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El Gobierno reclamará al juez que suspendió la cláusula de desinversión de la ley de medios audiovisuales que fije un plazo concreto a la cautelar confirmada por la Corte Suprema. “Le vamos a pedir que nos diga cuál es la medida temporal que tendrá esa resolución que nos impide poner en ejecución el artículo 161”, reveló el procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, quien sostuvo que la presentación se hará en los términos sugeridos esta semana por el dictamen del máximo tribunal. “El fallo dice que la medida cautelar no puede ser eterna”, sostuvo.

De esta manera, el Estado intentará limitar la extensión del amparo que el juez porteño Edmundo Carbone le concedió al Grupo Clarín en diciembre pasado, luego de que la Corte evitara expedirse al respecto. Usará como herramienta legal lo sugerido por el tribunal en su fallo del martes.

Da Rocha ratificó que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “está vigente desde el 8 de septiembre de este año cuando se reglamentó, y ahora corre el (plazo de un) año que fija el artículo 161”, es decir, la famosa “cláusula de desinversión” de licencias cuya extensión Clarín y otros grupos de medios calificaron de insuficiente. En ese sentido, el jefe de los abogados del Estado detalló que las empresas de medios “ya tuvieron un año para pensar el tema y tienen un año más, ya que el plazo vence el 8 de septiembre de 2011”.

Sobre la situación del Grupo Clarín, el único multimedio que quedó exento de la obligación de desprenderse de las licencias excedentes, Da Rocha subrayó que “el fallo dice que la medida cautelar (a su favor) no puede ser eterna, que tiene que fijar un plazo”. El dictamen –recordó– “pone límites temporales a los jueces y las medidas temporales” y es esta cuestión “lo que vamos a pedirle al juez”. Da Rocha sostuvo que el fallo “más que sorprenderme me entristeció, porque la Corte pudo haber tomado el toro por las astas y decidir cuestiones de fondo”.

En su fallo del martes pasado, la Corte Suprema evitó pronunciarse sobre el amparo concedido a Clarín aunque consideró “conveniente la fijación de un límite razonable para la vigencia de la medida cautelar”. En uno de sus tramos, el dictamen sostenía que si el magistrado no lo hiciera de oficio, la parte (el Estado) podrá pedir “la solicitud de la fijación de un plazo”. Esto es lo que el Estado anunció ayer que hará. Fuentes de la Procuración del Tesoro explicaron a este diario que lo primero que debe hacer el Estado es esperar a que el juez acuse recibo del reto de la Corte y establezca, por motu proprio, un plazo concreto al amparo concedido. Esto puede durar algunas semanas. “Si se mostrara reticente, el Estado podrá enviar un pronto despacho para que se apuren”, ilustró la fuente. A partir de allí, el itinerario judicial seguirá los pasos clásicos. Si el Gobierno no llega a estar de acuerdo con el plazo propuesto en la primera instancia, podrá llevarlo a la Cámara porteña. Si sigue sin acordar, podrá apelarlo nuevamente ante la Corte. En la Procuración del Tesoro estiman que un año es un plazo más que razonable para resolver la disputa y recuerdan que, como el amparo ya lleva casi doce meses, habría un total de dos años para expedirse acerca de la cuestión de fondo.