Organismos de derechos humanos se pronunciaron en contra de un eventual fallo que revoque la decisión de la jueza Andrea Danas, que prohibió el uso de las pistolas eléctricas Taser X26 a la Policía Metropolitana. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo debe resolver la apelación presentada por el gobierno de Mauricio Macri, que insiste en la utilización de los polémicos dispositivos por parte de la fuerza policial porteña. Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones, firmaron un texto que le hicieron llegar a los camaristas apoyando la medida dictada en primera instancia y volvieron a considerar a las Taser como “elementos de tortura”. El dictamen promete ser dividido debido a las diferencias entre los mismos jueces.

Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora y el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) rubricaron un documento destinado a todo el Poder Judicial. El texto también fue ingresado por mesa de entradas a la Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Esteban Centanaro, Mabel Daniele y Horacio Corti. Los tres magistrados deben resolver la apelación del gobierno porteño contra el fallo dictado el 13 de julio pasado por la jueza Danas, que prohibió el uso de las Taser X26 en todo el territorio de la ciudad.

“Nos manifestamos a favor de la prohibición de la pistola eléctrica Taser”, afirmaron las organizaciones en apoyo a Danas. “Esta arma eléctrica no hace más que traernos del pasado la práctica y el recuerdo de la tristemente célebre picana”, aseguraron. También recordaron los informes presentados por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, y por Amnesty Internacional para justificar que las Taser sean consideradas elementos de tortura, además de dispositivos letales, a raíz de las centenares de muertes vinculadas a su uso por parte de las fuerzas policiales de los Estados Unidos. “Los organismos recibimos la sentencia de la jueza con gran satisfacción, porque la prohibición de la utilización de esta nueva picana es una defensa del derecho a la vida”, apuntaron en el escrito. “Estamos convencidos de que ratificar el fallo significaría el pleno respeto a los derechos humanos”, concluyeron en el documento con el que esperan echar por tierra las aspiraciones del oficialismo porteño de sacar a la calle las pistolas eléctricas para combatir contravenciones. Desde el mismo entorno del PRO reconocieron que dotar a la Metropolitana de las Taser fue una iniciativa del ex comisario Jorge “Fino” Palacios, en su paso por la Jefatura de la fuerza.

Las especulaciones sobre la posible decisión de los camaristas se apoyan en el perfil de los tres jueces que integran la Sala. Aunque se mostraron optimistas con respecto a una ratificación de la prohibición, los organismos temen que la vacante a cubrir en el Tribunal Superior de Justicia porteño tenga algún tipo de influencia negativa sobre la decisión final. La fiscal Daniela Ugolini, postulada por el macrismo para ocupar un puesto en el TSJ, declinó su postulación, por lo que la plaza está aún vacante para quienes “hagan buena letra” en fallos a favor del macrismo, señalaron. En el seno mismo de la Cámara subsisten las diferencias entre los magistrados Centenaro y Daniele, que suelen votar de manera inversa. Centenaro supo hacer tándem con la fiscal Ugolini, lo que le valió varias denuncias por mal desempeño, incluso de su colega Daniele en un caso donde hizo lugar al pedido de una asociación de abogados católicos para impedir un matrimonio entre personas del mismo sexo. Corti, por su parte, podría ser el que desequilibre la paridad. Entre sus antecedentes, figura el haber ratificado lo actuado por el juez Roberto Gallardo, que impuso una multa y el bloqueo de sus tarjetas de crédito al ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, por incumplir una orden judicial que lo obligaba a enviar ambulancias a la villa 21-24 de Barracas.

Informe: Gabriel Morini.