estableció que era menester reafirmar el repudio hacia las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado, y asegurar el proceso de verdad y justicia como una política de Estado irrenunciable”.

Los principales referentes de los partidos que integran Diputados explicaron luego el significado de la declaración. “El proyecto significa la ratificación de la política de derechos humanos llevada adelante por nuestro gobierno”, afirmó Remo Carlotto, del Frente para la Victoria. El ex camarista Ricardo Gil Lavedra, de la Unión Cívica Radical, calificó la declaración como “importantísima”, enfatizó la necesidad de “acelerar los juicios todo lo posible” y confesó su esperanza de que los juicios “se terminen lo más rápido posible para beneficio de las víctimas, de los victimarios y de todos los argentinos”.

Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, consideró que la declaración “se torna relevante en tanto fue votada por unanimidad y compromete al conjunto de las fuerzas políticas de nuestro país”. Federico Pinedo, del PRO, afirmó que “debemos asumir un piso mínimo para que esto no nos vuelva a pasar nunca más”, definió al “acuerdo avalado por todas las fuerzas como base mínima de convivencia” y reclamó que “la Justicia tiene que acelerar y concluir los juicios”. Margarita Stolbizer, de GEN, destacó los juicios como “un elemento central en la reparación de la memoria histórica” y explicó que la declaración como política de Estado “quiere decir consensuada y sostenible a través de los tiempos y por todos los partidos democráticos”.